Cerrazón gubernamental impulsa a la ciudadanía en el tema del agua

¿ En qué estaba pensando el presidente del IEPC, Adrián Alberto Sánchez cuando dijo que se necesitaban 61 mil firmas para hacer el referéndum en el tema de la privatización del agua potable en Tuxtla? Podría haber estado pensando en contener el movimiento, o bien, en todo lo contrario en extenderlo. Lo primero hubiera sido perverso, lo segundo estratégico si se piensa que sería un buen mecanismo para contagiar a la ciudadanía de otros municipios de hacer uso de sus derechos políticos.

Hace unos meses, cuando se anunció que serían concesionados los servicios del Sistema Municipal de Agua Potable (Smapa), un grupo de ciudadanos inició un Movimiento en contra de esta decisión. Empezaron con un foro, siguieron con una marcha, se dedicaron durante más de una semana a recolectar firmas para pedirle al Congreso del Estado que se realizara un referéndum para que fueran los propios tuxtlecos quienes decidieran el futuro del Smapa.

El gobierno municipal de Samuel Toledo seguramente vio venir manifestaciones de parte de los trabajadores que serían liquidados tal vez visualizó  una marcha de la ciudadanía inconforme, pero lo que jamás, según parece por sus acciones, vislumbró fue un movimiento organizado que haciendo usos de sus derechos políticos haya logrado hasta ahora detener la privatización de Smapa.

El mismo día que el cabildo autorizó, de forma cuestionable, pedirle al Congreso que se concesionara Smapa, ese mismo día el gerente de ese organismo, Alfredo Araujo Esquinca dio a conocer el proyecto. En ese momento dijo que esperaban que en el mes de Julio ya se estuviera licitando Smapa, pero el Movimiento de Chiapanecos en Defensa del Agua ha logrado que se contenga la intención del Ayuntamiento.

Hace unas semanas los integrantes del Movimiento entregaron al Poder Legislativo la solicitud de referéndum, hasta ahora no han recibido respuesta de parte del Congreso Local. El presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Adrián Alberto Sánchez  Cervantes declaró ante los medios que era   improcedente la solicitud de referéndum. Dijo que se necesita el dos por ciento de todo el padrón electoral en Chiapas y no solo de Tuxtla Gutiérrez, es decir, alrededor de 61 mil firmas y no las 7 mil que presentaron.

Los integrantes del Movimiento pidieron al IEPC que defina en una sesión de Consejo General el número de ciudadanos que se necesitan para un referéndum que solo compete a un municipio.

Aunque el vocero del grupo, Luis Manuel Palacios consideró que era absurda la decisión de que se necesitara reunir 61 mil firmas en todo el estado en un tema que tiene que ver solo con Tuxtla Gutiérrez, también anunció que si el IEPC insiste en que se requiere ese número extenderán su movimiento a todo el estado. Irán a los municipios a hacer brigadas de información a contagiarlos de su movimiento como lo están haciendo en las colonias de Tuxtla Gutiérrez.

Cuando los ciudadanos se reconocen como personas con derechos es difícil hacerlos retroceder. Los integrantes del Movimiento de Chiapanecos por la Defensa del Agua son ciudadanos comprometidos que no están dispuestos a retroceder, no como un acto de necedad, sino de conciencia de que los derechos no se regatean.

Si el IEPC termina exigiendo 61 mil firmas para hacer el referéndum podría, sin invertir recursos públicos, terminar haciendo el acto más redituable en construcción de ciudadanía. Lograría que ciudadanos se movilizaran a diferentes municipios a hablarle a otros ciudadanos de la importancia de ejercer sus derechos, de defender los recursos naturales.

Honestamente no creo que esta haya sido la intención del Presidente del IEPC, Adrián Alberto Sánchez. Tal vez lo que quería era contener la petición de referéndum, pero el efecto será el contrario, multiplicará la solicitud, en otros municipios pueden surgir más movimientos en defensa no solo del agua, sino de todos los recursos naturales.

Los ciudadanos que están conscientes de sus derechos políticos, como han demostrado que lo están los integrantes de este Movimiento que todos los días suma adeptos,  le pasará la factura a los legisladores que busquen un puesto en las próximas elecciones locales. En más de una vez lo han dicho y parecen decirlo en serio. Están dispuestos no solo a castigarlos con su propio voto, sino en contagiar su decisión en Tuxtla.

Los poderes de gobierno con sus instituciones –incluida el IEPC que está respondiendo más a un interés gubernamental que a su obligación de fomentar la participación ciudadana- lo único que alcanzan a ver son a algunos ex alcaldes panistas que se han sumado a la petición. El Movimiento no son ellos, se sumaron solo a la solicitud.

A los poderes de gobierno les cuesta entender la construcción ciudadana y cuando la ven frente a ellos, se vendan los ojos o la descalifican. Su cerrazón lo único que está haciendo es impulsar a la ciudadanía.

https://www.youtube.com/watch?v=ySxiEj-7haA