Minera canadiense y gobierno violan DH de habitantes en San José del Progreso, Oaxaca

Más de una decena de violaciones a los derechos humanos han cometido en la comunidad la empresa canadiense Fortuna Silver Mines

Minera canadiense y gobierno violan DH de habitantes en San José del Progreso, Oaxaca

En el marco del segundo aniversario de los asesinatos de Bernardo Méndez Vásquez y Bernardo Vásquez Sánchez, veinte organizaciones de la sociedad civil mexicana e internacionales presentaron el informe “JUSTICIA PARA SAN JOSÉ DEL PROGRESO”, generado a partir de una Misión Civil de Observación de Derechos Humanos realizada a finales de 2012 y actualizado a la fecha. El informe documenta más de una decena de violaciones a los derechos humanos en la comunidad, por parte de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines, así como de los gobiernos oaxaqueño y federal, luego de la imposición de un proyecto minero. La población, a consecuencia de la minería, ha sufrido las violaciones: al derecho a la vida, al consentimiento previo, libre e informado; al respeto a la propiedad colectiva e integridad del territorio; a la libre determinación, a un medio ambiente sano, de asociación y reunión, de las defensoras y defensores de derechos humanos y a la administración de justicia (por mencionar algunos).

Recomendaciones

La Misión Civil de Observación de Derechos Humanos, concluye con un conjunto de recomendaciones al gobierno federal, estatal y municipal, como ponderar los derechos de los ciudadanos y ciudadanas sobre los derechos e intereses de las empresas mineras y garantizar el derecho a la vida, integridad física y psicológica de la Población de San José del Progreso. Por otro lado, recomienda a la Secretaría de Economía cancelar las concesiones mineras Progreso, Progreso II, Progreso II Bis y Progreso III, mismas que fueron otorgadas sin la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los habitantes de San José del Progreso.

A las autoridades estatales se les pide que asuman un papel activo en la defensa de los ciudadanos y ciudadanas que enfrentan violaciones a sus derechos humanos por la instalación de megaproyectos en sus territorios, interviniendo en el monitoreo, revisión e interposición de recursos legales para la revocación de concesiones mineras y autorizaciones de Evaluación de Impacto Ambiental otorgados por el Gobierno Federal que no cumplan con las formalidades legales establecidas en las leyes mexicanas y acuerdos internacionales.

Asimismo, concluye con denuncias dirigidas al gobierno de Canadá en las cuales recomienda implementar medidas efectivas, legislativas o de otra índole para asegurar que las empresas mineras canadienses sean llamadas a responder ante el sistema de justicia canadiense por violaciones a los derechos humanos cometidos fuera de su territorio.

El caso de San José del Progreso es un ejemplo de imposición de proyectos a través de la violencia que se vive en muchos estados de la República mexicana. En el caso de Chiapas, se puede señalar toda la lucha en contra de la minera canadiense Blackfire Exploration en el municipio de Chicomuselo, en el cual se opera el mismo modelo y donde fue asesinado Mariano Abarca en 2009.

En Chiapas

Desde 2008, se han organizado múltiples acciones para frenar la actividad minera en el municipio de Chicomuselo, advirtiendo que las minas impactan de forma negativa el medio ambiente y la salud de las personas que habitan en las zonas donde hay extracción. Existen 16 concesiones en el municipio, explotación minera de barita, oro y antimonio, por parte de la compañía canadiense Blackfire Exploration. El 14 de mayo de 2009, las poblaciones que comprende el municipio de Chicomuselo acordaron por mayoría de votos “no permitir la entrada de empresas mineras que buscan perjudicar sus tierras y poner en riesgo la vida de sus habitantes”.

Como consecuencia de las movilizaciones que demandaban el cierre de la explotación minera, es asesinado en 2009 el activista Mariano Abarca Robledo de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). Por dicho asesinato, el gobierno estatal clausuró las actividades mineras que se iban desarrollando. Sin embargo, permanece vigente el permiso de extracción y se ha señalado, en meses recientes, el interés de algunos actores en reactivarlas.

Incidentes

En octubre de 2010, el párroco del municipio de Chicomuselo, Eleazar Juárez Flores, fue amenazado de muerte por acompañar a las comunidades que se posicionan en contra de la actividad minera, según denunciaron las ‘Comunidades Eclesiales de Base’.

En febrero del 2012, campesinos e indígenas pertenecientes a 78 ejidos de 11 municipios de la Sierra y la Costa de Chiapas conformaron “Guardias Civiles de Autodefensa”, con el objetivo de frenar el saqueo de las empresas mineras en la entidad. Señalaron que se vieron obligados a optar por esta vía ante la complacencia de las autoridades locales y federales con las empresas que saquean y contaminan la entidad.

Se crea el Comité para la Promoción y Defensa de la vida Samuel Ruiz García, con el objetivo de concientizar a la población en general sobre las afectaciones que provoca la minería, y denunciar los casos de violaciones que las empresas mineras cometen.

El Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruiz García denunció, en agosto de 2013, la oferta de promesas de proyectos de obra social, como carreteras y clínicas, por parte de la empresa minera Montecristo a ejidos del municipio, a pesar de lo acordado en el 2009. Además, en septiembre de 2013, denunciaron que Fernando Coello, el abuelo del actual gobernador Manuel Velasco Coello, anunció de forma intimidatoria que él va a ser quien explote los recursos mineros del municipio. Y en octubre de 2013, denunciaron que empresarios mineros intentan reactivar la mina La Revancha, del ejido Nueva Morelia, cerrada en 2009, después del asesinato de Mariano Abarca.

Por otra parte, la REMA denunció que la actividad minera en Chicomuselo se ha reiniciado en el ejido de Santa María desde el 19 de enero de 2014. Y en marzo de 2010, la REMA dio a conocer las pruebas de los cheques que la empresa Blackfire Exploration entregó al entonces presidente municipal Julio César Velásquez, en el año 2009 cuando es asesinado Mariano Abarca. Por esta razón, nueve organizaciones canadienses presentaron una queja ante la Policía Montada de Canadá (RCMP por sus siglas en inglés) con el fin de investigar a dicha empresa por soborno.

Organizaciones que suscriben el informe

Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios: Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA) A.C.; Tequio Jurídico A.C.; Servicios del Pueblo Mixe (Ser Mixe) A.C.; Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto A.C.; Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) A.C.; Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (UNOSJO) S.C.; Bachillerato Intercultural Ojo de Agua; FUNDAR,Centro de Análisis e InvestigaciónA.C.; La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (LA VIDA); Consorcio para el Diálogo y la Equidad de Género-Oaxaca A.C.; Council Of Canadians; Movimiento Agrario Indígena Zapatista (MAIZ); Servicio Internacional para la Paz (SIPAZ); Colectivo Casa Chapulín, Centro Autónomo para la Creación Intercultural de Tecnologías Apropiadas (C.A.C.I.T.A.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CODIGO DH) A.C.; Hij@s de la Tierra; WitnessForPeace; Movimiento Sueco por la Reconciliación (Swefor).