El lado oscuro del Tribunal Electoral en México

Entrevista con el investigador Oswald Lara-Borges

Lara-Borges

El investigador Oswald Lara-Borges, autor del libro “El lado oscuro del Tribunal Electoral, apuntes sobre la politización de la justicia electoral” señala que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “se creó con el objetivo de defender la Constitución y las leyes electorales, darle confianza y credibilidad a las elecciones, regular el sistema de partidos políticos y fortalecer el régimen de los derechos políticos electorales de los ciudadanos, entre otros muchos aspectos”.

Sin embargo, sostiene, que “muy al contrario de los fines que justificaron su instauración, parece que el Tribunal Electoral Mexicano ha tomado otro rumbo, pues más que una solución y garantía de imparcialidad y legalidad, se ha convertido en un grave problema al estar implicado, según diversos actores políticos y medios de comunicación, en escándalos de corrupción y favoritismo político”.

Es así como Lara-Borges analiza el fenómeno de la politización de la justicia electoral en México y sus consecuencias. La investigación centra su atención en el análisis de la selección de los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el comportamiento judicial de sus integrantes. De esta manera, el autor desnuda el modelo jurídico y político sobre el que asienta el Tribunal Electoral Mexicano.

El TEPJF se creó en 1996, hace 17 años…

En 1996, hace 17 años, indica Lara-Borges, se introdujeron reformas a la Constitución Mexicana y a diversas leyes con la finalidad de instaurar un sistema electoral más democrático, con instituciones electorales autónomas, independientes y confiables y, de esta manera, revertir la falta de credibilidad de las elecciones y la escasa legitimidad de quienes resultaban elegidos de ellos. En razón de ello, el investigador sostiene que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación “fue pensado para ser una de las piezas claves del sistema constitucional y de la democracia mexicana y para ser el árbitro en la contienda entre partidos políticos en su búsqueda por acceder al poder o mantenerse en su ejercicio”.

En virtud de ello, indica el autor, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se le otorgaron amplias facultades para interpretar la Constitución Mexicana, así como para dejar de aplicar —inaplicar― leyes electorales cuando éstas sean contrarias al marco constitucional, de manera tal que una de las principales funciones que tiene asignada esa institución electoral es la defensa de la Constitución.

De esta manera, la importancia del Tribunal Electoral Mexicano dentro del sistema constitucional y democrático reside esencialmente en que tiene la última palabra para resolver judicialmente los conflictos surgidos con motivo de las elecciones federales, estatales y municipales, así como para determinar si los partidos políticos seleccionaron o no a sus candidatos conforme a sus normas y procedimientos internos; qué partido político ganó las elecciones; cuándo una elección es constitucional y legalmente válida o, por el contrario, si debe anularse; cuándo un candidato es o no elegible para ocupar un cargo de elección popular, entre otros muchos aspectos, menciona el investigador.

A pesar de todo lo que se ha hecho en la rama político-electoral, Oswald Lara-Borges afirma que en México se sigue cuestionando fuertemente la credibilidad y legitimidad de las elecciones. En ese sentido, el autor refiere que si se analiza lo ocurrido en las últimas elecciones presidenciales, podrá apreciarse que sistemáticamente se ha venido cuestionado la constitucionalidad y legalidad de esos procesos electorales y, en nuestros días, se debate con intensidad en torno a la capacidad de las instituciones electorales, entre ellas el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para defender el Estado democrático y de derecho. De esta manera, la falta de credibilidad en las elecciones y la falta de confianza en las instituciones electorales han provocado graves crisis políticas y sociales en nuestro país, apunta.

Asimismo, sostiene el investigador, que “México ha encontrado en la constante transformación del marco jurídico, el mecanismo para “superar” sus crisis políticas y sociales y se ha convertido en un país de constantes reformas constitucionales y legales en materia político electoral, pero ha pasado por alto trabajar en la introducción de nuevos valores culturales que aseguren el cumplimiento universal de la ley. Es decir, México es claramente un país en el que existe una sobre producción de normas jurídicas y una constante transformación del orden jurídico constitucional, legal, reglamentario y demás disposiciones normativas de distinta jerarquía y nomenclatura, pero el nuestro no es un país en el que se cumpla la ley” dice en entrevista el autor.

Sin embargo, el investigador invita a cuestionarse ¿la instauración y el funcionamiento del Tribunal Electoral ha permitido superar la desconfianza y la falta de legalidad y credibilidad en las elecciones?, ¿es el Tribunal Electoral Mexicano una garantía eficaz para la defensa de la Constitución y la democracia?

