Sentencian a catequista de la Diócesis de San Cristóbal y a un indígena de Pantelhó

Pedro Cortés y Diego Mendoza fueron integrantes del Concejo de Gobierno de Pantelhó. Foto: Cortesía

La jueza impidió que Pedro Cortés y Diego Mendoza tuvieran una defensa particular para defenderse del delito de desaparición forzada de quienes fueron señalados de pertenecer a un grupo del crimen organizado en Pantelhó. En la causa penal está como coacusado el sacerdote Marcelo Pérez, asesinado el 20 de octubre pasado.

La jueza Guadalupe Rocha Flores consideró que Pedro Cortés y Diego Mendoza participaron en la desaparición de 21 personas, ocurrida el 26 de julio de 2021, en el municipio indígena de Pantelhó. Antes de la sentencia, durante el proceso penal, la jueza destituyó a los dos que los acusados habían elegido, les impuso defensores de oficio y ordenó que las audiencias se llevaran a cabo de manera virtual, por internet, sin posibilidad de que familiares y testigos estuvieran presentes.

Pedro Cortés es originario de la comunidad de Chitmucum, en donde, según testimonios de la población, dedicó su vida a trabajar en la reconciliación de conflictos comunitarios; católico, se hizo catequista como parte de la Misión de Bachajón y, con el tiempo, su trabajo hizo que la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas lo nombrara candidato a Diaconado, el cargo más alto que un feligrés puede obtener dentro de las estructuras diocesanas, y que le permiten ofrecer servicios religiosos a semejanza de un sacerdote.

“Fue un actor clave y fundamental para que la paz, la concordia y la restauración de tejido social volviera a su lugar”, dijo del él el director de la Misión de Bachajón, el jesuita José Avilés, en entrevista, al hablar sobre el trabajo de reconciliador que Pedro Cortés llevó a cabo desde hace tres décadas.

Además de catequista de su comunidad, desde el Centro de Derechos Indígenas el indígena tseltal es promotor de derechos humanos e indígenas en su región, ha sido visitador y reconciliador, y agente rural y presidente del comisariado ejidal.

Diego Mendoza es también un hombre que, desde su fe como integrante de una iglesia evangélica, ha desempeñado cargos como acompañante en procesos de reconciliación comunitaria en Pantelhó.

De oficio carpintero, es igualmente consejero espiritual, un cargo que en las comunidades indígenas es fundamental para dirimir por la vía del diálogo y procesos de pacificación, los conflictos que se suscitan al interior de una comunidad o entre comunidades.

Por estas razones, en agosto de 2021, ambos fueron nombrados por sus comunidades como parte del Concejo de Gobierno que en agosto fue elegido mediante una asamblea popular que se celebró en Pantelhó.

Hasta ese momento, Pedro y Diego no se conocían, ya que ambos habitan en comunidades alejadas una de otra. En Pantelhó hay 86 comunidades y 18 barrios, distantes entre sí por un territorio extenso donde los únicos caminos son de terracería.

El motivo por el que pobladores de Pantelhó nombraron en una asamblea comunitaria un Concejo de gobierno fue porque un mes antes, en julio de 2021, un grupo de autodefensas llamado EL Machete, por la vía armada expulsó a las autoridades municipales que hasta ese momento gobernanaban; la población de Pantelhó acusó en diversos momentos a las autoridades municipales y otros habitantes del lugar de ser parte de grupos del crimen organizado, de la muerte y desaparición de más de 200 personas, entre ella del asesinato de Simón Pedro, líder de la Abejas de Acteal.

La vía armada para expulsar a las autoridades y personas ligadas a grupos criminales que en Pantelhó se dedicaban al tráfico de enervantes y trata de personas, entre otros delitos, no fue aceptada por todas las comunidades; sin embargo, luego del asesinato de Simon Pedro, en asambleas, las comunidades aceptaron la coexistencia con el grupo de autodefensas El Machete, pero exigiueron que se nombrara nuevas las autoridades municipales que fueran civiles, independientes a las autodefensas armadas; y que se buscara el reconocimiento legal de ellas, como finalmente sucedió cuando el Congreso local les dio posesión formal.

