Reforma hacendaría en un entorno de crisis

Carmen Ponce Meléndez

Se ha presentado la iniciativa de reforma hacendaria en un entorno de crisis política, cuya punta visible es la reforma laboral para los maestros, disfrazada de reforma educativa, en el marco de una posible crisis económica, ceñida por la desaceleración de la economía.

Así, el Ejecutivo propone al Congreso el paquete económico con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF).

Para 2014 el monto total del gasto programable es de 3.5 billones de pesos, 9.8 por ciento superior (en términos reales) al autorizado en 2013; representa 19.8 por ciento del PIB; en tanto que la inversión alcanza 4.6 puntos porcentuales del PIB.

Los incrementos de gasto más relevantes están en tres dependencias: Energía (56.3 por ciento); Inegi (39.1 por ciento); Comunicaciones y Transportes (28.2 por ciento), y destaca el aumento del 20.5 por ciento que tendría la previsión para el Conacyt.

En contraste, el presupuesto de la Secretaría de Salud sólo crecerá 2.9 por ciento, insuficiente ante las crecientes demandas que tiene la población en esta área sustancial para la seguridad social universal. Sólo en el ISSSTE se prevé un aumento importante.

Se proyecta un crecimiento de la economía del 3.9, frente a una tasa de 1.8 para este año; con una inflación de 3.0 puntos porcentuales; un tipo de cambio de 12.5 dólares; con una producción petrolera de 2 mil 520 millones de barriles, menor a la de 2013.

De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica, será hasta 2019 –dentro de cinco años–, cuando se alcance un crecimiento con una tasa de 5.4; siempre y cuando se realicen todas las reformas estructurales en los términos planteados por el gobierno.

El déficit alcanzará 1.5 por ciento del PIB y será anualmente decreciente, para 2015 será de 1.0 por ciento hasta llegar a un presupuesto balanceado en 2017. Todo indica que se abandona la idea ortodoxa neoliberal del déficit cero, y se apuesta a un gasto que impulse el desarrollo.

Incluye la propuesta de un Programa de Aceleración del Crecimiento que abarca un impulso contracíclico; aceleración del gasto público en inversión, y financiamiento al crecimiento. Acciones imprescindibles para este entorno de crisis económica.

CLAROSCUROS DE LA REFORMA E INGRESOS 

Hay una propuesta de reforma para la Seguridad Social Universal que incorpora un aumento a la pensión para adultos mayores de 65 años que no cuenten con seguridad social, y el seguro de vida para jefas de familia –que ya opera en este año–. Lo nuevo es el seguro de desempleo.

Hay una iniciativa para modificar los artículos cuarto y séptimo constitucionales, a fin darles un carácter definitivo a la pensión para adultos mayores (Programa 65 y más, cuyo monto mensual se duplica, hoy es de 500 pesos), y al seguro de desempleo.

El seguro de desempleo que se propone es tripartita: trabajadores, patrones y gobierno, y se aplicará en una plazo no mayor a seis meses en condiciones de desempleo. También se propone reducir las cuotas de seguridad social a los trabajadores de ingresos más bajos.

Aplicar un seguro para las personas que han perdido su empleo implica reconocer implícitamente el alto nivel de desempleo que prevalece en el país; por otra parte ayuda al fortalecimiento del mercado interno. De hecho México es uno de los pocos países donde no existe esta posibilidad.

Como se esperaba, se vincula la reforma fiscal a la energética al proponer modificar el esquema fiscal de Pemex, adecuándolo a la reforma energética propuesta, incluyendo las utilidades y dividendos de la inversión privada, planteados en dicha reforma, como si ya fuera un hecho su aprobación.

Se pospone para mejor ocasión gravar con IVA alimentos y medicinas; en estos momentos equivaldría a ponerle gasolina a un incendio. Este impuesto sólo es viable con una recuperación de los salarios reales.

En materia de recaudación de ingresos los cambios más relevantes son:

–Impuestos al consumo (IVA) en colegiaturas, vivienda, alimentos para mascotas, refrescos y su generalización para las zonas fronterizas, a fin de igualarlas al resto del país.

–Impuestos verdes. Se crea un impuesto a los combustibles fósiles y otro a los plaguicidas, con la intención de proteger el ambiente; en el primer caso tendrá un impacto en el precio de las gasolinas.

–Aumento del ISR del 30 al 32 por ciento en personas físicas con ingresos anuales de 500 mil pesos (más de 40 mil pesos brutos mensuales); al no ser progresivo (a mayor ingreso mayor impuesto), afecta más a la clase media.

–Eliminación de la consolidación fiscal; impuestos a las operaciones en la Bolsa Mexicana de Valores con un 10 por ciento.

–Y algo muy importante: con la nueva Ley del ISR se elimina el 77 por ciento de los regímenes preferenciales y el 47 por ciento de los tratamientos especiales; incluye a las empresas maquiladoras. En el presente éstas reducen la base de pago para su ISR y están exentas del pago de IVA en sus importaciones.

También se eliminan el IETU (Impuesto Empresarial a Tasa Única) y el impuesto a los depósitos bancarios en efectivo. Todas estas medidas están acompañadas de una propuesta para la simplificación de pago de impuestos, con la esperanza de que esta vez sí sea la efectiva.

El incremento de los ingresos públicos de 2014 será de 240 miles de millones de pesos, lo que equivale a 1.4 por ciento del PIB del mismo año. En total los ingresos presupuestarios ascenderían a 3.8 billones de pesos, lo que conlleva un crecimiento de 2.5 puntos porcentuales en términos reales.

Con el propósito de fomentar la formalidad de las empresas y sus trabajadoras y trabajadores, se propone un régimen de incorporación que incluye exentar 100 por ciento del ISR a las empresas informales en el primer año, y este porcentaje va reduciéndose anualmente y para el sexto año la reducción del pago sería del 10 por ciento.

Las y los contribuyentes que se registren en este régimen tendrán acceso a los servicios de seguridad social.

A las empresas ya no se les permitirá que algunas prestaciones laborales como aguinaldo, prima vacacional y fondos de ahorro sean deducibles del ISR en un 100 por ciento, pasarían a una deducción del 41 por ciento.

Significa que estos rubros corren un serio peligro, es posible que se acentúe la actual tendencia de reducir prestaciones laborales a las y los trabajadoras.

Otro efecto importante es que se dificultan las negociaciones salariales; ante el tope salarial impuesto por el gobierno las negociaciones de los contratos colectivos de trabajo se centran justamente en las prestaciones que compensan los bajos salarios.

El análisis, discusión y posterior aprobación de este paquete económico es responsabilidad del Congreso, lo que no implica que los diversos actores de la sociedad civil, las y los “otros” expresen en las calles su propio voto.

*Economista especializada en temas de género.