En ese orden de ideas, Lara-Borges destaca que en los últimos años la principal crítica que se ha enderezado en contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por parte de distintos actores sociales y políticos, entre los que se encuentran los tres principales partidos políticos nacionales ―PAN, PRI y PRD— “es que esa institución electoral al resolver determinados asuntos lo hace en contra de lo establecido en la Constitución de México y con manifiesta tendenciosidad partidista”.

Para el autor del libro resultó altamente llamativo que fueran, entre otros, los tres principales partidos políticos nacionales los que enderezaran una acusación tan grave en contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, especialmente porque los Magistrados del Tribunal Electoral son elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, de entre los candidatos que le son presentados mediante ternas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es decir, son los propios partidos políticos, a través de sus representantes en el Senado de la República, los que tienen depositada en definitiva, la facultad de determinar quiénes sí y quiénes no ocupan el cargo de Magistrado del Tribunal Electoral Mexicano. Consecuentemente, indica, se esperaría que se designaran en esos cargos a quienes además de tener los mejores perfiles académicos y profesionales, también fueran garantía de imparcialidad.

En razón de todo ello Oswald Lara-Borges se cuestiona ¿han cumplido la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Senado de la República con la alta responsabilidad pública para seleccionar como Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación—cada institución en el ámbito de lo que le corresponde― no sólo a los que cuenten con méritos académicos o profesionales, sino a los que también sean garantía de imparcialidad? o, por el contrario, ¿los actores institucionales ―SCJN y Senado de la República— que intervinieron en la designación de esos Magistrados Electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral Mexicano, nombraron a sus más cercanos o próximos representantes, con la finalidad de controlar estratégicamente esa sede judicial, bien sea para verse favorecidos en determinados asuntos, eliminar a los adversarios políticos, o bien, para introducir mecanismos extralegales de control sobre los políticos? y, por consiguiente, ¿el comportamiento del Tribunal Electoral tiene que ver con el acoso partidista y el incesante juego de intereses contrapuestos a los que se ve sometida esa institución electoral, lo cual ha politizado sus funciones al grado de afectar la constitucionalidad y legalidad de sus decisiones judiciales?

Ante ese escenario, Oswald Lara-Borges se dio a la tarea de analizar si existe o no un nexo causal entre la selección de los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación efectuado en el año 2006 y un conjunto de sentencias dictadas entre noviembre de 2006 y abril de 2013, las cuales han sido señaladas, por diversos actores sociales y políticos, de haberse dictado en contra de lo establecido en la Constitución Mexicana.

La hipótesis de la investigación…

La hipótesis de la investigación realizada por Oswald Lara-Borges es que “existe una relación causal entre el proceso de selección de los Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación efectuado en el año 2006 y un conjunto de sentencias que han sido señaladas de haberse emitidas por esa instancia judicial en contra de la Constitución Mexicana, por lo que el autor considera que esa sede judicial no ha cumplido plenamente con su labor fundamental de defender la Constitución”.

Los magistrados actuales electos en el 2006 fueron los menos idóneos…

El investigador apunta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha convertido en un grave problema “al estar implicado, según diversos actores políticos y medios de comunicación, en escándalos de corrupción y ubicarse en el centro de una encendida polémica acerca de si realmente defiende el interés general y el marco constitucional o, por el contrario, si al resolver determinados asuntos lo hace de manera partidista y/o tendenciosa”.

En ese sentido, Lara-Borges recordó el caso de Flavio Galván Rivera, entonces Presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral, cuando se vio involucrado en la comisión de presuntas irregularidades relacionadas con la adquisición de un inmueble para esa institución electoral. Si bien, Galván Rivera renunció a la Presidencia de esa institución electoral alegando motivos de salud, lo curioso es que, desde esa fecha hasta hoy, ha desempeñado ininterrumpidamente el cargo de Magistrado Electoral.

Asimismo, el autor recordó el caso de María del Carmen Alanis Figueroa, entonces Presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral Mexicano, a quien le fuera turnado la demanda interpuesta por el PRI, Enrique Peña Nieto y otros en contra de la decisión asumida por el Instituto Federal Electoral, mediante la cual se había determinado que el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, había violado la Constitución Mexicana al difundir su quinto informe de labores. Lo relevante de este caso es que antes de que se resolviera el asunto, Alanis Figueroa organizó una inusual cena en su domicilio particular con los principales operadores del entonces gobernador mexiquense y en aquel momento principal aspirante a la Presidencia de México por parte del PRI. Si bien Alanis Figueroa alegó que la reunión se llevó a cabo para hablar de otros temas, lo cierto es que de los 7 Magistrados Electorales que integran esa sede judicial, al resolverse el asunto en cuestión 4 votaron señalando que Enrique Peña Nieto no había violado la Constitución Mexicana, mientras que 3 votaron indicando que sí había violado el orden constitucional. Desde luego, Alanis Figueroa votó a favor del entonces gobernador del Estado de México.

