Privatizar SMAPA ¿Y después qué?

Es decir como un elemento que mide el nivel de bienestar de todos los ciudadanos. Por eso es un factor clave para el aumento del nivel de vida de todos sin importar la condición social.

 Si el servicio ya sea de transporte, alumbrado, agua o cualquier otro es público, la clave es controlar el precio para que esté garantizada su disponibilidad y se pueda otorgar el servicio; sobre todo si el bien comienza a escasear. Además es necesario que en su venta al público se asegure una renta (la diferencia entre el costo de producción y el precio de venta) que garantice un beneficio al productor.

 En el caso de los servicios públicos, asegurar la renta significa hacer viable a la empresa que presta el servicio evitando el otorgamiento de un subsidio.

 Dos aspectos relevantes: bien público cuya función sea el bienestar social y, renta para darle viabilidad y factibilidad en el tiempo a la empresa prestadora del servicio.

 Claro está que hay corrientes de pensamiento económico que sostienen que un control de precios correcto evita el subsidio pero alienta de gran manera el consumo, desperdiciando el bien hasta agotarlo y lo hace hasta que el prestador del servicio no puede cubrir la demanda.

 En Tuxtla Gutiérrez en el caso de la supuesta privatización de SMAPA no pasó ni lo uno ni lo otro.

 Ni la empresa municipal regula el precio con fines de elevar los indicadores de bienestar, ni otorga un servicio de excelencia y tampoco aseguró una renta que le otorgara certeza a la empresa pública.

 Entonces ¿qué pasó?.

 Seguramente su renta sirvió como medio para cubrir otros compromisos de todo tipo no solo de uno; sino de varias administraciones tuxtlecas.

 Por la sencilla razón que SMAPA por ser un organismo municipal así sea descentralizado no entrega cuentas más que al ayuntamiento, como también lo hacen otros organismos públicos municipales cuya renta en caso de existir es propiedad de la comuna (predial, mercados, espectáculos, rastros, panteones, seguridad pública y tránsito entre otros).

 No es el caso de los recursos federales y estatales; los cuales se encuentran etiquetados, su uso para otros fines automáticamente se convierte en peculado y causa acción penal si la Auditoría Superior de la Federación y/o el Órgano de Fiscalización se dan cuenta y quieren castigar a los culpables.

 Privatizar SMAPA no debería ser un asunto sencillo porque también implica sanear el agua. En los años 90´s el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional imponían como condición a los préstamos que otorgaban la privatización de los servicios públicos porque de esta manera se aseguraba su orientación de mercado y se suponía podía hacer más eficientes a las empresas.

 Experiencias más recientes, sobre todo de privatización de agua en Bolivia y de servicios públicos de salud en el África Subsahariana demostraron que estos proyectos no fueron positivos ya que los más pobres no tuvieron acceso a estos servicios, sencillamente porque fueron incapaces de pagar por ellos, incluso pueden provocar malestar social.

 Tampoco es fácil porque se trataría de convertir un bien público en un bien privado y por tanto la renta sería privada; asunto que es incompatible con la resolución general A/64/292 de la Asamblea General de Naciones Unidas del 2010, que le da categoría de un Derecho Humano no solo al simple acceso al agua, sino también  al disfrute de agua suficiente, segura, accesible y asequible, sin discriminación alguna. Por ello México hizo suyo este planteamiento a través de una reforma al artículo 4 constitucional en el 2012.

 El problema es que SMAPA se encuentra en un callejón sin salida.

 Entonces, ¿Por qué se privatiza?

 Un documento interno detalla el diagnóstico de SMAPA y explica el proyecto de Mejora Integral de Gestión (MIG), en él se afirma entre otras cosas que dos terceras partes del agua extraída se pierde. También que desde el 2009 y hasta el 2011 la tarifa del agua se ha incrementado un 20 por ciento, que este aumento ha servido para abultar la nómina en ese mismo periodo un 28 por ciento. En consecuencia, la nómina presionó el gasto operativo de obras y mantenimiento el cual cayó un 70 por ciento durante ese  periodo. (gráfica 1)

 Obvio, hoy SMAPA no tiene recursos para: darle continuidad al servicio prestado, el que por si fuera poco es de baja calidad. También la red de agua potable está colapsando, el alcantarillado se encuentra en mal estado, su estructura es obesa y tiene mucha carga financiera por las pensiones, las jubilaciones y los costos médicos. (gráfica 2)

 En ese sentido la solución que se propone es que el organismo público disponga de casi 600 MDP de forma inmediata y que durante los próximos diez años se puedan conseguir más de mil millones de pesos. Esto para independizar la gestión del SMAPA de las decisiones políticas y para que se garantice la protección de sus recursos.

 Para ello se propone es celebrar un contrato de prestación de servicios con un inversionista privado por 25 años que realice TODA la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado que presta SMAPA.

Según la propuesta, el inversionista deberá de invertir en los primeros tres años 589 MDP de los cuales 349 se destinarán a mejorar el sistema y el resto será para las liquidaciones del personal y el pago de adeudos a proveedores.

 A cambio, lo que quede de SMAPA y el Ayuntamiento liquidaría a todo el personal del organismo operador y el organismo privado solo recontrataría 600. En ese contexto, la única obligación de SMAPA sería ser el responsable de las obligaciones que se adquieran por nuevas Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales y hacerse cargo de los jubilados y el servicio de salud.

 También se asegura que habrá un panel de expertos que vigilen el cumplimiento del contrato y se vigile la licitación nacional. En la operatividad promete subsidiar el agua para los más pobres y un servicio de agua potable las 24 horas.

Como en una empresa familiar, si todos meten mano a la caja registradora tarde o temprano no habrá efectivo para refaccionar el negocio, escasearán las mercancías y no tendrá la menor importancia si la empresa es rentable o no y si tenemos demanda o no.

Pero como la empresa es rentable, no queda más que vender.

Lo que sucede es que a SMAPA todos le metieron mano y el crecimiento de la ciudad debería de ser lo que la tenía que hacer rentable no el gran problema que hoy no puede atender.

 La convirtieron en una carga de la que se tienen que deshacer porque además, sí se quiere privatizar también significa que el gobierno estatal no quiere o no puede rescatarla.

 Lo peor es que se concesionan todos los servicios y con ese esquema no habrá forma de que al menos la compañía operadora comparta algo de la renta que ganará.

 Como el cáncer, se quiere extirpar lo que ya está podrido; aún y cuando muchas de las experiencias internacionales de este tipo fracasaron porque es una contradicción que una empresa privada preste un servicio social.

 Esta irá por las ganancias.  Ya tenemos la experiencia de Proactiva.

Si la decisión está tomada –y los ciudadanos no podemos hacer nada para evitarlo- es obligación del Ayuntamiento encontrar un mecanismo que castigue a los culpables de este quebranto, que la empresa asuma un compromiso social verdadero, que el ayuntamiento controle el precio y que vigile la transparencia.

 Si la privatización no funciona –y viendo las experiencias internacionales- sería patético que a pocos años de privatizar un bien público, tengamos que rescatar a una empresa privada y volverla de nuevo pública.

 ¿Cuantos votamos que eso será lo que sucederá en pocos años?.

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