La impunidad en México: el 93% de los Crímenes No son Denunciados

Illustration by Matt Haney, Global Press Journal

Esta historia fue publicada originalmente por Global Press Journal

Por: Ena Aguilar Peláez, Global Press Journal México

Amanecen pequeños cristales al lado de algunas banquetas por las calles del centro de la ciudad de Oaxaca de Juárez, los rastros que dejan las ventanas rotas de los automóviles estacionados durante algunas horas por la noche.

Esta fue la escena que vivió Sabrina Espinoza una noche al salir de una cena en Oaxaca de Juárez. Al descubrir su auto con dos vidrios rotos y sin el celular que había dejado dentro de la guantera, su mente se nubló y en esa confusión se preguntó, “¿Cómo es posible que supieran que ahí estaba un celular?”. Mientras observaba con sus amigas lo que quedó del suceso, dos policías en moto se acercaron y le explicaron: “Están rompiendo cristales, utilizan una aplicación con la que detectan los aparatos como celulares, computadoras y cámaras que dejan dentro de los autos”. Le explicaron a Espinoza que debía denunciar el incidente frente al Ministerio Público y se alejaron mientras ella se quedaba pensativa sobre lo que tenía que hacer.

Pero Espinoza decidió no arriesgarse a ir sola o con alguna de sus amigas a una agencia del Ministerio Público para presentar la denuncia del robo y los daños a su automóvil. Por un lado, desconocía por completo la dirección del Ministerio Público cercano y el procedimiento de denunciar, aunado a ello la sensación de inseguridad que le resultaba la idea de ir a ese lugar desconocido a las 2 de la mañana.

Angel Serrano, experto en seguridad y justicia en México, explica que a manera de dominio público se piensa que para denunciar solo se necesita de un policía que acuda al lugar del suceso y levante un reporte; pero no es así. “Hacer una denuncia en México es muy complicado; es fundamental hacerlo frente a un agente del Ministerio Público, dentro de sus oficinas”, dice.

La mayoría de los crímenes que se cometen en México no se denuncian; las personas tienen un bajo nivel de confianza en el sistema de justicia. Expertos y académicos estudian esta realidad para proponer posibles herramientas que ayuden desde la sociedad civil a bajar los altos índices de impunidad que existen en el país.

Para poder conocer la cantidad de delitos que se cometen y no son denunciados ante las autoridades, diversos países comenzaron a realizar “encuestas de victimización” en la década de 1970. En México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía llevó a cabo la primera encuesta en 2011.

Al total de delitos cometidos no denunciados se le denomina la cifra negra, es decir, aquellos que han quedado invisibles y no se encuentran en los registros de los ministerios. Son datos de vital importancia para la creación de políticas públicas en temas de seguridad.

Los resultados de la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía durante 2022, revelaron que del total de los delitos cometidos en 2021, 93.2% no se denunciaron o no se abrió una carpeta de investigación por parte de la autoridad, y solo el 1.1% llegó a una resolución.

En México se han creado políticas y leyes para combatir delitos. Sin embargo, Irene Tello, directora al momento de la entrevista de Impunidad Cero, una organización civil que se dedica a estudiar la impunidad en México, explica, “Tenemos muy buenas leyes, pero estas no se aplican, y cuando hay un delito, la gente o no denuncia o cuando denuncia, las autoridades no dan seguimiento a las carpetas de investigación, y al final terminamos teniendo esta sensación de que cometer un delito en este país puede ocurrir y no hay ninguna consecuencia”.

Es un círculo que no se rompe, entre los delitos que no se castigan y los millones que no se denuncian, creándose así el alto grado de impunidad que se vive en el país, dice Tello.

A Lorena Castellanos la asaltaron en las calles aledañas al mercado de abastos en la ciudad de Oaxaca de Juárez; le robaron su dinero y un celular que no ha logrado volver a comprar, pero no denunció. “¿Para qué denuncio? Si nada va a cambiar, nadie me va a regresar mi dinero o mi celular, así como tampoco buscarán a quien me robó. Solo perdería mi tiempo”, dice.

Tello explica que la poca credibilidad de la población hacia las instancias de justicia se enfrenta a una cuestión estratégica y de voluntad por parte de las autoridades. “Las señales que envía o no el Estado desde su sistema penal son muy importantes. Si tú investigas muy bien un caso y lo resuelves, mandas una señal muy clara de que eso no está permitido y generas confianza en las personas para que se acerquen a denunciar”.

“Este grado de insatisfacción y amargura, de ver que no importa qué hagas se siente como si a la autoridad no le importas … por supuesto que es desalentador”, explica Ana Fátima López, abogada que ofrece asesoría gratuita a mujeres que han sufrido violencia.