Estos antecedentes y otros sucesos orientaron a Lara-Borges a analizar cuidadosa y detalladamente el proceso de selección de Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación efectuado en el año 2006, es decir, el autor atendió a todas y cada una de las etapas y fases que se desarrollaron tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (órgano encargado de nominar o proponer a los candidatos a Magistrados Electorales) como en el Senado de la República (órgano encargado de elegir a los Magistrados de entre los candidatos que le son propuestos). El propósito era identificar las razones o argumentos que esgrimieron los actores institucionales para justificar la elección de los actuales Magistrados Electorales.

La búsqueda de esta información le permitió a Lara-Borges advertir un importante hallazgo. El autor advirtió que en las comparecencias de los aspirantes a Magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral Mexicano ante el Senado de la República realizadas en el año 2006, los partidos políticos, a través de sus representantes en esa sede legislativa, al evaluar el perfil de los candidatos a ocupar esos cargos judiciales, cuestionaron la idoneidad de la mayoría de ellos por tener posibles vínculos o relaciones inapropiadas con distintos actores políticos, de haber ejercido presumiblemente tráfico de influencias para acceder a otros cargos públicos, de su probable participación en actos ilícitos, de la presunta falta de probidad y diligencia en el desempeño de cargos públicos y de la presumible falta de experiencia jurisdiccional en materia electoral, entre otros aspectos.

Entonces, se cuestiona el autor ¿por qué fueron elegidos esos ciudadanos como Magistrados del Tribunal Electoral Mexicano? Es altamente llamativo que los partidos políticos en las comparecencias ante el Senado de la República, hayan evidenciado que el mayor número de aspirantes no eran idóneos para ocupar esos cargos públicos, pero al final los hayan elegidos como Magistrados de esa sede judicial. Asimismo, llama fuertemente la atención que esos funcionarios judiciales hayan sido electos por unanimidad en algunos casos o por amplísimas mayorías —casi unanimidad— en otros, lo cual indica que hubo un consenso entre todas las fuerzas políticas.

Al respecto, el investigador señala que “si los partidos políticos cuestionan la idoneidad de los candidatos, pero a la vez los eligen, esto revela que el modelo que mejor explica este comportamiento institucional es el del sistema de cuotas políticas que alude a la importancia de designar en los altos cargos a sus más cercanos o próximos representantes, a fin de controlar estratégicamente esas sedes”. Bajo esta lógica, “los actores institucionales cuestionaran, si lo desean, a los candidatos propuestos por los otros actores, pero no vetarán o rechazarán las propuestas que les formulen si pretenden que sus propuestas no sean rechazadas” añade Lara-Borges.

A partir de lo anterior, el autor consideró conveniente estudiar el comportamiento judicial de la Sala Superior del Tribunal Electoral Mexicano, dadas las particularidades advertidas en la selección de sus integrantes, a fin de examinar qué tipo de modalidades puede asumir el comportamiento de una institución conformada bajo un ambiente de influencia y control político. En ese sentido, Lara-Borges realizó el análisis de un importante número de sentencias que agrupó en dos apartados. En el primer apartado analizó la integración del Congreso de Zacatecas en el año 2007 y ese estudio lo denominó “la interpretación inconstitucional de un Tribunal Constitucional”. En el segundo apartado analizó la nulidad de la elección municipal de Yurécuaro, Michoacán y lo denominó “la interpretación de un Tribunal Constitucional sobre la Constitución”.

En ambos casos, sostiene el autor, privaron intereses políticos sobre los legales, tal como lo sostiene a lo largo de los estudios desarrollados en la investigación. En el primer caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, interpretó la Constitución Mexicana e inaplicó leyes electorales, a pesar de que ello le había sido prohibido, el 23 de mayo de 2002, por mandato expreso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Desde luego, el autor señala que mediante la reforma constitucional publicada, el 13 de noviembre de 2007, en el Diario Oficial de la Federación, al Tribunal Electoral Mexicano se le restituyó la facultad de interpretar la Constitución e inaplicar leyes electorales, sin embargo, no debe perderse de vista que al momento en el que se dictaron las sentencias estudiadas en la investigación aún se encontraban vigentes las reglas conforme a las cuales fue analizado ese primer asunto. Mientras que en el segundo caso la Sala Superior del Tribunal Electoral Mexicano, refiere el autor, dejó de aplicar sin más la reforma constitucional de 13 de noviembre de 2007, imponiendo un criterio “interpretativo” por encima del mandato establecido en el orden constitucional. Desde luego, es un contrasentido que un Tribunal Constitucional como el Tribunal Electoral Mexicano sea el principal detractor de la Constitución, dice Lara-Borges.

