¿Cómo son las siete mujeres que mueren al día en México?*

Marcha de mujeres y hombres en San Cristóbal de las Casas.
Foto: Samantha Hernández.

PRIMERA DE NUEVE PARTES

Samantha Páez y Verónica Espinosa

En México 10 mil 10 mujeres fueron asesinadas de 2012 a 2015, siete al día, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información de Salud (Sinais). Pero ¿cómo son estas mujeres a quienes se les privó de la vida? La información de Salud nos permite asomarnos a la realidad nacional, pero también a la de los estados.

Lo primero que salta a la vista al analizar la información del Sinais -elaborada con los certificados de defunción de Salud, actas del registro civil y el cuaderno de defunciones del Ministerio Público- es que en el país una de cada tres mujeres fue asesinada en la vía pública, esto convierte a las calles en el sitio más peligroso para las mujeres.

Después de la vía pública el otro lugar donde más matan a las mexicanas es el hogar: 22.8%. Después le sigue “otro lugar” –que en la estadística no está definido-, con 17.6% y “se ignora”, con 15.4%.

La mayor parte de víctimas de homicidio en la vía pública eran solteras -42.6%- y una de cada cinco tenía de 26 a 40 años. Aunque a nivel nacional el grupo específico más vulnerable son las mujeres solteras de 18 a 25 años.

En cuanto a las asesinadas en sus hogares la mitad -49.4%- vivía en pareja, es decir, su estado civil era casada o en unión libre. Una tercera parte de las mujeres privadas de la vida en sus casas era soltera y una de cada diez, viuda.

Mientras que en la vía pública hubo más homicidios de mujeres con estudios de bachillerato y superiores; en el hogar fueron de mujeres sin escolaridad. Es decir, entre más es el nivel de estudios existe una mayor probabilidad de que a las mexicanas las maten en la vía pública.

Los datos del Sinais también revelan que 39% de las víctimas “no trabaja”, aunque este criterio quizás se deba a que se dedicaban al trabajo doméstico o a que estaban estudiando. A nivel nacional una de cada tres víctimas se empleaba en servicios personales y vigilancia y otro 7.7% al comercio.

¿Qué pasa en los estados?

En los estados se viven realidades distintas a lo que ocurre a nivel país; por ejemplo, en Chiapas, Ciudad de México, Hidalgo, Puebla, Querétaro y Quintana Roo la mayor parte de los homicidios de mujeres ocurren en el hogar. Mientras que en Guerrero, Morelos y Tamaulipas los homicidios de mujeres en la vía pública sobrepasan el promedio nacional.

Las edades, estados civiles y ocupaciones de las víctimas de homicidio también varían de entidad federativa a otra. En algunas se sigue la tendencia nacional de que son las mujeres de 26 a 40 años son las principales víctimas, pero en Oaxaca el rango de edad se eleva y en Chihuahua disminuye; mientras que Tlaxcala es la entidad donde más asesinan a niñas de 0 a 11 años.

Históricamente el Estado de México es donde más se asesina a las mujeres, seguido por Coahuila y Guerrero. Pero a partir de 2013, entidades como Puebla y Baja California pasaron de estar en los últimos lugares a los primeros.

Los homicidios de mujeres nos importan

Sobre esta bandera nacional colocaron cruces con los nombres de mujeres victimas de feminicidio: entre ellas Mara Castilla.
Foto: Samantha Hernández.

Del total de homicidios del país, nueve de cada diez corresponden a hombres y sólo un 12% de los casos es de mujeres. ¿Por qué entonces analizar los asesinatos de mujeres? Porque el 95% de los homicidios, no sólo en México sino en el mundo, son perpetrados por hombres, de acuerdo con el Estudio mundial sobre el homicidio 2013, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Esto casi en consecuencia vuelve a las mujeres víctimas y, según el estudio antes mencionado, la gran mayoría de victimarios son personas cercanas a las mujeres, como sus compañeros íntimos y sus parejas.

