No criticar a Sabines

Cuando se publica algo en contra de Juan Sabines o de su administración, no falta quién reclame de por qué hasta ahora se denuncia tal situación.

Ante ese cuestionamiento, que no deja de ser tramposo y propalado por gente beneficiada por el exgobernador, es necesario aclarar que sí hubo voces divergentes en pleno juansabinato, que no todas fueron acalladas, pero que la información en ese tiempo de control absoluto no era tan abundante.

Los afanes de ventilar las acciones dictatoriales del exgobernador tenía muchas limitaciones: el Instituto de Acceso a la Información Pública, en lugar de ser un órgano de transparencia, fue un espacio cooptado por los funcionarios estatales y obstáculo para las tareas de comunicación.

Ahora, pese a las resistencias del actual gobierno por ventilar la administración de Sabines, es cuando empiezan a fluir más datos sobre el accionar de ese mandatario y de sus cómplices.

Y aquí es dónde se plantea la pregunta: ¿No hay que publicar esos datos porque ya no está Sabines en el gobierno?

La respuesta es un no enfático, porque los ciudadanos informados son los que pueden presionar para que un exgobernador sea juzgado. La corrupción es inevitable pero el castigo debe también serlo para los funcionarios que delincan y que se apropien de nuestros recursos.

En las democracias más desarrolladas se registran también actos de corrupción; la diferencia es que los culpables son castigados mediante la inhabilitación o la cárcel. En esas sociedades, sobre todo las europeas, ese logro ha surgido después de arduas y largas luchas impulsadas por medios y ciudadanos.

Aquí estamos en la construcción de una democracia, que aún tiene muchas disfuncionalidades, pero es preferible eso a tener un sistema dictatorial que permitiría, sin duda, la presencia ad aeternum de Sabines y sus controles coercitivos que serían cada día más torpes y atroces.

Por eso hoy se justifica seguir “hablando mal” de su gobierno, exhibir sus desfalcos y mostrar a sus aliados para que circunstancias como éstas no se vuelvan a repetir en nuestro dolido Chiapas, y hasta es posible que se alcance otra dimensión para empujar al gobierno federal a llamar a cuentas a Sabines.

En el juansabinato hubo voces críticas y divergentes, de varios periodistas y ciudadanos, que lo retaron en la cúspide de su mandato absoluto. A todos ellos se les persiguió y se les incomodó en su trabajo profesional. Es cierto, que fueron la excepción dentro de un escenario controlado por el Estado.

El régimen de Sabines creó una paranoia de persecución entre los ciudadanos y fue muy efectivo en la manufactura de una atmósfera de miedo. Arquitectos, ingenieros, constructores, abogados y proveedores me manifestaron, en su momento, que se sentían “espiados” y perseguidos por el gobierno.

Incluso en Facebook y Twitter se acallaron las críticas. Cuando alguien expresaba observaciones o señalamientos, lo hacía casi siempre desde una cuenta falsa y enviada desde un ciber. Se propagó una psicosis de persecución colectiva que abarcó a ciudadanos de diferentes profesiones y niveles económicos.

No obstante esa situación, sí hubo voces que cuestionaron a Sabines y sufrieron las consecuencias por ese “atrevimiento”. En lugar de reconocer a estos actores discordantes, que tienen nombres y apellidos, hay quienes dicen que hasta ahora se habla “mal” de Sabines, con lo que se apuesta a la desmemoria y se otorga un salvoconducto amplio al peor gobernador que ha tenido Chiapas.