La tragedia en Ciudad Juárez es una muestra de la inédita estrategia de control migratorio en el país. Nunca en la historia de México se habían detenido a tantas personas migrantes como en el gobierno de López Obrador.

Texto: Alberto Nájar

El de Andrés Manuel López Obrador es el gobierno que más personas migrantes ha detenido en la historia de México.

Datos de la Unidad de Política Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación (Segob) establecen que, del 1 de diciembre de 2018 al 28 de febrero de este año, el Instituto Nacional de Migración (INM) ha capturado a un millón 298 mil 484 migrantes.

La cantidad es mayor al sexenio de Vicente Fox Quesada, cuando se alcanzó la cifra más alta registrada hasta el momento: un millón 89 mil 936 detenidos.

La mayor parte de los capturados por las autoridades son ingresadas a estaciones del INM como la que se ubica en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde un incendio causó la muerte a 39 personas migrantes.

El argumento oficial es que se trata de un procedimiento administrativo por no acreditar su situación migratoria, y que se basa en los artículos 99, 112 y 113 de la Ley de Migración, así como el artículo 222 de su reglamento.

Las estadísticas de la Segob muestran que la tendencia es incrementar el número de migrantes detenidos en territorio nacional.

En 2019, el primer año de ejercicio del actual gobierno, el INM reportó la captura de 182 mil 940 personas.

El siguiente año la cifra disminuyó sensiblemente por la pandemia de covid19, que obligó al confinamiento de todo el planeta. En ese período las detenciones fueron 82 mil 379.

En 2021, cuando reiniciaron las actividades, las personas capturadas por el INM y las Fuerzas Armadas fue de 309 mil 692

El año pasado la cantidad aumentó a 444 mil 439 detenidos. Hasta febrero de 2023 la Unidad de Política Migratoria registra la captura de 36 mil 147 personas migrantes.

En promedio, más de la mitad de los capturados se envían a estaciones migratorias, revelan las estadísticas de la UPM.

Así ocurrió en 2021 cuando el 59.8 por ciento (185 mil 319) fueron confinados en esas instalaciones.

El siguiente período la cifra fue mayor: el 71.6 por ciento de los detenidos (318 mil 660) en 2022 permanecieron un tiempo en estancias migratorias.

Detener a todos los migrantes

La cantidad de personas migrantes que son detenidas en territorio nacional obedece a la estrategia adoptada por el Gobierno Federal desde junio de 2019.

Al inicio de su administración el presidente López Obrador ofreció una política de mayor apertura hacia la migración irregular.

De hecho, uno de los programas anunciados al asumir el cargo fue ofrecer empleo a las personas migrantes que lo pidieran.

Sin embargo, a mediados de 2019 el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con aplicar aranceles de hasta 25 por ciento a las importaciones mexicanas, si no se frenaba la ola de personas sin documentos que llegaba a la frontera sur del país.

A partir de ese momento cambió el escenario. El gobierno de López Obrador estableció el Plan de Migración y Desarrollo de las Fronteras Norte y Sur, para restringir la llegada y salida de personas migrantes.

La estrategia contempla el despliegue mensual de más de 28 mil elementos del Ejército, la Marina y Guardia Nacional, apoyados por todos los elementos del INM.

Los militares y agentes civiles se ubican en por lo menos cuatro anillos de seguridad en el sureste mexicano, y otros dos en la región fronteriza con Estados Unidos.

El objetivo es claro: contener toda la migración. De hecho, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval reconoció la estrategia el 27 de agosto de 2021.

“En la frontera sur de nuestro país se han desarrollado una serie de actividades operativas con diferentes fuerzas donde se tiene personal de la Secretaría de la Marina, personal del Ejército, personal de la Guardia Nacional con apoyo de la Fuerza Aérea”, dijo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

“Todas estas actividades tienen diferentes objetivos, el principal: detener toda la migración, que es uno de los planes que se tienen”, añadió.

En el fondo, lo que se busca es restringir la llegada de personas migrantes a Estados Unidos, como lo reconoció el presidente López Obrador el 7 de septiembre de 2021.

“Si permitimos que transiten al norte de nuestro país para cruzar la frontera, estamos corriendo riesgos, muchos riesgos” dijo en la conferencia de prensa matutina de ese día.