López explica que su relación con el sistema de justicia es tormentosa. “La promuevo mucho, pero con dolor, sabiendo que quizás pasen hasta ocho horas sin que las atiendan en los centros de justicia, pero, si una sale con una orden de protección de las seis mujeres a las que sugerí acudir, sé que ella cuenta con una herramienta que le puede servir a futuro”.

Ita Bico Cruz, defensora especializada en equidad de género y atención a mujeres que se han visto en situaciones de violencia en la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, un organismo público autónomo, dice que se ha normalizado el que se dude de la información que las personas proporcionan o se les desaliente a denunciar cuando acuden a los Ministerios Públicos.
“Pareciera que no quisieran que las personas denuncien por los malos tratos que reciben. Cuando a la persona que denuncia se le trata mal o se duda de su información, se le está revictimizando”, dice. Es decir, se le está haciendo revivir una situación traumática en lugar de recibir un acompañamiento sólido y amable que podría facilitar en sí el proceso de investigación, añade.

Incluso para las personas que llegan a denunciar, la información sobre los avances de las investigaciones y procesos de sus casos no se encuentran a su alcance, indica Serrano. “Te dan un número de carpeta de investigación, pero no hay mecanismos para darle seguimiento, para saber cuál es el estatus de la investigación, si hay detenidos, si no hay detenidos. Es muy complicado para las personas poder acceder a toda esta información”, dice.

“La procuración de justicia es el cuello de botella del combate a la impunidad”, explica Impunidad Cero en su informe de 2021 sobre el Índice Estatal de Desempeño de Procuradurías y Fiscalías, un análisis que la organización realiza anualmente desde 2017.

El sistema de justicia está compuesto por dos grandes pilares: procuración (procuradurías o fiscalías) e impartición (jueces y magistrados), aunque también existen otros elementos como mediación y medios alternativos de solución de controversias y otras situaciones.

Los factores que afectan el desempeño de la procuración, según el informe de Impunidad Cero, van desde el número reducido del personal en los Ministerios Públicos por 100,000 habitantes, hasta la forma en que se elige cada fiscal por estado (la fiscalía es la institución que dirige y organiza a los Ministerios Públicos al nivel estatal). En su mayoría, los fiscales son nombrados por los gobernadores y congresos locales, “abriendo la posibilidad de que el poder ejecutivo pueda intervenir directamente en las decisiones de las fiscalías, las cuales deberían ser organismos autónomos, para evitar cualquier tipo de corrupción e impunidad”, explica Tello.

En agosto de 2022, el anterior fiscal general del Estado, Arturo Peimbert, en comparecencia ante el Congreso del Estado de Oaxaca, explicó que el rezago en materia de procuración de justicia es ancestral, lo que hizo que los esfuerzos a un año y medio en su cargo fueran insuficientes. Para él la senda hacia una transformación aún es larga y el terreno rudo, ya que proviene de décadas en las que el sistema de justicia ha sido utilizado para poder mantener en el poder a quienes lo ocupan. “El sistema jurídico no ha sido un instrumento de la justicia sino un instrumento del poder político y económico”, dice.

Peimbert, quien antes de ser fiscal general fue titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, explica que desde ahí pudo hacer una primera aproximación al diagnóstico de la situación de la fiscalía a través de diversas investigaciones que derivaron en 15 recomendaciones emitidas por la defensoría, las cuales mostraban problemas centrales como “la inactividad del personal ministerial en la investigación de delitos; la falta de técnica jurídica y criterio al resolver las indagatorias a cargo del Ministerio Público que tenían como consecuencia la inejecución de la acción penal; abuso de poder del personal de la misma fiscalía; carencia de conocimientos jurídicos para la integración de las carpetas de investigación, entre otras”.

Olga Sánchez Cordero, actual senadora y presidenta de la Comisión de Justicia ante la Cámara y anterior secretaria de Gobernación y ministra de la Suprema Corte de Justicia, evalúa que para erradicar los vicios que detienen los procesos en la procuración de justicia, se tienen que tomar dos decisiones: “que exista una seguridad en el empleo de los servidores en la procuración y que sus remuneraciones se nivelen a las de quienes imparten la justicia que son muchísimo más altas”.

El exfiscal Peimbert hizo hincapié sobre la necesidad de que exista autonomía en la fiscalía. “En el ámbito administrativo, se ejerce el presupuesto a través de la Secretaría de Finanzas, lo que claramente puede llegar a ser un mecanismo de control, cuando la mayoría de los trabajadores en contacto directo o indirecto con los casos que se investigan y con la persecución de los delitos son realmente empleados de la Secretaría de Administración”, dice.

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