¿A qué le teme señor gobernador?

Plan b

Oaxaca se ha convertido en uno de los estados con más altos índices de feminicidio y el gobernador Gabino Cué prohibió que se decrete la Alerta de Violencia de Género (AVG) para abordarlos adecuadamente.

Por todo el país la sangre de las mujeres se derrama mientras los políticos se niegan a admitirlo. Parece que los gobernadores y procuradores que tanto temen que el feminicidio sea castigado y perseguido como un delito específico, sienten gran temor a que grupos masculinos de poder, y los hombres en general, crean que se han traicionado los principios patriarcales que dictan un absurdo antagonismo entre hombres y mujeres.

Como si fuera cierto que admitir jurídica y socialmente que hay hombres que violan, torturan y asesinan a niñas y mujeres porque pertenecen al sexo femenino, es tanto como admitir que todos los hombres son potencialmente asesinos violadores de todas las mujeres.

El ex procurador de Quintana Roo me dijo en entrevista que si insistíamos en evidenciar la violencia “iba a parecer que todos los hombres son o golpeadores, o violadores o pederastas”.

Le pregunté si era el abogado del estado para proteger la vida y seguridad de las personas, o si había sido nombrado para proteger el poder de la masculinidad arcaica y agresora. Me respondió que algunas mujeres merecen ser violadas por su forma de vestir, y que las maltratadas por su pareja debían resolver sus problemas de violencia en privado. No es el único que piensa así.

La violencia contra las mujeres es una práctica social normalizada; ha llevado siglos lograr que el aparato de impartición y administración de justicia la vea no como usos y costumbres de las relaciones entre hombres y mujeres, sino como un delito inaceptable.

Sólo en 10 años más de 14 mil mujeres fueron asesinadas con crueldad y violencia sexual en México. Catorce mil mujeres asesinadas no para robarles la casa o el auto; no porque se atravesaron en una balacera.

Murieron porque el asesino quería controlar su vida, su dignidad, su profesión, su manera de vestir o actuar. Porque las querían cautivas y ellas se negaron, porque las consideraron objetos sexuales y ellas se rebelaron. Las mataron por ser mujeres desobedientes, por ser mujeres que no se someten al tipo de hombre que se cree dueño de las vidas de sus mujeres.

Nunca se han documentado homicidios sistemáticos de hombres perpetrados por mujeres que los quieran controlar, poseer o violar. Si así fuera de inmediato habría Alerta de Género por homicidio.

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia es federal. Fue integrada a todos los estados y no es una ley opcional (aunque algunos procuradores y jueces así la consideren). Creer que su adecuada implementación depende del caso sería como creer que algunos procesos de secuestro probado no deben considerarse porque la víctima conocía al secuestrador.

Nadie dice “sí, claro… pero algo debió haber hecho el hijo del empresario para que lo secuestraran y torturaran”. No, porque si se cumplen los criterios es secuestro.

La hostilidad de políticos y funcionarios para admitir la especificidad de los casos de feminicidio, así como la negación de la gravedad de esa violencia cruel, sádica y despiadada, nos hace sospechar de ellos, de los gobernadores que se niegan a aceptar la AVG porque le va a dar mala fama a su estado; sospechar del secretario de Gobernación, del Presidente de la República, porque resulta incomprensible que ante esta creciente ola de odio criminal hacia mujeres y niñas, ellos prefieran la dignidad de los asesinos, de los torturadores.

Por eso es pertinente preguntar: ¿A qué le tienen miedo los gobernadores, el secretario de Gobernación y el Presidente? ¿No temen más a que la sociedad comprenda que en el fondo ellos, y sus huestes de hombres y mujeres machistas, avalan la opresión de la violencia para mantener a las mujeres a raya?

La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictaminó que el Estado mexicano es culpable de no garantizar la vida de las víctimas de feminicidio y su acceso a la justicia.

Y cuando dicen el Estado se refieren a cada gobernador, procurador de justicia, juez y Ministerio Público. A cada persona que por su posición de poder, estando en posibilidades de proteger a las víctimas, de promover masculinidades no violentas, y detener a los victimarios elige informadamente no hacerlo.

Decretar la AVG permite a toda la sociedad involucrarse para prevenir, atender y castigar la violencia contra las mujeres, bloquear ese decreto es hacerse cómplice del feminicidio. ¿No cree usted?