*Esta nota fue realizada por Pie de Página, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.

Pese a las adversidades en el congreso, en un acto histórico, funcionarios del gobierno federal anunciaron que presentarán una reforma constitucional en derechos y cultura de los pueblos indígenas inspirada en los acuerdos de San Andrés y la ley Cocopa

Texto: Kau Sirenio

CIUDAD DE MÉXICO. – El humo de copal se esparció entre el colorido de los pueblos Wirrarikas que llegaron al salón Adolfo López Mateos del Complejo Cultural Los Pinos. Ahí, entre la ofrenda y los aplausos, estaban los indígenas que llegaron de los distintos estados de la República para escuchar y hablar en el foro Reforma Constitucional y pueblos indígena en México y América Latina.

Todos, todas, vinieron a presenciar un hecho histórico para los pueblos y comunidades indígenas en México, pues justo en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, recibieron el anuncio de una reforma que pretende saldar una deuda que el Estado mexicano tiene con los pueblos.

El anuncio lo dio la comisionada para el diálogo con los pueblos indígenas de México de la Secretaria de Gobernación, Josefina Elizabeth Bravo Rangel, quien aprovechó para adelantar que la reforma constitucional en derechos y cultura de los pueblos indígenas se enviará al Congreso de la Unión en septiembre de este año, durante el primer periodo legislativo.

La reforma más avanzada en la región

Después del anuncio, llegó el primer bloque de conferencias sobre la reforma constitucional, que se centró en el marco normativo internacional que existe en materia indígena y su armonización e implementación en los contextos nacionales.

A cargo de esta explicación estuvo el abogado de ascendencia apache y purépecha James Anaya.

Otra característica fundamental de estas normas es que incluyen derechos no solo individuales, sino también colectivos, como los derechos humanos. Hasta ahora el derecho colectivo de los pueblos se aplica en los artículos 3 de cada instrumento internacional de la OIT; ONU y OEA” enfatizó el abogado.

Y agregó que la reforma constitucional en materia indígena es la más adelantada en la región porque cumple con los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas, a la vez que recoge las demandas que se plantaron en la ley Cocopa y en los acuerdos de San Andrés Larráinzar, Chiapas.

Más trabajo en territorio, y menos en el escritorio

El olor a copal se fue combinando con los tamales, chocolate y café que mujeres y hombres saborearon mientras ponían atención al debate de los funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos indígenas, del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) y líderes comunitarios que trabajaron en la elaboración de la reforma constitucional.

En su intervención, la presidenta del Conapred, Claudia Olivia Morales Reza, recordó a los funcionarios de las diversas instituciones que trabajan con los pueblos y comunidades indígenas que el trabajo está en el campo, y no en las oficinas:

Desde los espacios en que estemos hagamos más trabajo en el territorio y menos escritorio, esto para saldar las deudas históricas que tiene el Estado mexicano con los pueblos indígenas y afrodescendientes”.

Morales Reza, además de funcionaria, sirvió de intérprete de sus compatriotas wixarrika, pues a pesar de que es un evento de los pueblos indígena, el foro organizado por el gobierno no contó con intérpretes, una de las viejas demandas de los pueblos indígenas.

“Hoy es un día para reflexionar y decirles a organismos del Estado, empresa, asociación, grupo o persona que no debe haber ningún tipo de exclusión o diferencia por el origen, sexo, género, orientación sexual, religión, tono de piel, lengua… Porque la discriminación es una práctica que consiste en dar un trato desfavorable o desprecio a determinada persona o grupos”.

La directora del Conapred no se quedó ahí, pues cuestionó las conductas cotidianas en la sociedad:

“A veces no lo percibimos, pero en algún momento hemos causado o recibido esos tratos, que como consecuencia afecta nuestros derechos como personas históricamente discriminadas”.

Una reforma de avanzada frente a un Congreso dividido

La que amargó los ricos tamales, chocolate y café fue la diputada federal Irma Juan Carlos. Ella reconoció que en el Congreso de la Unión no hay condiciones para aprobar la reforma constitucional que los pueblos y comunidades vienen reclamando desde hace casi 30 años.

“La circunstancia política en la que se encuentra nuestro país nos hace ver que no hay condiciones para avanzar en la reforma constitucional. Como ustedes saben, recientemente no se pudieron aprobar las iniciativas de reforma electoral y eléctrica que envió el presidente al Congreso de la Unión, porque no tenemos mayoría calificada en ambas cámaras”, reconoció la legisladora de Morena.

El diputado local por la Ciudad de México, Héctor Díaz Polanco, coincidió con la diputada. Precisó en que no hay condiciones para presentar la reforma constitucional. Sin embargo, pidió a los pueblos indígenas que trabajen en una agenda común:

“Si no ganamos en esta reforma vamos por el plan C, como ya lo refirió la diputada Irma”.

Pero el ánimo en la sala era otro, pues se percibía un espíritu de cambio. Y así, mientras el profesor Mara’-akame, Andrés Bautista, hablaba por los pueblos wirrarika después del saludo en su lengua materna, el concejal dijo que antes el 9 de agosto era un día para tomarse la foto con los funcionarios, pero esa historia ha cambiado:

“Hoy lo decimos con una alegría, porque hoy se llama plan de justicia para los pueblos indígenas”.