Plan b. Orgullo de niños trabajadores

Vimos en un video que circuló en medios a un pequeño indígena tzotzil llorando mientras tiraba al piso los dulces de su vendimia.

Feliciano sollozaba con ese llanto de quien sabe que lo que le sucede es injusto, con ese lamento de un menor de edad que necesita que le defiendan de un funcionario público que, por la prohibición de que niños y adolescentes vendan cigarros, lo amenazó, lo humilló y le ordenó entregarle los productos que vendía en la plaza del centro de Villahermosa.

Lo que no vimos es que el funcionario arrastró físicamente al pequeño intentando quitarle la canasta de la cual se afianzaba como si en ello le fuera la vida.

El camarógrafo que filmó la agresión pertenece a un canal local de televisión y narra que vio la arrastrada y no encendió la cámara “porque no había decidido qué iba a filmar todavía”. Cuando vio al pequeño llorar comenzó a grabar.

Más allá de su mal cálculo periodístico, que podría haber documentado la saña, la crueldad y la prepotencia de Juan Diego López, inspector municipal de fiscalización, responsable de vigilar a vendedores ambulantes, lo más grave ha sido la discusión posterior a este hecho.

El inspector, al lado de su impávida colega Carmen Torres, asegura que el pequeño “no tiene por qué estar vendiendo esto”. Lo dice sosteniendo tres cajetillas de cigarros que confiscó mientras jala la canasta para que el pequeño la vacíe. Se la llevaba como “evidencia de la falta administrativa”.

Feliciano, a quien su tía llama Manuelito, vive en Chiapas, pero estaba de vacaciones con su tía, que tiene un puesto de ropa en la zona centro donde fue agredido. El chico decidió que quería juntar dinero para comprar sus útiles escolares; como millones de niños y niñas que en sus vacaciones venden dulces. Igual que lo hacíamos mis hermanas y yo en la colonia Mixcoac, donde crecimos.

Poníamos un puestito en la banqueta y ofrecíamos dulces a transeúntes y vecinos. A mamá y papá les parecía una buena idea que aprendiéramos a ganar y cuidar el dinero. Pero éramos niñas clasemedieras, no indígenas; hablamos castellano.

Así que nadie se cuestionaría si estábamos allí por la miseria y el abandono, nadie nos correría de la calle, ni nos robaría el producto de nuestras ventas. Ni antes ni ahora se lo hacen a mis sobrinas.

Feliciano y su madre hablan tzotzil; la madre trabaja desde que tiene 15 años, está convencida de enviar a su hijo y a la bebé a la escuela, quiere que sean bilingües y vayan a la universidad. Lo alimenta bien, lo ha educado para ser un niño responsable.

Su tía, que tiene un lindo hogar y es muy trabajadora, le dio permiso de vender dulces en la misma plaza en que estaba ella; pero el menor de edad se perdió de vista un momento justo cuando el inspector lo agredió.

Salieron entonces organizaciones civiles para regalarle sus libros y juguetes al niño, para “sacarlo de la tragedia del trabajo infantil”.

Cómo elaboramos historias, incluso periodísticas, desde el racismo y la presunción de que toda persona indígena vive en la miseria. Cómo nutrimos el discurso de lástima y menosprecio, un discurso construido desde la noción de la desigualdad “natural”. Cómo negamos la voz al pequeño. Ya todos hablaron por él, por su madre. Tienen voz sí, pero les ofende la lástima, están hartos de este escándalo.

Este es uno de los miles de ejemplos de nuestra ignorancia sobre el significado del trabajo infantil. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) deja muy claro que hay una confusión sobre la participación de niñas y niños en tareas remuneradas. Asegura que no todas las tareas realizadas por la infancia deben clasificarse como trabajo infantil que debamos eliminar.

Por lo general la participación de niñas, niños o adolescentes en trabajos que no atentan contra su salud y su desarrollo personal, ni interfieren con su escolarización, se consideran positivas.

El término “trabajo infantil” se define como “trabajo que les priva de su niñez, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico; el que les pone en peligro, o les esclaviza”.

En el caso de Feliciano, como el de miles de niñas y niños, no estamos hablando de un trabajo que dañe su salud, su seguridad o su moralidad. Quien le hizo daño fue el inspector, ahora cesado. Y luego los medios, haciendo de él un falso mártir de la pobreza indígena.

Generalizar sobre la situación de niñas y niños que trabajan es siempre un error. No sólo los inspectores necesitan un curso sobre trato digno a menores de edad que trabajan.