INM demanda a sacerdote defensor de los derechos de migrantes

Fray Tomás González Castillo , activo defensor de los derechos de las y los migrantes. Foto: Saúl Kak/ Chiapas PARALELO.

Fray Tomás González Castillo, director del albergue para migrantes “La 72”, fue demandado penalmente por Santiago Castro Rodríguez delegado en Tenosique del Instituto Nacional de Migración (INM). Lo acusa de haberlo sujetado y “arrastrado” en su auto.

“Esta denuncia inverosímil y falsa, es parte del alarmante incremento de la persecución y violenta criminalización del INM hacia las personas migrantes y a quienes desde La 72, Hogar -Refugio para Personas Migrantes, les asistimos humanitariamente”, denunció Fray Tomás.

Sin embargo, a fin de exigir que se aclaren las acusaciones, el sacerdote acudió a rendir su declaración ante la Agencia del Ministerio Público de la Federación ubicada en la Delegación de la PGR en Tenosique Tabasco, quien tienen iniciado el proceso PGR/TAB/TEN/460/D/2014, por el delito de lesiones.

Santiago Castro refiere en su denuncia que el 29 de septiembre de este año “al saludar cordialmente a Fray Tomás González que se encontraba en su camioneta este le sujetó la mano, y arrancó la camioneta, arrastrándolo por más de 100 metros”.

Fray Tomás denunció que esta acusación es parte de la campaña de agresiones y hostigamiento que mantiene el INM para evitar que de denuncien los abusos cometidos contra migrantes que cruzar por México.

“Desde hace 10 años se ha documentado ampliamente la participación sistemática de agentes del INM en hechos delictivos, entre otros, extorsión, robos, lesiones y otros delitos contra personas migrantes cometidos por los propios funcionario en acciones que han puesto en grave riesgo la vida e integridad de quienes atraviesan este país. Estas acciones se han recrudecido en el marco de la implementación del Plan Frontera Sur por parte del gobierno federal”, detalló.

Actualmente Tomás González Castillo y quienes colaboran en La 72 cuentan con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos las que obligan al estado mexicano a proteger su vida e integridad de los defensores; lo que no ha cumplido el gobierno.