En este proceso, Pedro Cortés fue designado Concejal Presidente y Diego y otros representantes de comunidades, fueron designados Concejales.

La desaparición de los 21

Pero entre el 7 de julio de 2021 -fecha en la que las autodefensas El Machete expulsaron al ayuntamiento entonces en funciones,- y agosto de ese año, cuando Pedro Cortés y Diego Mendoza fueron nombrados autoridades municipales, se suscitaron diversos enfrentamientos y expulsiones de las personas a las que la población identifica como integrantes de grupos criminales a quienes llaman “Los Herrera”, debido a que sus líderes pertenecen a esta familia; esto sucedió aun cuando elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, además de agentes de la Fiscalía de Justicia ya se encontraban en Pantelhó.

Es en este contexto que el 26 de julio de 2021 la población de la cabecera municipal de Pantelhó y quienes ahí se encontraban, provenientes de otras comunidades, pidieron a los agentes policiacos y de la Fiscalía que detuviera a las personas del grupo «Los Herrera» que aún se encontraban en la cabecera municipal, e iniciara un juicio en su contra; les pidieron que se llevarán ante un juez a 21 personas que la población ya tenía detenidos y estaban amarrados en el quiosco del lugar.

“(Los 21) eran las gentes que habían matado a nuestros hermanos, eran los sicarios, los que se paseaban con armas y amenazaban; algunos eran vendedores de droga, traficantes, y otros eran los que llevaban las armas y bombas con las que atacaban. La gente los seguía viendo en Pantelhó y se cansó”, dijo una persona que estuvo ese día en el lugar.

Los testimonios coinciden en que los pobladores fueron a donde estaban los destacamentos de militares, policías y de la Fiscalía; les pidieron que fueran por los sicarios y traficantes para llevarlos a prisión y enjuiciarlos. “Contestaron (personal de la Fiscalía) que no tenían orden de un juez y se encerraron, no se quisieron presentar a donde la gente les estaba entregando a esas personas, ahí en el quiosco”, comentó la fuente.

Tras la negativa, la población enardecida, se llevó a esas 21 personas detenidas. Desde entonces se les considera desaparecidas.

Dos días después de estos hechos, el 28 de julio, el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, entonces párroco de Simojovel, municipio vecino de Pantelhó, llegó a este municipio. Llegó como titular de una Comisión de Reconciliación que la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas había nombrado a petición de la población de Pantelhó, para tratar de ayudar a la población a bajar el nivel de violencia y usar las vías legales para dar salida a la exigencia de justicia y desarticulación de las personas vinculadas con grupos del crimen organizado.

Esta Comisión de Intermediación sostuvo al menos tres reuniones en la cabecera municipal de Pantelhó, con autoridades militares, del Congreso y Poder Ejecutivo federal y estatal, y de la Fiscalía de Chiapas, en ese momento representada por el Fiscal Indígena, Gregorio Pérez Gómez.

El fiscal Gregorio Pérez fue asesinado en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, cuando estaba en proceso los diálogos de reconciliación, el 11 de agosto de ese año, por orden de Daily Herrera -de la familia de “Los Herrera”-, quien actualmente purga una pena de 25 años de prisión por estos hechos.

Semanas después de estos sucesos, familiares de algunos de los 21 desaparecidos presentaron una denuncia penal por la desaparición, y acusaron directamente al sacerdote Marcelo Pérez en primer lugar, y en segundo a Pedro Cortés, Diego Mendonza y otra persona que meses después también fue designada como Concejal del ayuntamiento, de ser los autores materiales de la desaparición.

En la Carpeta de Investigación 0323-078-1001-2021, solo está el testimonio de 5 familiares de los desaparecidos, y únicamente se reconoce como desaparecidos a 19 personas. En el documento se leen que quienes los acusan aseguran que el sacerdote Marcelo, Diego y Pedro, personalmente fueron a los diferentes domicilios donde estaban los ahora desaparecidos, los detuvieron, los llevaron al quiosco en el centro de la cabecera municipal de Pantelhó, los amarraron y luego ordenaron su desaparición.

