Se «normaliza» violencia física y sexual en el bachillerato
Ser estudiantes de nivel medio superior y superior no exenta a las jóvenes de ser víctimas de violencia de género, misma que por lo general es invisibilizada dentro de estos espacios.
Al interior de esas instancias educativas no existen mecanismos y herramientas necesarias para prevenir, detectar y sobre todo sancionar los actos de violencia contra las estudiantes.
Gloria Ramírez, coordinadora de la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la UNAM, sostuvo que ser estudiante universitaria y preuniversitaria, contrario a la creencia generalizada, no exime a las mujeres de ser víctimas de graves violaciones a sus Derechos Humanos (DH).
En entrevista con Cimacnoticias, la académica adelantó algunos de los hallazgos de la investigación que la Cátedra realizó en conjunto con diversas universidades del país sobre la violencia de género en niveles educativos más elevados.
La investigación, que será presentada el 3 y 4 de octubre próximo en el Museo de la Mujer en esta capital y la FCPyS, es una aproximación al contexto en el que se desarrollan las mujeres en estos ámbitos, pues la indagación sólo se llevó a cabo en algunas escuelas, aunque no se descarta que las circunstancias puedan ser similares a nivel nacional.
La también presidenta de la Academia Mexicana de Derechos Humanos compartió que a raíz de la investigación se pudo identificar que en ambos niveles educativos ocurre violencia de género, pero que en el nivel medio superior se registran casos “más crueles y brutales”.
“Pudimos conocer casos de jóvenes y adolescentes que estudian en el CCH o el CETIS, que han sido golpeadas en sus salones de clase o adentro de las instalaciones”, dijo la investigadora de la UNAM.
Esta situación –consideró– es preocupante, pues la población femenina que estudia en estos niveles es casi en su totalidad menor de edad, lo que representa ya en sí una alta vulnerabilidad ante situaciones de riesgo, y está en una etapa crítica para la toma de decisiones y de planificación de su futuro.
“Son adolescentes que se enfrentan a duras decisiones sobre continuar o abandonar los estudios, construir un proyecto de vida, se están construyendo una identidad, y sobre todo conociendo e iniciando el desarrollo de su sexualidad”, precisó.
Sumado a ello algunas de las formas de violencia que se cometen contra estas jóvenes son extremadamente sutiles, o en su caso se han “normalizado”.
A decir de Ramírez, la violencia de género en estos sectores (y en la vida diaria) pasa de largo ante la mirada omisa de autoridades de todos los ámbitos (universitarios, académicos, locales y federales), por lo que las jóvenes tienden a considerarlo “algo común” sin identificar las graves consecuencias en las que estas violaciones a sus DH pueden derivar.
Señaló que se identificaron distintas formas de violencia, pero que resultan mucho más alarmantes y preocupantes la física y el acoso sexual cometido por alumnos, docentes e incluso autoridades.
En ese contexto advirtió que en las instituciones educativas no existen formas internas de sancionar estas agresiones, por lo que permanecen en la invisibilidad y la impunidad.
En el nivel superior –añadió– donde se piensa que al tener más educación y más formación las jóvenes están más preparadas para prevenir y evitar la violencia, si bien las formas de abuso “son menos graves”, la incidencia no disminuye, pues la mayoría de las universitarias registra algún incidente.
Ambos niveles educativos carecen de protocolos de prevención, así como de información sobre violencia de género que dé a las jóvenes las herramientas para protegerse.
Gloria Ramírez resaltó que incluso las jóvenes estudiantes no están exentas de la violencia feminicida, pues aunque no se tienen registrados asesinatos en las instalaciones educativas, sí hay jóvenes adscritas a las universidades que han sido víctimas de feminicidio, como Karen Joanna Sánchez Gochi, estudiante de la FCPyS asesinada en junio de 2012.
La experta insistió en la necesidad de crear y difundir protocolos de prevención de la violencia de género en la educación media superior y superior.
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