Periodistas de México enfrentan amenazas físicas e incertidumbre económica

Reporteras marchan en el Día Internacional de la Mujer para exigir justicia por los asesinatos a periodistas en Chilpancingo de los Bravo. Avigaí Silva/Global Press Journal México

Esta historia fue publicada originalmente por Global Press Journal

Por:Avigaí Silva and Mar García, Global Press Journal Mexico

Durante casi 10 años, Antonio Muñiz Valadez se ha desempeñado como maestro de taekwondo, enseñando a adolescentes a defenderse, alentando en competencias e instándoles a no rendirse.

Su sueño era tener una carrera como fotoperiodista, algo que abandonó hace 10 años a causa de la inseguridad física y la precariedad económica. Él cubría las secciones de política y “nota roja” (un género periodístico que se ocupa del crimen, accidentes y hechos sangrientos) para varios medios locales, hasta que un día, durante un evento de la alcaldía, unos hombres no identificados le apuntaron con armas. Una advertencia sin palabras, pero clara.

Ese día, guardó su cámara. Casi una década después, aún sigue en conflicto. Ser testigo, informar, decir la verdad ante el poder; él aún siente esa vocación.

Fuera de una zona de guerra activa, México es el país más mortal para las personas que se dedican al periodismo, pues de acuerdo con el grupo mundial de vigilantes Reporteros Sin Fronteras, desde el año 2000, más de 150 personas que trabajan para los medios han sido asesinadas. Ha habido más de 53 asesinatos de periodistas desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador tomó el cargo en diciembre de 2018. Al menos el 90% de estos ataques continúan sin resolución. El asesinato de tres periodistas en los primeros días de 2022 causó protestas en 25 ciudades. Seis días después, una cuarta persona fue asesinada. En 2022, al menos 13 personas periodistas han sido asesinadas.

Las amenazas surgen de diversas fuentes, dice Mireya Márquez Ramírez, profesora de comunicación en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Hay quienes acaban en la línea de fuego entre cárteles, a otras personas las atacan por reportar sobre el crimen organizado, como la tala y la minería ilegal — en especial en estados ricos en recursos como Guerrero, Oaxaca y Puebla — mientras que a otras las señalan por razones políticas y son objeto de estigma, intimidación física y verbal, secuestro y más.

En 2020, ARTÍCULO 19, una organización internacional que promueve la libertad de expresión e información, documentó 692 instancias de agresiones, de las cuales 343 provenían del Estado mexicano mismo. “Es cierto que la violencia es heredada”, dice Noemí Pineda Fierro, una investigadora de ARTÍCULO 19 radicada en México, “pero ha incrementado en este sexenio”. Según dicen algunos grupos de derechos, el actual presidente ha atacado a la prensa en repetidas ocasiones, usando palabras como “parcial”, “injusta” y “hampa del periodismo”.

“Le tengo más miedo a los políticos”, dice un reportero de Guerrero, quien por seguridad pidió permanecer anónimo. “Siento que son más peligrosos, los vínculos entre muchos políticos y grupos criminales son bien conocidos”. Como resultado, el reportero se toma grandes precauciones para deshacerse de cualquier contacto político en sus cuentas de redes sociales.

Monserrat Ortiz dice que comenzó a recibir amenazas en su cuenta personal de Facebook luego de que transmitiera su investigación sobre un hombre con un historial de violencia contra sus exnovias. En 2019, ella se inscribió en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Creado en 2012 y adjunto a la Secretaría de Gobernación, el mecanismo proporciona sistemas de cámaras, botones de pánico, protección policial y otros tipos de asistencia para personas en riesgo. Hasta abril, 521 periodistas se habían inscrito en el sistema. Sin embargo, se sabe que está sobrecargado, mal financiado y que no cuenta con suficiente personal, pues apenas hay 45 trabajadores para casi 1500 personas beneficiarias. Por otro lado, solo 12 de los 32 estados de México tienen unidades de protección local que trabajan en conjunción con el mecanismo federal. (Algunos estados han creado mecanismos autónomos).

“Te dan un botón de pánico”, dice Ortiz. “Te prometo que si a mí me van a matar el sicario no me va a esperar a que active mi botón de pánico para que una patrulla venga en 15 minutos y ahora sí me matas”. Según datos del gobierno, entre 2011 y 2020 han ocurrido al menos siete asesinatos a periodistas mientras estaban bajo la protección estatal. La Secretaría de Gobernación de México, la instancia a cargo del mecanismo federal, no respondió a las solicitudes de comentario.

Guerrero es uno de los estados con el mayor número de periodistas que se han inscrito al mecanismo federal (51) y es uno de los seis estados donde se da más de la mitad de las agresiones contra trabajadores de los medios. “Este es un estado donde es peligroso ser periodista”, dice María de Lourdes Martínez Cisneros, dirigente de la Unidad Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En 2021, además de monitorear los ataques contra la prensa, la unidad ofreció cursos de autodefensa y buenas prácticas para la nota roja. No obstante, muchas personas prefieren reubicarse para continuar haciendo periodismo. Al mes de marzo, había 18 periodistas que se reubicaron en el estado de Guerrero, dice Martínez Cisneros.

En 2015, por ejemplo, hubo periodistas que optaron por mudarse luego de recibir amenazas de parte de hombres armados en el municipio de Chilapa de Álvarez, aproximadamente a 55 kilómetros de Chilpancingo, por cubrir protestas en contra de hombres armados que se autodenominaron policías ciudadanos que habían tomado control de la ciudad.