En México a partir de 2012 el Código Penal Federal considera como feminicidios los asesinatos de mujeres donde el homicida tenga o haya tenido alguna relación de sentimental, afectiva o de confianza. Aunque ésta no es la única causal, también contempla cualquier signo de violencia sexual; lesiones o mutilaciones degradantes, así como actos de necrofilia; antecedentes de violencia familiar, laboral o escolar; si hubo amenazas, acoso o lesiones previas al homicidio; si la víctima fue incomunicada antes de la privación de la vida, y si el cuerpo de la víctima es expuesto o exhibido en algún lugar público.

Bajo este criterio 385 de los homicidios reportados en el Sinais se considerarían feminicidios, ya que se documentó violencia familiar previa. Los estados que acumulan más casos son: estado de México (58), Colima (37), Guanajuato (23), Ciudad de México (20), Puebla (20), Veracruz (17), Coahuila (16), Michoacán (16) y Oaxaca (16).

De hecho para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según fallo del 2015, todos los asesinatos de mujeres tendrían que ser investigados bajo los protocolos del feminicidio, preservando las evidencias que determinen si se cometen ataques sexuales y realizando las periciales necesarias para conocer si las mujeres estuvieron inmersas en un contexto de violencia.

La justicia que no llega

 Sandra de los Santos

CHIAPAS.- En junio del 2013, Omar Fernando Rosales Toledano, entonces secretario particular del senador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) Luis Armando Melgar, fue detenido por el feminicidio de Viridians Flores Ramírez, de 21 años de edad y con quien sostenía una relación sentimental y había procreado un hijo.

Omar Fernando arrojó el cuerpo de Viridians al puente San Cristóbal ese 2013. Fingió que la joven fue secuestrada y hasta pidió un rescate a sus padres, quienes sospechaban de él porque su hija había sostenido una relación sentimental y lo abandonó por sufrir violencia física. Fernando Rosales Toledano se dio a la fuga, pero fue aprehendido.

Cuatro años después, no ha recibido sentencia y su juicio sigue en proceso pues el inculpado continúa interponiendo amparos, apelaciones y otros recursos legales que han ido retrasando el fallo final.

En Chiapas, 352 mujeres fueron asesinadas de 2012 a 2015, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información de Salud (Sinais), elaborado con los certificados de defunción de Salud, actas del registro civil y el cuaderno de defunciones del Ministerio Público.

La mayoría de mujeres asesinadas –una de cada tres- eran solteras al momento de su muerte como es el caso de Viridians, quien se había separado de Omar Fernando. También una de cada cuatro de las víctimas de homicidio tenían de 18 a 25 años, como Viridians, lo cual coloca a este grupo poblacional como el segundo más vulnerable tan sólo después de las mujeres de 26 a 40 años.

La posición económica de Fernando Rosales Toledano le ha permitido interponer una serie de recursos, legales entre ellos un amparo federal de excarcelación alegando presuntos problemas de salud.

De agosto a octubre de este año, Fernando Rosales Toledano se la pasó internado en un hospital privado de Tuxtla Gutiérrez, uno de los más conocidos y costosos de la capital del estado,  supuestamente por padecer problemas gastrointestinales y con el nervio ciático.

El juez quinto federal José del Carmen Constantino Avendaño otorgó un amparo al feminicida para que pudiera ser excarcelado y ser atendido en el sanatorio particular, lo que fue denunciado públicamente por la familia de Viridians. Hace unas semanas lograron que regresara a la cárcel para continuar con su proceso legal.

Mujeres con consignas y cruces rosas salieron de las oficinas de la SEDEM hacia la FGE de Chiapas.
Foto: Andrés Domínguez

Los datos del Sinais revelan que la mayor parte de las mujeres –seis de cada diez- que sufrieron previamente violencia fueron asesinadas en sus hogares; es decir, en un lugar privado.

El hogar es uno de los sitios más peligroso para las chiapanecas, ya que a una de cada cinco la matan allí. En la vía pública son asesinadas del 30 a 40% de las mujeres y en otro lugar –como puede ser un hotel- el 15%, tal cual ocurrió con Viridians.

