Nace Frente en defensa de la libertad de expresión y la protesta social en México

Durante la presentación del informe Control del espacio público: informe sobre retrocesos en las libertades de expresión y reunión en el actual gobierno, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos anunciaron la creación del Frente por la Libertad de Expresión y Protesta Social.

La nueva organización que nace en medio del intento por parte del Estado de restringir derechos humanos fundamentales y de criminalizar la protesta social tiene como objetivo vigilar las iniciativas legislativas que restrinjan la libertad de expresión en cualquiera de sus manifestaciones.

En el informe que presentaron en conferencia de prensa se documentan iniciativas de ley que se han presentado y aprobado, que buscan inhibir y limitar derechos básicos de los ciudadanos mexicanos, tales como la libertad de expresión, protesta, reunión y asociación.

El documento señala a manera de ejemplo el caso de legislaciones presentadas en el Congreso Federal para regular manifestaciones, así como en los congresos locales de San Luis Potosí, Quintana Roo, Jalisco y el Distrito Federal donde se ha iniciado a construir un andamiaje para criminalizar la protesta social, violentando tratados internacionales de derechos humanos y la propia Constitución Mexicana.

El nuevo Frente asegura que es verdaderamente preocupante el cerco a las libertades democráticas que se han construido desde el Estado para violentar derechos en las calles.

“Como resultado del informe, identificamos acciones violatorias de derechos por parte del gobierno, tales como la censura previa al establecer avisos o permisos para reuniones públicas, la posibilidad de disolver las marchas si bloquean un edificio de gobierno o una vía pública, una sobre burocratización para ejercer derechos en el espacio público, la criminalización del simple aspecto o forma de vestir de las personas, y el aumento desproporcional de penas para delitos relacionados con concentraciones”, manifestaron.

También advierte que la misma situación se intenta aplicar con internet:

“El Estado se arroga la posibilidad de limitar comunicaciones electrónicas en sitios donde se considere esté en riesgo el orden o seguridad nacional, entre otras. Este tipo de legislaciones vulneran, coartan y restringen el ejercicio de los derechos humanos de las personas y pueblos, y buscan criminalizar la protesta social en todas sus expresiones.”

Asimismo, se evidenció que la criminalización directa o expresa a través de legislaciones que regulan los espacios públicos de manera prohibitiva, o bien, a través de legislación que criminaliza de manera indirecta la protesta sociales, se llevan a cabo mediante la legislación penal o del orden de la seguridad nacional que eventualmente podría ser usada para criminalizar a movimientos sociales.

Es el caso de las reformas al Código Penal en materia de terrorismo, la geolocalización en el Código Nacional de Procedimientos Penales, y la inminente aprobación de la Ley reglamentaria del artículo 29 constitucional en materia se suspensión de garantías.

Ante este panorama, las organizaciones participantes dieron a conocer que han impulsado distintas acciones legales y públicas con la finalidad de detener esta intención del Estado de criminalizar la protesta.

Desde octubre de 2013, hicieron del conocimiento de esta situación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Relatoría de Libertad de Expresión de la ONU y el pasado lunes 7 de abril pidieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que promoviera una acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma penal en materia de terrorismo, por considerar que facilita la inhibición de derechos y la criminalización movimientos sociales.

Como primera actividad del Frente, se anunció la campaña #QueNoTeApaguen, mediante la cual se buscará informar y concientizar a la sociedad sobre las pretensiones del Estado para limitar la protesta social, a partir de documentos de análisis, gráficos y audiovisuales.

Las organizaciones que participarán en esta nueva organización en defensa de los derechos humanos son: Artículo 19; el Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria OP”, A.C.; el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C.; el Colectivo de Abogadas y Abogados Solidarios CAUSA.; la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C.; Fundar Centro de Análisis e Investigación, A.C.; el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A.C.; Propuesta Cívica, A.C.; Servicios y Asesoría para la Paz, A.C.; y la Red de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos”, A.C.