Más dinero para resguardar frontera sur, nada para mujeres migrantes

Mujeres migrantes en ruta. Foto: Moysés Zúñiga/Chiapas PARALELO

Por Angélica Jocelyn Soto Espinosa/Cimacnoticias

Por segundo año consecutivo, y pese a la insistencia de grupos civiles para que se destinen recursos específicos para atender a las mujeres migrantes, de nuevo el Ejecutivo federal no asignó recursos etiquetados con este fin en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2016 (PPEF), entregado a la Cámara de Diputados.

Al contrario, de acuerdo con el PPEF 2016 se desprende que el presupuesto para la atención de personas solicitantes de refugio va a la baja año con año, y que la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur –dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) y que aplica las políticas de control migratorio que se endurecieron desde julio de 2014 con el Plan Frontera Sur– seguirá teniendo recursos.

Según los datos del PPEF 2016, que este martes 8 de septiembre el Ejecutivo federal entregó a la Cámara de Diputados, en el apartado de “Atención a refugiados en el país” (correspondiente al Ramo 4) se especifica un monto de 22 millones 529 mil 254 pesos para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), de la Segob.

Esa cifra representa 2 millones 778 mil 829 pesos menos que lo que se destinó para el mismo fin en 2015, cuando el presupuesto también se redujo por más de 300 mil pesos con respecto a 2014.

Igualmente, la Unidad de Política Migratoria (instancia de la Segob que trabaja con organismos civiles para desarrollar estrategias de atención a migrantes) presentó un recorte de más de 10 millones de pesos (mdp), al pasar de 62 millones 876 mil 173 pesos a 51 millones 906 mil 180 pesos.

Se suma que el anexo presupuestal previsto desde el año pasado por grupos civiles a fin de ejecutar el Programa Especial de Migración (PEM) –que se implementó sin recursos etiquetados desde 2014– de nuevo no aparece en el PPEF 2016.

Además, ninguna dependencia de gobierno encargada de operar las líneas de acción del PEM –con estrategias puntuales para proteger los Derechos Humanos (DH) de las mujeres migrantes–, como el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Secretaría de Salud, contó con presupuesto etiquetado para la atención exclusiva de personas migrantes en condición de vulnerabilidad.

Destaca, por el contrario, que en el PPEF 2016 se etiquetaron 93 millones 906 mil 180 pesos para la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, instancia que de acuerdo con declaraciones de su titular, Humberto Mayans Canabal, dejaría de existir este mes de septiembre.

Cabe recordar que esa Coordinación, que se creó en 2014 con un presupuesto de 102 millones 11 mil 743 pesos, fue duramente criticada por organizaciones civiles por su intención de evitar que las y los migrantes viajen en el tren de carga conocido como “La Bestia” –que viene desde la frontera sur en dirección hacia Estados Unidos–, al argumentar una “modernización” de este sistema de transporte.

Los grupos civiles aseguraron que tal Coordinación estaba vinculada con el Plan Frontera Sur –que Enrique Peña Nieto presentó en julio de 2014 sin ningún plan de trabajo específico conocido hasta ahora–, con el que aumentaron los operativos migratorios, las violaciones a DH, y se duplicó la deportación de mujeres.

Sin atención a violencia sexual

La falta de recursos etiquetados para atender a la población migrante preocupa a las organizaciones ciudadanas, que exigen a las instituciones de gobierno que garanticen que parte de sus recursos se ejerzan para la atención integral de mujeres víctimas de violencia sexual.

Así lo expresaron integrantes de Sin Fronteras y del Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Y es que las y los expertos llevan más de cuatro años trabajando en un Modelo de Atención para Mujeres Migrantes Víctimas de Violencia Sexual en México, que plantea diversas estrategias para que la población migrante que es atacada sexualmente reciba de manera oportuna la atención psicológica, médica y jurídica que requieren, pero de acuerdo con su condición de tránsito irregular.

No obstante, a fin de que ese modelo no represente un gasto para los albergues de la sociedad civil –que de por sí adolecen de personal y recursos–, grupos como el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde Social) planean que las víctimas sean canalizadas a los diferentes centros de salud o de justicia, los cuales deben suministrarles medicamentos sin restricción, prestarles atención psicológica especializada, y brindarles orientación jurídica en caso de que deseen iniciar un proceso penal.

Karla Silvia Meza Soto, subcoordinadora de Vinculación de Sin Fronteras, criticó que el Ejecutivo federal y el Congreso de la Unión dar largas a la definición de un presupuesto etiquetado al PEM; situación que se vería aún más complicada para 2016, ya que el recorte presupuestal anunciado de 200 mil mdp mermaría aún más el gasto público para atención migratoria.

Mientras, las instituciones de gobierno –observó Meza Soto– tienen la obligación de prestar toda la atención que requieran las personas migrantes en tránsito, principalmente quienes estén en condición de vulnerabilidad, sin ponerles trabas por la falta de documentos oficiales o por su nacionalidad.

Genoveva Roldán Dávila, investigadora del IIE de la UNAM –con amplios estudios sobre los efectos de las remesas en las comunidades–, recriminó que el gobierno federal no cuente con un registro oportuno del número de mujeres migrantes atacadas sexualmente en el país, y que los únicos datos disponibles hasta ahora sean la estimación de Amnistía Internacional de 2014, de que seis de cada 10 mujeres en condición de migración son agredidas sexualmente durante su tránsito irregular.

Roldán Dávila lamentó que el endurecimiento de los controles migratorios signifique un retroceso en el trabajo de las y los activistas que han participado en la elaboración del Modelo de Atención a Víctimas, ya que se mina la confianza de las migrantes en las instancias de gobierno, inhibe la denuncia, y propicia que las mujeres tomen rutas más riesgosas al evadir los albergues y esconderse aún más de la autoridad migratoria.