El grupo más vulnerable ante un homicidio, según la información de la Sistema Nacional de Información de Salud, es el de las mujeres que viven en unión libre y tienen de 26 a 40 años de edad. Asimismo las mujeres que no trabajan y con estudios de secundaria son las que mayor riesgo corren de ser asesinadas en el estado.

Los padres de Viridians han tenido que salir a los medios de comunicación en más de una ocasión para denunciar la forma en que se ha llevado el proceso del feminicida confeso. Es la segunda ocasión que ha logrado un amparo de excarcelación por supuestos problemas de salud. El temor de la familia es que logré escaparse cuando está fuera de la cárcel.

En septiembre del 2014 los familiares denunciaron que el juez Julio César Morales Ríos aceptó llevar a cabo la reconstrucción del crimen, a petición del acusado, con el cuerpo de un cerdo. La diligencia fue suspendida ante la indignación de la familia y la ciudadanía por no respetar Ley de Víctimas, que establece que éstas deben ser tratadas, aun cuando haya fallecido, con humanidad y respeto a su dignidad.

La familia de la joven ha seguido durante estos cuatro años todo el proceso legal del feminicida de su hija para vigilar que no use sus influencias para lograr una pena más ligera.

 A un año de la declaratoria de la alerta de género

De manera simbólica colocaron el nombre de las mujeres que han sido victimas de feminicidio tanto en Chiapas como en México.
Foto: Joselin Zamora.

El 18 de noviembre del 2016 la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) declaró alerta de género para siete de los 122 municipios de Chiapas: Comitán, Chiapa de Corzo, San Cristóbal de las Casas, Tapachula, Tonalá, Tuxtla Gutiérrez y Villaflores, y ordenó que se implementen acciones específicas que atiendan la violencia de género contra las mujeres indígenas que viven en la región Altos del estado.

A un año de la declaratoria, el gobernador del estado Manuel Velasco Coello no ha reconocido  de forma pública la Alerta y no se han  implementado medidas claras y efectivas para atenderla; así lo han denunciado en diversas ocasiones las organizaciones peticionarias, quienes el mes pasado se retiraron de las mesas de trabajo para la ejecución de la alerta por considerar que había “simulación en el proceso”.

La  “Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas”, la cual da seguimiento a la AVG, señaló que la decisión la tomaron ante el hecho de que las autoridades continúan sin propuestas ni acciones concretas para cumplir las medidas que contempla la alerta.

Señalaron que el gobernador del estado ni siquiera ha podido reunir a los alcaldes de los municipios indígenas de la región Altos de Chiapas para hablar sobre cómo se acatará la Alerta.

Martha Figueroa, del Colectivo de Mujeres de San Cristóbal, consideró que la alerta se debió de declarar para todo el estado y no sólo en siete municipios, ya que la solicitud fue hecha para proteger a las mujeres de todo el estado,  pues los 122 municipios presentan situaciones similares.

Las medidas que se le ordenaron al Estado de Chiapas son:

• Resolver los casos de violencia contras las mujeres y feminicidios.
• Determinar una medida de reparación simbólica para las mujeres por los feminicidios.
• Acatar la norma 046, que habla sobre la violencia familiar y sexual contra las mujeres.
• Fortalecer el centro de justicia para las mujeres y la Secretaría para el Desarrollo y el Empoderamiento de las Mujeres (Sedem).
• Generar campañas en contra de la violencia machista.
• Capacitar a las y los servidores públicos y personal de salud.

Todas las medidas son complementarias, no excluyentes.

A diferencia de otros estados en donde el principal argumento de parte de las organizaciones para declarar la alerta ha sido el número de feminicidios, en Chiapas las agrupaciones solicitantes argumentaron fundamentalmente la violencia estructural que existe en contra de las mujeres.

El gobierno de Chiapas, representado por la Sedem, se había negado a la declaratoria de alerta de violencia género.

Las organizaciones peticionarias insistieron al gobierno de Chiapas en que es necesario reconocer la situación de desigualdad en la que viven las mujeres en el estado y que esas condiciones son las que están poniendo en riesgo su vida.

*Éste es un trabajo colaborativo en el que participaron nueve estados y que fue coordinado por la Red Nacional de Periodistas.