Insuficientes acciones de Peña Nieto contra desapariciones
Organizaciones civiles exigieron al gobierno mexicano que implemente acciones inmediatas para prevenir y erradicar las desapariciones en México, y criticaron que el titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, no anunciara al cierre del año medidas suficientes e integrales para hacer frente a las demandas sociales en la materia.
Con motivo de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos este 10 de diciembre, grupos civiles –como Asociadas por lo Justo (Jass, por sus siglas en inglés) y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm)– criticaron en un pronunciamiento público que las medidas anunciadas el pasado 27 de noviembre por el Ejecutivo son insuficientes para esclarecer las más de 23 mil 605 desapariciones en México.
Los organismos exigieron al gobierno que nunca más se repitan las graves violaciones a Derechos Humanos (DH) que los días 26 y 27 de septiembre cometieron policías municipales y el grupo criminal “Guerreros Unidos” en contra de estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, que al día de hoy siguen desaparecidos.
También urgieron al Ejecutivo a mejorar y hacer funcionar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas (RNPED), además de contar con bases de datos genéticos y forenses.
Las organizaciones civiles criticaron que el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas No Localizadas –compromiso número 8 del “decálogo” de Peña Nieto a propósito de sus dos años de gestión– no se presentó como una política integral.
Lamentaron que el Ejecutivo no anunciara un Plan Nacional de Búsqueda en Vida para que los distintos ámbitos de gobierno coordinen acciones de búsqueda e investigación inmediatas de personas desaparecidas.
Tampoco señaló ninguna medida para fortalecer las labores periciales cruciales (antes de las primeras 72 horas) para la investigación sobre el paradero de las personas desaparecidas; y no mencionó medidas para generar información fiable, pública y transparente.
Además –abundaron– no se dijo algo sobre alguna solicitud del Ejecutivo al Senado para que se reconozca la competencia del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para que las acciones se apeguen a lo establecido en la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones
El Ejecutivo tampoco se pronunció porque la Ley General sobre Desaparición Forzada incorpore la participación de las víctimas y de la sociedad civil, ni se incluyó este tema en los foros que a solicitud del Ejecutivo organizará el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
No se anunció la creación de una comisión civil que revise, corrija y actualice el informe final de la hoy extinta Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).
Las organizaciones lamentaron que el Ejecutivo haya trasladado la agenda de DH al Poder Legislativo, ya que –según dijeron– aún hay incontables asuntos pendientes en la administración pública federal.
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