El regreso de las petroleras

Halina Gutiérrez Mariscal / elpresentedelpasado.com

No hizo falta ni un siglo para que las compañías extranjeras consiguieran recuperar el control del petróleo mexicano que les fue quitado en 1938. Ahora, con la nueva legislación mexicana sobre hidrocarburos —riqueza estratégica hasta hace poco nacional—, dichas empresas podrán cobrarse con creces un siglo de suspensión de sus actividades en nuestro país. ¿Cómo empezó esta historia entre petroleras extranjeras y el gobierno mexicano? Tal vez trayendo algunos hechos a la memoria, la indignación que parece no despertar —adormilada quizá por los festejos navideños— despierte.

El 4 de julio de 1892, Porfirio Díaz cedió a favor de particulares extranjeros la riqueza del subsuelo nacional cuando decretó que “combustibles minerales, aceites y aguas minerales” podrían ser explotados sin necesidad de concesión especial alguna por los propietarios de cualquier terreno. Esto venía a cambiar las leyes anteriores, coloniales, que señalaban a la nación como dueña de todo producto o riqueza del subsuelo.

El 24 de diciembre de 1901, Díaz expide la primera ley del petróleo, que pone en manos del ejecutivo el concesionar a particulares la explotación de dicho recursos, con privilegios fiscales y sin restricciones de ningún tipo, otorgando además la venta de los terrenos a explotar, a precio de terrenos baldíos. Quizá sea en ese momento que podemos ubicar el inicio de esta relación amorosísima entre las petroleras extranjeras y los gobiernos mexicanos ambiciosos y traidores. Ahora sabemos que muchos de los funcionarios del gobierno de Díaz eran socios en bancos, empresas de transporte, seguros y minas de las empresas foráneas. No cuesta mucho trabajo imaginarnos los capitales de nuestra actual clase política metidos hasta el fondo en las empresas ya listas para comenzar a apropiarse de la riqueza petrolera nacional.

En 1912, el presidente Francisco I. Madero incluye en la ley del Timbre un gravamen de veinte centavos por tonelada de petróleo. Las empresas extranjeras, furiosas por este gravamen que equivalía a tres centavos por barril, califican al impuesto como “confiscatorio”, incluso si en Estados Unidos el impuesto por barril era mayor. Ante esta reacción, el presidente Madero ordena el registro y declaración de las propiedades y producción de dichas empresas, datos que no se conocían. Las relación entre el gobierno mexicano de Madero y las petroleras extranjeras se vuelve tan tensa que éstas últimas incluso presionan al gobierno estadounidense para que intervenga militarmente. Esto no ocurre; pero a la caída de Madero, la prensa estadounidense celebra el fin de la anarquía y el ascenso de Victoriano Huerta al poder.

Venustiano Carranza incluye en las adiciones al plan de Guadalupe, en diciembre de 1914, el señalamiento de que, una vez que triunfara el ejército constitucionalista, se revisarían las leyes sobre explotación de minas y petróleo. Esta declaración deja ver que los gobiernos revolucionarios y nacionalistas considerarían vital mantener la autonomía política y administrativa del estado, sometiendo a las empresas a la voluntad de éste y no al revés.

En enero de 1915, el gobierno de Carranza decreta la suspensión en la ejecución de nuevas obras petroleras y la obtención de un permiso para continuar, y en marzo de ese mismo año crea la Comisión Técnica de Petróleo para orientar las decisiones del país en ese rubro. La orientación de esta comisión se hizo evidente porque fue una de las primeras voces en señalar la necesidad de que la riqueza del subsuelo fuera restituida a la nación. Cabe subrayar que estos esfuerzos del gobierno carrancista por regular la industria petrolera, exigir el pago de impuestos por su explotación y pedir información sobre los bienes y acciones de las empresas instaladas en suelo nacional, acciones absolutamente justificadas, provocaron la ira de las empresas implicadas.

La constitución de 1917, en su texto original, devolvió a la nación el dominio y propiedad de los bienes del subsuelo (artículo 27). Se daba la facultad al ejecutivo de revisar y, de ser necesario, declarar nulos los derechos de particulares en interés del bien público. Las empresas implicadas recurrieron a todo tipo de medios para no perder los derechos sobre el subsuelo, desde comprar a la prensa y pagar el favor de funcionarios, hasta incitar presiones diplomáticas y promover medidas jurídicas que las ampararan de los decretos constitucionales.

Los tratados de Bucareli de 1923, después de cinco meses de negociación entre Estados Unidos y México, implicaron que el artículo 27 de la constitución no tendría carácter retroactivo, pero que, para conservar sus derechos sobre el subsuelo, las compañías que hubiese adquirido terrenos antes de 1917 estaban obligadas a cambiar sus títulos de propiedad por los de “concesiones confirmatorias” y probar haber efectuado “actos positivos” (es decir, haber perforado pozos) para poder conservar sus derechos.

Plutarco Elías Calles creó, una vez en el poder, una comisión para elaborar un proyecto de ley en torno al asunto petrolero. Una de las cosas que dicha ley incluía era que la concesiones que se dieran a las empresas con propiedades perforadas antes de 1917 tendrían sólo una vigencia de cincuenta años. Además, obligaba a las empresas extranjeras a renunciar a la protección de sus gobiernos en caso de cualquier controversia por sus bienes en territorio nacional. Esta ley fue publicada el 31 de diciembre de 1925. Las compañías extranjeras de nuevo buscaron amparos para proteger sus intereses, lesivos al interés nacional. Es preciso subrayar que en este periodo los gobiernos revolucionarios dejaron muy clara su postura en cuanto a que el dominio de la nación sobre los recursos naturales, incluyendo los del subsuelo, era absolutamente necesaria para la soberanía nacional. Con todo, ante las presiones de las petroleras y el gobierno estadounidense, en noviembre de 1927 la Suprema Corte mexicana falla favor de las petroleras.

Monumento de perforadores en Poza Rica, Veracruz de presentedelpasado.co

A principio de los años treinta, el presidente Abelardo L. Rodríguez decretó que los hidrocarburos que se encontraran en una franja de cien kilómetros en costas y fronteras eran reservas nacionales y creó, con capital público y privado, la empresa Petromex.

Lo que vino después es historia más conocida. El conflicto surgido entre el sindicato de trabajadores petroleros mexicanos y las petroleras foráneas para que éstas últimas dieran condiciones dignas de trabajo y prestaciones sociales a esos trabajadores, llevó a que finalmente, ante la actitud arrogante de estas compañías, el presidente Lázaro Cárdenas nacionalizara el petróleo.

Esta brevísima semblanza de lo que estas empresas ganaron con el gobierno entreguista de Díaz, y cómo lo fueron perdiendo poco a poco a manos de los gobiernos nacionalistas de la revolución se trae a memoria sólo para afirmar lo que ya esperamos: las empresas extranjeras no van a buscar el bien de la nación, de su economía o de los trabajadores mexicanos. Cuando alguna situación cause conflicto, siempre van a buscar su beneficio, aún a costa de lesionar a nuestro país. Como ocurrió entonces, habrá seguramente algún funcionario o presidente dispuesto a enriquecerse a costa de la miseria del país. No tardaremos en ver a estas petroleras recuperar lo que el general Cárdenas les suspendió por casi cien años. (Para más información, consúltese Jaime Cárdenas Gracia, En defensa del petróleo [México: UNAM (Instituto de Investigaciones Jurídicas), 2009], aquí en versión electrónica.)