Crean grupo de trabajo entre autoridades y sociedad civil para atender a población refugiada en México

Migrantes en México Foto: @MMMesoamericano

El Gobierno mexicano se compromete a establecer un espacio de diálogo abierto entre autoridades vinculadas a la agenda de asilo y a actores de la sociedad civil para desarrollar propuesta que mejore la atención a la población refugiada en México. 

En 2016, 91.6% de las solicitudes de asilo recibidas en México fueron presentadas por personas del Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA), quienes se ven obligadas a huir de la violencia y la persecución.

El día de hoy se celebró ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la primera audiencia sobre los derechos humanos de las personas solicitantes de asilo y refugiadas en México, a petición de Asylum Access México, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, el Programa de Derechos Humanos, el Programa de Asuntos Migratorios y la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, la Casa del Migrante de Saltillo, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría, el Servicio Jesuita a Migrantes México y Sin Fronteras IAP, –a la luz de los retos y obstáculos que aún debe atender el Estado mexicano a fin de garantizar el derecho al asilo, tanto en sus aspectos procedimentales como los relativos a la integración local de las personas refugiadas.

En el marco de esta audiencia el Gobierno mexicano se comprometió a establecer un espacio de diálogo abierto entre autoridades vinculadas a la agenda de asilo y a actores de la sociedad civil para desarrollar propuestas que mejoren la atención a la población refugiada en México. Las organizaciones e instituciones participantes celebramos esta propuesta y buscaremos detectar áreas de mejora y fortalecimiento en los procedimientos, que abarcan, desde la identificación de solicitantes hasta los procesos de integración. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos brindará acompañamiento, a través de su Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes.

Es importante mencionar que, en el año 2016, 91.6% de las solicitudes de asilo recibidas en México fueron presentadas por personas del Triángulo Norte de Centroamérica (TNCA), quienes se ven obligadas a huir de la violencia y la persecución. Cada vez más las familias refugiadas que huyen de estos países manifiestan ver 2 a México como un país de destino y no como un país de tránsito, lo que requiere, en el corto plazo, asegurar condiciones adecuadas para recibir y atender a esta población. Lamentablemente entre el 2013 y el 2016 sólo el 30% de las y los solicitantes fueron reconocidos como refugiados.

En este contexto, hay grupos de personas que están siendo especialmente afectados: niñas y niños acompañados y no acompañados en riesgo de ser reclutados por las maras y otras organizaciones criminales; dueños y empleadores de pequeños y medianos negocios (quienes sufren extorsión); testigos de crímenes graves; personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersex (LGBTI); mujeres, entre otros, que huyen principalmente de las maras, frente a la incapacidad y/o falta de voluntad de sus gobiernos para ofrecerles protección.1

A pesar de dicha situación, la respuesta del gobierno mexicano ha sido reforzar su estrategia de seguridad interna y externa, a partir de un enfoque que no ha sido compatible con un enfoque de derechos humanos. Lejos de diseñar e implementar un programa de “Fronteras Solidarias y Seguras”, como lo establece la Declaración del Plan de Acción de Brasil, y a pesar de la creciente necesidad de protección a personas provenientes de Centroamérica y de otras partes del mundo, el Estado mexicano sigue privilegiando una política de detección, detención y expulsión expedita al país de origen de las personas en situación migratoria irregular.

Aún prevalecen diversos retos para que las personas refugiadas puedan acceder al procedimiento de asilo con debido proceso y sigue sin implementarse una política pública de integración local para que quienes sí son reconocidos puedan acceder a derechos económicos, sociales y culturales, en lugar de permanecer en la precariedad.

Por otro lado, para aquellas personas que logran ser reconocidas como refugiadas o con la Protección Complementaria, al día de hoy, México no ha tomado medidas suficientes para brindar la asistencia institucional que, por ley, le corresponde. Ante tal abandono, reanudar una vida normal resulta para un refugiado un reto inmenso. Los programas de gobierno no han estado a la altura de los grandes problemas en cuanto acceso y garantía de derechos económicos, sociales y culturales. Y ello se debe a que esos contados programas públicos son aislados y, algunos de ellos, apenas coyunturales. Esto no está logrando poner fin al ciclo del desplazamiento para el refugiado, sino al contrario: lo está obligando a buscar protección, de nuevo, en otro país.

En esta oportunidad las organizaciones civiles e instituciones universitarias que participamos en estas audiencias, solicitamos de manera urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo siguiente:

• Exhortar al Estado mexicano a integrar inmediatamente a la población refugiada y beneficiaria de protección internacional dentro de los planes, programas y proyectos sociales en igualdad de condiciones; así como a la creación de políticas públicas de integración específicas para población refugiada, que incluyan metas e indicadores claros y verificables, que permitan evaluar niveles de inclusión social, cultural y económica. Igualmente implementar mecanismos de seguimiento y evaluación, donde se incorpore la participación y liderazgo en la conducción de dependencias como Desarrollo Social, Trabajo y Salud, en cumplimiento a las obligaciones establecidas por los acuerdos SEGUNDO y TERCERO del Decreto de creación del órgano intersecretarial denominado Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

• Exhortar a los Estados Unidos Mexicanos, a otorgar la protección más amplia de los derechos fundamentales, conforme a los estándares internacionales a los solicitantes de asilo, específicamente el derecho al ingreso al territorio nacional y no devolución mediante herramientas de identificación de perfiles de perfiles de personas con necesidad de protección internacional y el derecho a la libertad individual, particularmente en zonas de frontera, por parte de todas las autoridades facultadas para efectuar detenciones migratorias. Para la consecución de este fin proponemos la implementación de la Herramienta para identificar la vulnerabilidad diseñada por la Coalición Internacional contra la Detención.