«Se establece una ley general que tiene por objeto la salvaguardia de los elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas y equiparables (…) La salvaguardia se entiende como el conjunto de medidas de carácter jurídico, técnico, administrativo y financiero para la preservación y enriquecimiento de los elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades (…) que incluyen, entre otras acciones, la identificación, documentación, investigación, protección, promoción, valorización, transmisión y revitalización de esos elementos», señala el dictamen aprobado el pasado miércoles.

La Ley General de Salvaguardia, propuesta por los senadores Susana Harp Iturribarría y Ricardo Monreal, del partido MORENA, establece aspectos de la titularidad de los derechos colectivos sobre los elementos de la cultura e identidad, es decir, que serán las propias comunidades las que señalen qué elementos se consideran disponibles a terceros y cuáles no.

También un Sistema Nacional de Salvaguardia que establezca las bases, objetivos y atribuciones de cada orden de gobierno, así como de cada institución integrante del mismo, para proteger estos derechos, un Registro Nacional de Elementos de la Cultura e Identidad como un instrumento que identifique, catalogue, registre y documente las manifestaciones de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades.

Foto: Ángeles Mariscal

E Infracciones y sanciones, con base en la libre determinación y autonomía, para que las comunidades puedan denunciar ante las instituciones del Sistema Nacional de Salvaguardia  conformado por las secretarías de Cultura, de Educación, de Hacienda, de Relaciones Exteriores, Fiscalía General de la República, entre otras; el uso no consentido de los elementos de su cultura.

Establece sanciones a la reproducción, copia o imitación de los elementos de los pueblos indígenas sin autorización, así como incumplir los términos de la licencia otorgada por las comunidades para el uso, aprovechamiento, comercialización o explotación de elementos, serán sancionados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) con multa de 500 a 15 mil unidades de medida y actualización; es decir, de 42 mil 245 pesos a 1 millón 267 mil 350 pesos y de dos a ocho años de cárcel.

Y al que utilice o aproveche –con fines de lucro y sin autorización– elementos de la cultura e identidad de los pueblos y comunidades indígenas se le castigaría con multa de 2 mil a 50 mil unidades de medida y actualización de 168 mil 980 pesos a 4 millones 224 mil 500; y de tres a 10 años de prisión.