A inicio de marzo del 2025, colectivos de familiares de personas desaparecidas en Jalisco, hallaron en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, tres hornos crematorios dentro de un centro de reclutamiento del crimen organizado, cuyo punto nodal fue la localización de más de 400 pares de zapatos. Este hecho evidenció que la desaparición de personas no se detiene, debido a omisiones y la falta de atención del Estado mexicano, siendo que se trata de crímenes de lesa humanidad cometidos de manera generalizada y sistemática. Esta situación no puede operar sin un marco de protección que lo permita desde las estructuras del Estado. Además, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta el 8 de abril de 2025, más de 127,050 personas se encuentran desaparecidas y no localizadas en todo el país.

En el mes de marzo, el Colectivo chiapaneco de “Madres en Resistencia” buscando a Cassandra Isabel Arias Torres, desaparecida el 17 de diciembre de 2022, encontró armas, drogas y equipo táctico en un rancho del Ejido Salvador Urbina, municipio de Chiapa de Corzo. Un mes atrás, el predio fue cateado por la Fiscalía General del estado, sin reportes de algún hallazgo; esto, pese a que en el municipio se registran al menos 24 personas no localizadas, según los datos oficiales.

En Chiapas hay un evidente incremento de personas desaparecidas. Entre 2019 y 2023, este fenómeno aumentó un 358% en el estado; estos casos se registraron en el marco de la disputa por el territorio entre grupos criminales que actuaban con la tolerancia las autoridades locales, estatales y federales, así como de empresas transnacionales. El objetivo es imponer el control social, económico y político mediante el terror, a la vez que tratar de silenciar cualquier forma de resistencia.

Más de 61, 000 personas desaparecidas en México fue la cifra al final del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y tan solo en Chiapas. Según el RNPDNO, entre el 01/12/2000 y el 10/07/2024, el total de personas desaparecidas en el estado fue de 7,163, siendo 3,833 mujeres y 3,330 hombres. Del total, 1,977 son adolescentes entre 15 y 19 años, siendo 1,492 mujeres y 485 hombres. En cuanto a la infancia, entre 0 y 14 años, hay 1,735 desapariciones, 1,091 son niñas y 644 niños. Los datos sobre feminicidios, trata de personas y personas migrantes no son registrados. Es fundamental reconocer que el derecho a saber es inalienable y debe ser garantizado por el Estado.

En Chiapas, un problema grave es la desaparición de mujeres, que supera el promedio nacional del 25%, alcanzando más del 60% de todas las desapariciones en el estado. Muchas de estas desapariciones están relacionadas con la trata y con la explotación sexual. La violencia de género no es un fenómeno aislado, sino parte de una estrategia de dominación que destruye el tejido social, y el Estado arrastra un pendiente histórico en materia de desapariciones forzadas.

La política contrainsurgente impulsada por éste, entre 1995 y 2000 en la zona norte de Chiapas, dejó 37 desapariciones a manos del grupo paramilitar “Desarrollo, Paz y Justicia”, se le suman 32 combatientes Zapatistas desaparecidos en los primeros 12 días del 94 durante los enfrentamientos con el ejército mexicano; el manto de impunidad mantiene sin justicia y verdad todos estos casos.

En diciembre de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a México por la desaparición forzada de Antonio González Méndez, integrante de la Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ocurrida en 1999. Parte del fallo es la creación de un registro único y actualizado de personas desaparecidas, que permita la generación de datos estadísticos, así como determinar claramente en qué casos se trata de “desapariciones forzadas” encaminadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar esta práctica.

A pesar de esta situación, el Estado mexicano persiste en su narrativa de ocultar el fenómeno de las y los desaparecidos en Chiapas y en toda la república mexicana y ha mostrado una alarmante omisión en sus deberes de investigar, sancionar y reparar integralmente las violaciones a derechos humanos. El miedo y el terror siguen prevaleciendo, dejando a muchas personas sin posibilidad de denunciar, y sin medidas adecuadas para abordar su situación.

La desaparición es una grave violación de Derechos Humanos que afecta a las víctimas y a sus familias. En los primeros 100 días de Claudia Sheinbaum como presidenta de México ya se registraron más de 4000 desapariciones y recientemente ha reconocido que la crisis persiste sin mecanismos eficaces para detenerla. En Chiapas, sigue pendiente la instauración del Consejo Estatal Ciudadano contemplado por la Ley estatal de desapariciones para garantizar que las víctimas y las familias estén involucradas en las políticas de búsqueda. El derecho a la verdad y la justicia debe ser el hilo rojo de las estrategias de búsqueda.

La ONU ha emitido múltiples recomendaciones a México sobre el tema, incluyendo la comunicación realizada por el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas del inicio del procedimiento establecido en el artículo 34 de la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas, solicitando información para conocer esta situación generalizada y a través de la intervención de la Asamblea General de la ONU.

México enfrenta una crisis profunda de desapariciones sin precedentes. Las víctimas y sus familias, en su mayoría mujeres, son quienes impulsan un proceso perseverante en la exigencia de justicia en un contexto de terror y de impunidad. Es fundamental hacerse de todas las formas posibles para tener mejores mecanismos de investigación y sanción a los responsables de esta terrible situación, así como la urgencia de identificación de las personas que se han encontrado en los cientos de fosas clandestinas. Aunado a esto, se debe garantizar medidas de reparación integral, para afrontar con acciones efectivas y revertir esta gran tragedia inédita en la historia contemporánea de México.

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Rubén Moreno Méndez es abogado y defensor de derechos humanos, colabora en el Frayba en el Área de Sistematización e Incidencia, en el espacio de Incidencia Internacional, donde se atienden casos que se llevan bajo litigio internacional ante organismos del sistema ONU y CIDH, entre otros. Recientemente colaboró en el espacio de solidaridad y las Brigadas Civiles de Observación (BriCO).