Prepara Ejecutivo salida represiva contra movimiento por los 43

Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Familiares y compañeros de los 43 normalistas desaparecidos el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, exigieron al gobierno federal que frene la criminalización y los actos represivos en su contra, los cuales –advirtieron– forman parte de una estrategia para debilitar el movimiento pacífico.

En conferencia de prensa hoy en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Comité Estudiantil de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, y familiares de los estudiantes denunciaron amenazas y agresiones por parte del gobierno federal.

Acusaron que desde noviembre pasado perciben un “clima de endurecimiento” por parte de las autoridades federales como parte de una estrategia para desarticular el movimiento civil que se está gestando.

Vidulfo Rosales Sierra, abogado de Tlachinollan (principal defensa legal de las familias de Ayotzinapa) informó que el pasado 14 de noviembre cinco policías federales en estado de ebriedad agredieron a 12 normalistas que estaban instalando vallas para que pudiera llevarse a cabo el concierto “Una luz por Ayotzinapa”, que darían algunos grupos en solidaridad con el movimiento.

Luego de estas agresiones, los elementos de seguridad fueron a su hotel, regresaron con más agentes y agredieron a los normalistas y lesionaron gravemente a 14 personas.

Rosales también denunció que desde el pasado 9 de diciembre la representación legal de las familias, así como las organizaciones civiles que están acompañando al movimiento, están siendo observadas por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), quienes ya los tienen “fichados”.

Además, Ernesto Cruz, estudiante de la UNAM que estuvo acompañando a las familias durante el mes de octubre, fue agredido por policías federales con armas no letales.

A esto se suman las detenciones arbitrarias en el Distrito Federal de jóvenes que participaron en las marchas de los pasados 20 de noviembre y 1 de diciembre, como parte de las Jornadas de Acción Global en Apoyo por la aparición con vida de los estudiantes desaparecidos.

La postura del gobierno –alertó Vidulfo Rosales– a través de Enrique Peña Nieto, titular del Ejecutivo federal; Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, y Vidal Francisco Soberón Sanz, secretario de Marina (quienes aseguraron que de seguir las manifestaciones usarán la fuerza pública y señalan que las familias de los normalistas están siendo manipuladas), dejan ver el desinterés del gobierno por encontrar a los estudiantes y, por el contrario, criminalizar esta protesta.

Rosales señaló que “se avizora una salida violenta y represiva a la crisis política y social que está padeciendo el país por la desaparición forzada de los 43 normalistas”.

Y dijo que las agresiones del fin de semana pasado son una clara provocación para criminalizar el movimiento y endurecer una política represiva. Ahora –advirtió– el gobierno federal “tiene el gran pretexto para realizar una salida violenta”.

Felipe de la Cruz, padre de uno de los 43 estudiantes desaparecidos y vocero de las familias, informó que el gobierno está buscando desmembrar su movimiento porque “se le está desbordando esta situación”.

Pidió respeto a la vida y que se preserve la integridad física de estudiantes y padres de familia, ya que pese a estas agresiones no planean detener las manifestaciones hasta dar con el paradero de sus hijos.

Recalcó que “no va a haber vacaciones para nosotros, ni tampoco para ellos. Todo eso en vez de intimidarnos nos llena de coraje y de rabia”.

Agregó que el gobierno federal deberá esclarecer los hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, y tiene que abrir una línea de investigación en contra del Ejército, que debe declarar por qué no intervino si estaba informado sobre los vínculos del narcotráfico con el gobierno municipal.

De la Cruz llamó al Ejecutivo federal –a quien definió como un “presidente insensible al dolor”– para que permita a los familiares movilizarse de manera pacífica como habían previsto con la “Jornada Decembrina en Apoyo a Ayotzinapa”.

Las familias, Tlachinollan y el Comité Estudiantil pidieron que no se les agreda, ya  que forman parte de las víctimas e hicieron responsables al gobierno federal de todo lo que pueda pasarles.