Patishtán, hoy es el Día D
La libertad de Alberto Patishtán Gómez es apenas la primera batalla del profesor indígena bilingüe. Viene la otra batalla, sin duda la más difícil y la más importante de su vida: luchar contra ese tumor maligno que le afecta el cerebro y como primer consecuencia la pérdida de visibilidad.
El martes pasado la Cámara de Diputados aprobó la reforma al Código Penal Federal. En particular se adicionó el artículo 97 Bis, que abre las puertas del penal al maestro indígena tsotsil vía el indulto presidencial.
Esa misma noche el presidente Enrique Peña Nieto anunció en su cuenta de Twitter que el miércoles 30 se publicaría la citada reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Y que el jueves 31 puntualmente, es decir hoy mismo, estaría otorgando el indulto al maestro preso desde hace 13 años por una emboscada a policías que no cometió.
Que quede claro, Alberto Patishtán Gómez nunca solicitó o ha solicitado el indulto presidencial, el último recurso en el interior del país que le quedaba para salir de prisión. Él ha dicho en varias ocasiones que pedir el indulto es pedir perdón, aceptar que cometió un delito, por tanto jamás fue una solicitud expresa del recluso en el penal de San Cristóbal de Las Casas.
Pero sí, dejo claro, que si ese indulto venía de forma unilateral desde arriba lo aceptaría sin más. Por tanto, es menester dejar claro que esa propuesta jurídica fue promovida desde la Cámara de Senadores y Diputados, por representantes populares del PRD principalmente, y como una figura visible el senador chiapaneco Zoé Robledo. Pero hoy al aprobarse en la Cámara de Diputados, legisladores del PAN, PRI, PVEM, MC y todos los partidos políticos aprobaron dicha iniciativa.
Claro, también se debe ver la otra parte, la justicia por los muertos de aquella emboscada. Lo cierto es que hubo negligencia del aparato de procuración e impartición de justicia local y federal. En este caso no se buscó realmente quien lo hizo sino quien lo pagara. Y lo terminó pagando un líder indígena que era incómodo al entonces alcalde del PRI en el municipio de El Bosque.
Se deben revelar los nombres de los malos servidores públicos que pervirtieron el proceso legal y ser sancionados conforme a derecho.
El caso del maestro indígena bilingüe no es sin duda el primero, muchos son los reos indígenas que por falta de una defensoría o asesoría legal adecuada pagan delitos que nunca cometieron.
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