La censura planea sobre la regulación de Internet en México

La iniciativa de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que el presidente mexicano Enrique Peña Nieto ha enviado al Senado incluye artículos sobre la regulación de Internet que han creado controversia sobre la posibilidad de que ofrezcan una manga ancha a las autoridades para intervenir en el control de la red.

Dos artículos concentran las dudas sobre la idoneidad de las normas tal y como han sido presentadas. En el 145 se dice que los servidores de Internet podrán «bloquear el acceso a determinados contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medie orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad». En el artículo 197 se fija la potestad de «bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes».

Expertos y activistas participaron la semana pasada en el Senado en sesiones abiertas de debate sobre la ley y surgieron las críticas. La objeción básica y generalizada es que en la normativa hay pasajes que son demasiado vagos en cuanto a la limitación de la capacidad de intervención del Estado, y eso motiva la preocupación de que la ley dé margen a eventuales episodios de restricciones de conquistas civiles como el derecho a la libertad de expresión o el derecho a la información.

«Los artículos necesitarán una redacción precisa y menos abierta a interpretación», afirma Mony de Swaan, expresidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (2010-2013). «Veo un riesgo de censura. Ese margen de interpretación es peligroso». De Swaan echa en falta que se defina de modo inequívoco qué autoridades tendrán potestades de control y que se especifique qué clase de normatividad podría entrar en conflicto con servicios y contenidos de Internet. El exfuncionario afirma que la capacidad estatal de intervenir en el control de la red es necesaria y deseable siempre que se defina de acuerdo con unos parámetros sujetos a derecho y sin rastro de ambigüedad.

Desde el partido del presidente, el PRI (Partido Revolucionario Institucional), se asume que algunos artículos tendrán que ser retocados. «No está todo cerrado, está en discusión», concede un vocero del partido dejando ver que hay espacio de maniobra para abordar las cuestiones polémicas. Con todo, subrayan la pertinencia de combinar el espacio de la libertad de expresión con la necesidad de seguridad. Según el senador priista Omar Fayad, «hay una necesidad de interrumpir comunicaciones en materia de seguridad nacional. No en cualquier evento, ojo. Es un tema de seguridad nacional. No se hace la ley para coartar la libertad de nadie y va a quedar claro en la legislación. Esos artículos tienen que ser revisados con mucho cuidado».

El académico Raúl Trejo Delarbre, expresidente de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información, afirma que la indefinición de ciertas zonas grises de la normativa da pie a temer que la ley sea propicia para un «presidencialismo autoritario». Alejandro Hope, experto en seguridad, señala también la fisura de la vaguedad del texto y los indicios de un exceso de poder gubernamental: «El problema fundamental de esta ley es que parece no haber control judicial. Hay un problema claro de redacción», si bien concede que, en su debida forma, el poder ejecutivo debe tener la capacidad de tomar medidas extraordinarias; por ejemplo, para combatir el crimen.

Hasta el debate de la semana pasada en el Senado, el foco de la discusión y de la atención mediática a la Ley de Telecomunicaciones era exclusivamente la cuestión de la lucha contra el exceso de poder de mercado de dos corporaciones: Televisa, sector audiovisual y radiodifusión, y América Móvil, de Carlos Slim, en telefonía. Pero la discusión en el Senado ha abierto la brecha de la controversia sobre los derechos civiles.

Uno de los participantes en las audiencias públicas del Senado, Jesús Robles Maloof, del Colectivo Internet Libre para Todos, afirma que para México el proyecto «es el más grande reto autoritario desde que Internet existe». Claudio Cossio, CEO de interesante.com, incide en la indefinición de la normativa: «Muchos puntos quedan abiertos. Poniendo excusas de seguridad nacional o de combate al narco, algunas autoridades pueden aplicar la censura. Los ciudadanos quedamos indefensos en estos casos». Luis Fernando García, abogado de la ONG Red en Defensa de los Derechos Digitales, alerta de que el artículo 197 (el que fija que se podrá suspender el servicio de Internet «en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional») supone otorgarle al Gobierno la capacidad de restringir la posibilidad de comunicarse en medio de protestas sociales; en sus palabras: «Es bajar el interruptor de las comunicaciones para impedir la organización de manifestantes y la denuncia de violaciones de derechos humanos durante las protestas».

Texto tomado del periódico El País