Las disfunciones del Tribunal Electoral…Un Magistrado gana 509 mil pesos…

Los Magistrados de la Sala Superior Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación forman parte de ese pequeño grupo de servidores mejor pagados en el país, pues tienen un salario mensual de 509 mil pesos, señala Lara-Borges. Ello contrasta significativamente con el salario mínimo que pueda obtener cualquier ciudadano situado en el área geográfica “A” —la más alta del país― que asciende a 1 mil 942 pesos, es decir, 64.76 pesos diarios. Esto da muestra de la enorme diferencia entre estos dos tipos de mexicanos, apunta.

Su libro propone un debate del modelo de justicia electoral en México...
Oswald Lara-Borges indica que espera que su investigación propicie “el debate sobre estos elementos claves para el funcionamiento y la calidad de la democracia, así como para reflexionar respecto a la participación de la SCJN y del Senado de la República en la nominación y selección de los Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como los efectos nocivos que está teniendo la selección estratégica o política de los integrantes de esas altas sedes”. Sin embargo, resalta, esto no está ocurriendo únicamente con el Tribunal Electoral Mexicano, sino también con otras instituciones de gran importancia nacional como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto Federal Electoral, el Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, entre muchas otras.

Entre las conclusiones de la investigación, Lara-Borges destaca, entre otros aspectos, la ausencia de un procedimiento claro y expedito que regule, paso a paso, las fases que deben conformar cada una de las etapas del proceso de selección de los Magistrados de las distintas Salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Aunado a lo anterior, el autor señala que “no existe razón de ningún orden para que las etapas y las fases del proceso de selección de los Magistrados del Tribunal Electoral Mexicano realizados tanto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como por el Senado de la República, se lleven a cabo en sesiones privadas o en forma secreta, como por ejemplo, las votaciones de los Ministros y los Senadores para elegir a los candidatos a Magistrados y a los Magistrados, respectivamente, toda vez que la publicidad de la función pública implica, entre otras cuestiones, la obligación y el derecho de darse a conocer la forma en que actúan y cómo votan los servidores públicos encargados de elegir a quienes han de ejercer otros cargos públicos, de manera tal, que se les pueda reconocer o recriminar la forma en que procedieron al seleccionar a dichos funcionarios judiciales”, explica.

Asimismo, el investigador destaca la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas por parte de los Magistrados del Tribunal Electoral Mexicano, así como la inexistencia de órganos de control, sean institucionales, sociales, académicos o ciudadanos, distintos de los órganos que los eligieron, que vigilen la actuación de esas instituciones, lo cual ha permitido que esos funcionaros judiciales procedan de manera discrecional, incluso, arbitraria al resolver determinados asuntos. Es decir, “resulta necesario edificar un verdadero sistema de pesos y contrapesos y romper el círculo nocivo de favores, complicidades, corrupción e impunidad”, menciona.

Para Oswald Lara-Borges la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se ha convertido en un arma contra la Constitución, la democracia y el Estado de derecho. De esta manera, indica el autor, la crisis institucional y de legitimidad que impera en la justicia electoral, no sólo es responsabilidad de los Magistrados que integran el Tribunal Electoral Mexicano, sino también de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Senado de la República que han puesto en esos cargos a sus más cercanos representantes, en lugar de elegir a los mejores perfiles y que a la vez sean garantía de imparcialidad. También, los partidos políticos han jugado un papel nocivo para la salud democrática, pues denuncian con vehemencia y extrañeza cuando el Tribunal Electoral Mexicano resuelve diversos asuntos en contra de la Constitución Mexicana, pero siempre buscan alterar a su favor las reglas de la competencia política y no actúan ni jurídica ni políticamente en contra de los funcionarios judiciales que se apartan del orden constitucional, expone.

Además, Lara-Borges agrega que deben establecerse parámetros claros que guíen la actividad del Tribunal Electoral Mexicano cuando interpreta la Constitución, a efecto de reducir la discrecionalidad, incluso la arbitrariedad con la que se realiza en muchas ocasiones esta labor.

De lo contrario, advierte el investigador, “mientras impere un diseño institucional que reserve a favor de ciertos actores institucionales la facultad de elegir a aquellos que serán los jueces de sus causas y, a través de éstos, se logren alterar las reglas de la competencia política y de la democracia, México no consolidará su sistema constitucional y democrático”

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