En el expediente, los testimonios contra los detenidos se repiten con palabras casi textuales, lo que al decir abogados, dan prueba de que fueron condicionados para repetir esta versión. Para las acusaciones contra el sacerdote y los dos Concejales, quienes los acusan presentaron como prueba un video, que es público y se puede consultar en redes sociales, en el que no se reconoce o distingue a ninguno de los acusados.

El juicio

Un año después de la desaparición, el 21 de julio de 2022, Pedro Cortés y Diego Mendoza fueron detenidos; también se giró una orden de aprehensión contra el sacerdote Marcelo Pérez, sin embargo, está no fue ejecutada, a pesar de que él se presentó a la Fiscalía, de manera voluntaria, a declarar.

La jueza Guadalupe Rocha Flores quedó a cargo del proceso contra los acusados, difirió en 14 ocasiones la audiencia inicial, con diferentes argumentos, uno de ellos que se encontraba enferma; hasta que esta se llevó a cabo en agosto de 2024, más de dos años después de la detención.

Para enfrentar el proceso, con el acompañamiento de la Clínica de Litigio Indígena y Formación en Derechos Humanos (Clifodh), Pedro Cortés y Diego Mendoza nombraron a dos abogados como sus representantes.  En la primera audiencia que se llevó a cabo en agosto de 2024, la jueza interpeló continuamente los alegatos de defensa, interrumpiéndolos; paró el proceso cuando el abogado Kin Alberto González presentaba las pruebas a favor de los detenidos, la jueza argumentó que el abogado no estaba calificado, y determinó que la ley le facultaba para destituirlo de su nombramiento como defensor y designar en su lugar un abogado de oficio, en audiencias posteriores nombró a otro. De esto da cuenta la grabación de las audiencias.

A pesar de esto, Pedro Cortés y Diego Mendoza mantuvieron como asesores a las personas que habían elegido como abogados particulares, con el fin de que pudieran colaborar con el abogado de oficio nombrado por la jueza; y para que en el juicio se presentaran las pruebas de inocencia y a los testigos de descargo; personas que podían atestiguar y probar con diversas pruebas, que los acusados no estuvieron en el lugar de los hechos el día de la desaparición. El abogado de oficio se negó a ello y nunca quiso presentarlas.

Las pruebas que los abogados particulares había recopilado indican que el 26 de julio de 2021 el sacerdote Marcelo Pérez se encontraba en Simojovel, rodeado de muchas personas que pueden acreditarlo; la georreferenciación de las llamadas telefónicas que recibió ese día y a las que respondió, son otra prueba de ello.

Pedro Cortés también se encontraba fuera de Pantelhó, en Simojovel, junto a su esposa; acudieron en busca de atención médica porque ella estaba enferma; estuvieron en una farmacia comprando medicamento. También hay pruebas documentales y testimonios de ello. En el caso de Diego Mendoza, el día de la desaparición él se encontraba en su casa ubicada a más de 60 kilómetros de donde se dieron los hechos, trabajando con sus hijos en labores de carpintería; sus hijos y sus vecinos son testigos de esto.

Ninguno de estos testimonios y pruebas fueron considerados en el juicio; al decir de Pedro y Diego, en las audiencias los abogados de oficio que nombró la Jueza Guadalupe Flores Rocha, estuvieron callados, y no objetaron las acusaciones.

Incluso, argumentando que había “dificultades” para trasladar a Pedro y Diego a la sala de audiencias ubicada esta en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, la jueza Guadalupe Flores Rocha ordenó que las audiencias se llevaran a cabo de manera virtual, por transmisiones de internet, con lo cual convirtió el juicio oral público a uno privado donde los asesores particulares de los dos detenidos no tuvieron acceso, y los abogados de oficio se conectaron desde una sala a 150 kilómetros de distancia, y por tanto tampoco estuvieron en comunicación con los dos acusados.

Finalmente, en una audiencia virtual del pasado 28 de febrero la jueza Guadalupe Flores Rocha dictó sentencia condenatoria contra Pedro Cortés y Diego Mendoza. Se negó a señalar a cuántos años de prisión era la penal, y citó para nueva audiencia para el martes 4 de marzo.