Sabines debe ser juzgado por delitos de lesa humanidad

De todos los reclamos y denuncias que se han hecho en contra de Juan Sabines Guerrero, me extraña que se recalque la cuestión económica y que no se hable mucho de la persecución a que sometió a ciudadanos que manifestaban insatisfacción con su gobierno.

Ingenieros, arquitectos, profesores, incluso amas de casa, se sentían vigilados por Sabines; creían que les grababan llamadas telefónicas y que les monitoreaban sus correos electrónicos y visitas en internet.

Miembros del Colegio de Ingenieros Civiles cambiaron varias veces sus números de teléfono o manejaban números alternos para no encontrarse en los archivos de Palacio. Lo mismo sucedió con abogados, notarios, proveedores y servidores públicos.

Motivos tenían de sobra: el gobierno de Sabines contrató a empresas espías, afincadas en Estados Unidos y en Israel, para vigilar a posibles enemigos de su régimen; también proveyó de tecnologías modernas de espionaje a la Secretaría de Gobierno y a la Procuraduría General del Estado.

Al gobernador Manuel Velasco Coello le armaron su propio expediente, bastante meticuloso y voluminoso, que resguarda el más odiado de los mandatarios chiapanecos y sus cómplices. Han amenazado que lo emplearán en caso deslealtad.           El propio Güero ignora qué tan fiable  y escandaloso puedan ser los informes de esos archivos.

Lo más probable es que  haya información real (no exenta de pacotilla) con pareceres infundados, datos inventados y conclusiones precipitadas.

El problema es que con esos datos, fiables y no, se persiguió y encarceló a ciudadanos  comunes y corrientes, líderes campesinos, indígenas y religiosos. A la diputada del PRD, Alejandra Soriano Ruiz, le asiste la razón cuando afirma que con Sabines fueron perseguidos, incluso asesinados, “más de 200 dirigentes sociales y campesinos, militantes de los partidos opositores, sindicalistas y defensores de los derechos humanos”.

Por estos actos, el exgobernador debería ser procesado por crímenes de lesa humanidad; acabó con familias, truncó proyectos, provocó desplazamientos, difamó y estableció campañas permanentes de desprestigio a quienes veía como enemigos políticos.

Esa debería ser nuestra exigencia, que Sabines sea procesado por Cortes Internacionales, y no solo por el quebranto económico en que dejó sumido el estado, porque de estas cuestiones quizá algún día nos repongamos, pero no será posible nunca recuperar las vidas perdidas.