Emite ONU a México 180 recomendaciones por violar derechos humanos

En Chiapas se han realizado movilizaciones en contra de los feminicidios. Foto: Isaín Mandujano/Chiapas PARALELO. Archivo.

Organizaciones humanitarias criticaron la posición del Estado mexicano ante el Examen Periódico Universal (EPU), que aplica el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y afirmaron que el actual gobierno no asume la grave realidad en el tema, ni presenta avances reales.

Una comitiva encabezada por el canciller mexicano, José Antonio Meade, compareció hoy ante la instancia de Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, para exponer la situación de las garantías humanitarias en el país.

Durante la evaluación, los países que participaron cuestionaron al Estado mexicano en temas como violencia de género, migración, fuero militar, arraigo, desaparición forzada, y derechos de los pueblos indígenas, entre otras problemáticas.

Al final emitieron 180 recomendaciones que serán presentadas por escrito este viernes 25 de octubre, y en marzo de 2014 México deberá informar si acepta o rechaza los exhortos planteados por los Estados miembros de la ONU.

En conferencia de prensa en esta capital, representantes de organizaciones civiles que siguieron la evaluación hicieron un llamado para que el Estado mexicano acepte e incorpore las recomendaciones planteadas por la comunidad internacional en una agenda de Derechos Humanos (DH).

Alejandra Nuño, directora de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), explicó que un tema relevante para la comunidad internacional fue la violencia contra las mujeres, y por ello de las 180 recomendaciones a México, al menos 17 tienen que ver con los derechos femeninos.

Mencionó que durante el EPU se advirtió a nuestro país que debería sancionar la violencia de género y el feminicidio, tipificar este delito en las legislaciones estatales donde no existe, y armonizar la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Nuño explicó además que en la sesión se dejó ver que las mexicanas  atraviesan por una ola de violencia, y que las instituciones no están a la altura para hacer frente a esta situación.

Por ejemplo, recordó que desde diciembre de 2010 la CMDPDH, junto con el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, presentó una solicitud de Alerta de Violencia de Género para el Estado de México, pero a la fecha la petición está en litigio.

Al respecto, Marusia López, coordinadora de Asociadas por lo Justo (Jass, por sus siglas en inglés), dijo que entre algunos Estados hubo observaciones sobre la poca efectividad del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

En este tema resaltó que hubo una recomendación enfocada a que se revisen las medidas de protección que se otorgan a las mujeres defensoras y las periodistas, toda vez que ellas son víctimas de una violencia distinta en comparación con sus pares varones.

Mencionó además que entre 2012 y 2013 el mecanismo ha dado protección a 40 mujeres defensoras, pero hasta ahora las autoridades carecen de un protocolo con perspectiva de género para brindar la atención adecuada a las activistas.

Areli Sandoval, integrante de Deca Equipo Puebla, agregó que el Estado mexicano no hizo un balance certero sobre los derechos económicos, sociales y culturales, por ejemplo el acceso a vivienda, salud, educación o combate a la pobreza.

Recalcó que estos temas fueron fuente de preocupación para algunos países, por lo llamaron a México a garantizar el derecho a la alimentación, y en un caso se hizo la observación de que “no es lo mismo paliar pobreza que erradicarla”.

En ello coincidió Maribel González, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, que puntualizó que otro tema que se abordó fueron los derechos de los pueblos indígenas, su derecho a la consulta y a la alimentación.

Gabriela Morales, integrante del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, agregó que hubo seis recomendaciones sobre los derechos de las personas migrantes, un tema donde hay mucho que hacer, ya que aseguró que este tema se trata como asunto policial y no de derechos.

José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, aseguró que México presentó información errónea al afirmar que hay avances en el cumplimiento de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).

El defensor aclaró que en todos los casos resueltos por la CoIDH hay un rezago en las investigaciones judiciales en México.

Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDTT), señaló que durante la sesión la comitiva mexicana dio una  lista de acciones legislativas, pero no asumió la gravedad del contexto de los últimos cuatro años.

Explicó que México se sometió al EPU por primera vez en 2009 y en esta ocasión debía dar cuenta de los avances logrados desde entonces, pero a decir de la activista las acciones que se expusieron no dan cuenta de lo que ha sucedido desde esa fecha.

Raczynska mencionó que en el informe que México envió a la ONU se notó que no había un balance real, pero dijo que las organizaciones civiles esperan que ahora las autoridades acepten las recomendaciones y las integren en una agenda de DH a desarrollar durante los próximos años.