Guatemala endurece su política migratoria, con asesoría de Estados Unidos

Frontera Chiapas con Guatemala. Foto: IIván Castaneira

Por Agencias

Guatemala. Guatemala aprobó una reforma migratoria sin precedentes que castiga el tráfico de personas con hasta 13 años de cárcel, con la que espera combatir a los llamados «coyotes» que cada año ayudan a miles de ilegales en su viaje hacia Estados Unidos.

Tras más de un año de discusiones, el Congreso aprobó la tarde del jueves cambios a la Ley de Migración que busca evitar crisis como la de 2014, cuando miles de niños no acompañados desbordaron la frontera sur estadounidense buscando reunirse con sus familias.

El nuevo texto legal aumenta las penas por tráfico de personas -incluyendo a los centroamericanos, algo que hasta ahora no era delito- a entre seis y ocho años de prisión, que puede llegar a hasta 13 años en caso de que se trate de menores de edad, mujeres embarazadas o se maltrate a los migrantes.

«Se podrá castigar a esas bandas que en su mayoría lucran con el migrante y además los hacen traficar dinero, drogas y armas. Este es un crimen transnacional que no teníamos legislado», dijo Jean Paul Briere, presidente de la comisión del migrante del Congreso, donde fue aprobada por los 118 legisladores presentes de los 158 que componen la cámara.

Además, se castigará con multas de hasta 50 mil dólares la entrega de documentos falsos a los migrantes y a aquellos que paguen a traficantes para conseguir trabajadores ilegales, en un intento por atacar las finanzas de estas mafias.

Briere dijo que la ley es parte del compromiso del país con la «Alianza para la Prosperidad«, un multimillonario plan apoyado por Estados Unidos que busca frenar la masiva migración desde El Salvador, Guatemala y Honduras, una de las zonas más pobres y violentas del planeta conocida como el Triángulo del Norte.

«Es una muestra del compromiso de Guatemala con Estados Unidos en aras del Plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. La coyuntura sobre el éxodo de niños migrantes ayudó a que se aprobara más rápido», dijo el diputado.

La llegada a Estados Unidos el año pasado de decenas de miles de inmigrantes ilegales desde Honduras, Guatemala y El Salvador -incluyendo a más de 60 mil niños que viajaban sin sus padres- causó alarma en el país y generó un importante problema político al presidente Barack Obama.

Aunque la ley fue bienvenida por organizaciones de migrantes, también advirtieron que las nuevas sanciones no solucionarán las causas de la migración y podría encarecer las tarifas de los «coyotes».

«Cuando algo es ilegal los precios suben y la práctica se vuelve más invisible», dijo Alejandra Gordillo, secretaria del Consejo Nacional de Atención al Migrante de Guatemala. «Esto va a modificar el ‘modus operandi’ del coyote, a quien la gente lo identificaba en la comunidad, hasta habían algunos que se anunciaban sus servicios en radios comunitarias», auguró.