Feminicidios en Chiapas

Los casos de feminicidio se multiplican en Chiapas y ello indica que no se está atendiendo con eficacia el problema. Los mecanismos dispuestos por el Estado para prevenir, investigar y castigar no dan resultados; de hecho, no se advierte una política estatal dirigida a prevenir el feminicidio, como no sean aquellos anuncios de radio que advierten que en Chiapas los que maltratan a las mujeres se van a la cárcel.

El Estado fracasa en asegurar que las mujeres no sean privadas de la vida a consecuencia de su condición de mujer: De los Saqntos Cruz

En materia de investigación, tampoco se advierte eficacia, puesto que se limitan a investigar en función de demostrar la relación entre la víctima y el victimario para establecer que se presenta el delito. Los castigos, resulta también evidente, no arrojan los resultados esperados: no logran disuadir los feminicidios.
La obligación de prevención y garantía del derecho a una vida libre de violencia deriva de los tratados internacionales suscritos por nuestro país, y del mandato constitucional previsto en el artículo primero de la Constitución mexicana. No obstante, los hechos revelan que se incumple con tales obligaciones. El Estado fracasa en asegurar que las mujeres no sean privadas de la vida a consecuencia de su condición de mujer.
En nuestra entidad las cifras se tornan alarmantes. Se habla de más de 50 casos de feminicidio en lo que va del año. A pesar de que en algunos casos los victimarios han sido detenidos, la situación continúa siendo preocupante. A pesar de que se detiene a los victimarios, los casos continúan repitiéndose. Ello indica que la atención debe centrarse en la prevención de los delitos y en la generación de un ambiente propicio para que las mujeres puedan ejercer con libertad sus derechos.
Retomando el informe del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, de julio de 2006, con relación al feminicidio debe promoverse un entorno físico y familiar seguro para las mujeres. Valdría la pena impulsar la práctica ciudadana de una auditoria de seguridad para detectar los espacios, ambientes, relaciones, lugares de peligro para las mujeres y tomar las medidas adecuadas para mejorar ese entorno.
Dada la pasividad del gobierno del Estado con relación a la violencia hacia las mujeres, valdría también la pena la integración de una comisión ciudadana multidisciplinaria que se avoque a la investigación, análisis y propuesta de las medidas de carácter integral que sean necesarias para hacer frente al fenómeno. Las organizaciones ciudadanas deben trascender su carácter contestatario y de denuncia para elevar propuestas que obliguen al gobierno del estado a crear mecanismos eficaces para casos de violencia hacia las mujeres y para el diseño de políticas públicas y legislativas dirigidas al mismo fin.
Aunque la inicio señalamos que la responsabilidad constitucional e internacional recae en el Estado, creo que en el caso de Chiapas no debemos confiar que un gobierno novato y desorientado pueda impulsar las medidas integrales a que hacemos referencia.
El alto índice de violencia hacia las mujeres debe convocar a todos y todas a la discusión detenida y propositiva en función de plantear al gobernador las medidas razonables de carácter preventivo, legislativo, político y cultural que han de implementarse para atender seriamente el fenómeno.
Hasta ahora, y pese al elevando número de víctimas, no se ha percibido que el gobierno del estado actúe con la debida diligencia para evitar que nuevos casos de feminicidio se presenten. Ello, indudablemente, le representa responsabilidad por omisión, puesto que no ha sido capaz de asegurar a las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos, en particular el derecho a la vida y la integridad física.
El derecho a la vida supone, no solo que ninguna persona sea privada arbitrariamente de la vida, sino que además impone que el Estado adopte medidas apropiadas para proteger y preservan el derecho a la vida. Esto no está ocurriendo en Chiapas.