¡Alerta AMBER!, extravíos de un joven diputado
Conferencia de prensa del diputado Fernando Castellanos. Foto: Congreso de Chiapas
El diputado Luis Fernando Castellanos Cal y Mayor, en el vestíbulo del Congreso y a los pies de la estatua de Benito Juárez, decidió politizar el allanamiento de su domicilio y las amenazas que recibió su esposa de los delincuentes. No esperó los resultados de las primeras pesquisas de las autoridades policiacas y reveló que el móvil del “atentado” está relacionado con su trabajo político en Tuxtla Gutiérrez, pues supuestamente así lo hicieron saber los agresores a su cónyuge.
Si la versión del legislador del Partido Verde Ecologista es cierta, estaríamos ante un peligroso signo de descomposición institucional y política que debe preocupar a todos. La intimidación sugiere una ruptura en la clase política gobernante, porque hasta donde se sabe dos de los adversarios de Castellanos a la alcaldía capitalina son diputados y pertenecen al Partido Revolucionario Institucional y al propio PVEM, uno de ellos presidente de la Comisión de Seguridad Pública e hijo del exsecretario de Gobierno, y el otro es presidente de la Comisión de Hacienda; uno más forma parte del gabinete en el área de juventud y deporte. En este sentido, Noé Castañón Ramírez, Emilio Salazar Farías y Carlos Penagos Vargas, serían los principales aludidos en esa trama descabellada, junto con el diputado federal priísta, William Ochoa Gallegos, con quien Castellanos ha tenido abiertas diferencias. Otra lectura es que poderes fácticos económicos o criminales quieran allanar el camino a un representante de sus intereses, “eliminando” a quien se supone lleva la delantera en la carrera por ganar la alcaldía tuxtleca.
En cualquiera de las dos hipótesis, la gobernabilidad del estado sale muy mal parada, pues por un lado queda la percepción de que los pactos políticos en la élite están resquebrajados, que no hay un factor fuerte que cohesione y equilibre los intereses de poder; y por otra parte, resulta preocupante la vulnerabilidad del primer círculo del gobernador ante los embates de la delincuencia que busca arrebatar espacios en el ámbito institucional.
Por estas previsibles interpretaciones que menoscaban la imagen del gobierno, al cual está íntimamente ligado por su cercanía con el titular del Ejecutivo, no se comprende a cabalidad por qué Castellanos optó por politizar la agresión sufrida y exponerla abiertamente a los medios, cuando lo prudente y menos pernicioso hubiera sido manejar el caso con bajo perfil y dejar que la Procuraduría de Justicia manejara la información en el ámbito jurídico y criminalístico.
Si pensamos que una decisión como la que tomó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso –por sus obvias implicaciones— debió ser consensada con el secretario de Gobierno, Eduardo Ramírez Aguilar o con el mismo gobernador Velasco, el móvil se vuelve aún más nebuloso; sin embargo, entrados ya en el terreno de la especulación, podríamos pensar que detrás de la estrategia mediática del “atentado” subyace la intención de dejar en situación vulnerable al procurador Raciel López Salazar, al dejarle la responsabilidad de resolver un caso altamente contaminado por los sesgos políticos que le ha dado la víctima. ¿Por qué la PGJE no emitió ningún comunicado al respecto como lo ha hecho en asuntos delincuenciales de gran trascendencia? ¿Se estará fraguando la defenestración del procurador sabinista ahora que la mayoría de los diputados cumplieron su misión fundamental de exonerar al exgobernador al aprobar la cuenta pública de su último tramo de gobierno?
Los acontecimientos de los próximos días podrán arrojar luz sobre la violenta irrupción en la casa de Castellanos, hecho que ha enturbiado el panorama político estatal. En el medio periodístico, algunos sectores políticos y entre la ciudadanía, va ganando terreno la teoría del montaje pues existen datos discordantes entre lo que declaró el vigilante de la residencia y la versión que emitió el diputado en una conferencia de prensa. Pugna de poder o intimidación de los poderes fácticos, son señales preocupantes para la estabilidad de Chiapas; pero que se fortalezcan elementos de que todo fue una escenificación con fines políticos, sería un acto de suma irresponsabilidad y altamente condenable. La salud política y social del estado, exige una aclaración puntual y transparente de lo sucedido.
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