Beatriz García, de 31 años, se reubicó en Chilpancingo luego de que un grupo de colegas se fueran de Chilapa. “Sí pensé que a lo mejor si yo me hubiera quedado allá y sin mis compañeros con los que hacía equipo yo seguramente hubiera dejado el periodismo y seguramente ahorita ya me estuviera dedicando a otra cosa”, dice. “Para seguir en el periodismo sí era necesario salirme”.

Quienes se quedan deben adoptar nuevas estrategias. Luis Daniel Nava, quien se adentró en el periodismo en 2015, estuvo ausente de la nota roja en Chilapa por un tiempo. “Ya no había compañeros”, dice. “No sabías si te estaban vigilando. Antes íbamos acompañados, éramos más, pero dejas de hacer esas coberturas porque ya no hay nadie que te pueda acompañar”.

Cuando un reportaje es particularmente sensible, a veces García solicita que se retire su firma. En un pueblo pequeño como Chilapa, donde apenas hay un puñado de periodistas que cubren un género en particular, esta no siempre es una estrategia efectiva. “Media ciudad sabe que si no hiciste tú la nota la hizo el otro o el otro y eso te pone en riesgo”, dice, y agrega que en Chilpancingo “es más fácil camuflajearte porque hay más reporteros”. Otras personas sugieren poner varias firmas en un reportaje para disipar el riesgo. “Cuando son temas difíciles, nos organizamos con compañeros nacionales que investiguen ellos una parte y nosotros una parte y lo sacamos juntos”, dice Pedro Canché Herrera, un periodista veterano de Quintana Roo que está inscrito en el mecanismo de protección del gobierno. “Eso apoya mucho porque entonces ya no hay una sola cabeza a quien perseguir”.

En México, como en cualquier lugar, el periodismo es un sector en creciente precariedad y que lucha por sostenerse. Según datos de empleo nacional, se encontraba entre las profesiones con menor salario en 2013. Cerca del 60% de los y las periodistas a quienes ARTÍCULO 19 encuestó en 2020 no tenían seguro social, solo la mitad trabajaba con un contrato de tiempo completo y más de tres quintas partes habían tenido una reducción de ingresos durante la pandemia.

“Cada vez se nos paga menos y yo creo que es una manera también de ir agotando a los periodistas”, dice Gabriela Minjares Baltazar, quien reside en la ciudad fronteriza de Ciudad Juárez. “Como de pronto se hablaba de que a los periodistas nos estaban matando también nos están agotando … están buscando alejarnos o desencantarnos de hacer periodismo”. Dice que a mediados de la década de 1990, cuando comenzó a trabajar para un periódico local, tenía excelentes prestaciones como seguro médico, un vehículo y equipo de trabajo. Cuando se fue, 21 años después, gran parte de ese apoyo ya no estaba presente. “Ha sido por esta crisis mundial que han sufrido los medios y también por este mal modelo económico y de corrupción que han seguido los medios que se ha ido agotando de muchas formas”, dice Minjares Baltazar, quien utilizó sus propios recursos para fundar un medio digital independiente llamado La Verdad Juárez.

Estos factores económicos contribuyen a las decisiones de cada periodista, impulsando a que tomen riesgos innecesarios o se abstengan de seguir ciertas historias. “Las empresas no te ofrecen capacitación … entonces tú tienes que diseñar tus propios protocolos de autoprotección”, dice Nava. Un periodista que solicitó anonimato describe cómo mantiene a sus hermanas al tanto de su ubicación cuando sale a reportear. “Son las personas en las que más confío y también porque son mi familia, porque si ocurre algo no quiero que ellas no sepan dónde buscarme”.

Creado en 2015, el mecanismo de protección de la Ciudad de México brinda acceso a una línea de emergencia, supervisión policial y apoyo para la salud mental, incluyendo una clínica del sueño. “Los mecanismos de protección se han vuelto la ventana única de atención para la protección a periodistas en un montón de sentidos, incluido el tema laboral”, dice Tobyanne Ledesma, directora general del mecanismo de protección de la Ciudad de México. “Eso tiene que cambiar porque los mecanismos deberían ser procesos extraordinarios”.

La administración de López Obrador ha propuesto una renovación significativa al mecanismo de protección de México y planea implementar una reforma. Las nuevas iniciativas legales solo serán útiles si el gobierno responde a las necesidades de quienes se dedican al periodismo, dice Pineda Fierro de ARTÍCULO 19, y añade que a menudo se hace uso de las leyes existentes para intimidar. Por ejemplo, 22 estados disponen de leyes que criminalizan la búsqueda u obtención de información sobre seguridad pública, procuración e impartición de justicia o sistema penitenciario, o “halconeo”, como se le conoce en México.

Ante la ausencia de protección institucional, dice Márquez, una gran cantidad de periodistas solo cuentan con la protección de su reputación. “En la medida en que el periodista es autónomo gana prestigio y fuerza. Y por tanto, en teoría, solito constituye un halo de prestigio que lo protege de potencial riesgo”, dice. Para contener la creciente ola de violencia, Márquez enfatiza la necesidad de cooperación entre periodistas de diferentes medios. Si hay varios reportes de un delito, dice, es poco probable que todas las personas involucradas sean asesinadas. Esto podría ir en contra de la lógica competitiva de la industria, pero hasta que el estado priorice la seguridad, dice Márquez, la mejor defensa de las personas que se dedican al periodismo en México podría ser la solidaridad.

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