Es la primera vez que un presidente mexicano reconoce abiertamente un propósito de esa naturaleza, y que coincide con una vieja petición de la clase política estadounidense:

Que México sea una especie de muro al flujo migratorio que pretende llegar a Estados Unidos.

Las reacciones, condolencias y deslindes

Durante su conferencia matutina, este martes el presidente López Obrador emitió un mensaje sobre el incendio que acabó con la vida de al menos 40 migrantes en Ciudad Juárez.

«Esto tuvo que ver con una protesta que ellos iniciaron, a partir, suponemos, de que se enteraron de que iban a ser deportados, movilizados. Como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas del albergue y les prendieron fuego, y no imaginaron que esto iba a causar esta terrible desgracia», dijo.

Horas antes, el Instituto Nacional de Migración ya había informado, a través de un comunicado, que interpusieron una denuncia para esclarecer los hechos. También notificaron que se dio vista ala Comisión Nacional de Derechos Humanos para que intervenga en la investigación y proteja las garantías de las y los migrantes.

Mientras tanto, el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, quien se encontraba de gira en Nuevo León, publicó un tweet en el que lamentaba «profundamente los hechos acaecidos en Ciudad Juárez», e informó que ya se encontraba en comunicación con las embajadas de sus respectivos países.

Por otro lado, el secretario de gobernación, Adán Augusto López, también publicó un mensaje en twitter donde, además de enviar un pésame a las familias, enfatizó que migrar no es un delito. Además, informó que espera a «que concluya el peritaje para dar atención puntual a los requerimientos de las autoridades judiciales».

Antes, durante una entrevista con Joaquín López Dóriga, el secretario de gobernación dijo que él no es el encargado de operar el sistema migratorio. «Formalmente es la Secretaría de Gobernación, para asuntos administrativo, pero es Marcelo, el secretario de Relaciones Exteriores quien se encarga del sistema migratorio”.

Por su parte, la embajada de Estados Unidos y el Instituto Guatemalteco de Migración también emitieron comunicados. En Guatemala identificaron que 28 de las personas fallecidas son de ese país. Ambas embajadas aprovecharon la ocasión para recordar «los riesgos de la migración».

Organizaciones condenan muerte de migrantes en Juárez: «La política migratoria en México, mata»

Mediante un comunicado, más de 200 organizaciones, 11 redes y 200 individuos condenaron la tragedia donde al menos 40 migrantes murieron durante un incendio en las instalaciones del INM de Ciudad Juárez.

Para los denunciantes, la responsabilidad de estos hechos recaen en el gobierno Federal, a quien acusaron de tener una «ausencia de protocolos y una política de estado para garantizar los derechos y protección de personas migrantes y solicitantes de asilo».

A la vez, criticaron el mensaje que el presidente López Obrador emitió durante su conferencia matutina del martes, donde aseguró que la muerte de los migrantes derivó de una protesta en el albergue migratorio.

«Las estaciones migratorias, estancias provisionales y demás lugares habilitados bajo la Ley de Migración son centros de detención donde las personas se encuentran privadas de la libertad, incomunicadas, hacinadas y encerradas con candados. Afirmar que lo sucedido es consecuencia de una protesta/motín es especular y revictimizar», aseguraron.

También calificaron de «revictimizantes y criminalizantes» las declaraciones y la investigación que realizan las autoridades del estado de Chihuahua y del municipio de Ciudad Juárez.

Ante esto, las organizaciones, redes y personas que suscriben el comunicado piden, tanto al gobierno Federal, así como al INM, el Congreso de la Unión y el Ayuntamiento de Ciudad Juárez: la destitución del actual comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñéz; que se permita a organizaciones sociales monitorear la investigación; la legislación de la excepcionalidad de la detención por razones migratorias, avanzando hacia su eliminación; y la renuncia inmediata de las autoridades municipales que resulten responsables al extralimitar sus facultades en operativos donde han sido detenidas familias y población adulta.

Y concluyen que: «Las mantas metálicas que cubrieron los cuerpos de personas fallecidas, son símbolo de una política migratoria inhumana, a la cual no se le han impuesto fronteras. Dicha política migratoria en México sostiene un sistema de detención arbitraria, sistemática y violatoria de derechos. La política migratoria en México, mata».