67 organizaciones religiosas, humanistas, zapatistas y centros de derechos humanos de Suiza, Alemania, Italia, Noruega, Grecia, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Argentina, Colombia, además de colectivos de varios estados de México y unas 300 personas en lo individual, exigen revisión del proceso por el que Diego Mendoza y Pedro Cortés fueron sentenciados a 110 años de prisión.

El encarcelamiento y sentencia a 110 años de prisión contra Diego Mendoza y Pedro Cortés, indígenas tseltales del municipio Pantelhó, ubicado en la zona de Los Altos de Chiapas, conmovió a cientos de personas y decenas de organizaciones que en en ello un caso de encarcelamiento arbitrario y fabricación de culpables.

A los dos indígenas indígenas junto al sacerdote Marcelo Pérez Pérez, asesinado el 20 de octubre de 2024, se les acusó de la desaparición de 19 personas en su municipio, hecho ocurridos en el marco del surgimiento de un grupo de autodefensas que se organizó contra integrantes del crimen organizado que tenía el control político y territorial de la región.

En la denuncia que se hizo ante la ONU-DH y CNDH, se detalla que ambos habían sido elegidos por sus comunidades para ser sus representantes en un Concejo de Gobierno civil, pero fueron detenidos luego que denunciaron la presión que un año después de estos hechos, seguía teniendo la población de Pantelhó. Policías vestidos de civil y sin orden de aprehensión fueron por ellos y los sacaron de una cafetería.

Luego fueron llevados a juicio en un proceso que duró más de dos años, y donde una juez les quitó la defensa y validó testimonios sin mayor prueba documental que un video difundido en redes sociales y el informe de un policía muerto también.

Ante la evidencia, mientras se dirime el caso ante la ONU-DH y CNDH y se resuelve la apelación que la defensa hizo ante un juez, organizaciones humanitarias y personas en lo individual enviaron una carta pública a los gobiernos federal y de Chiapas, y al Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria  de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU.

En el escrito refieren que Pedro Cortés López es catequista y candidato al Diaconado Permanente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, y Diego Mendoza Cruz, es evangélico y carpintero, ambos incansable reconciliadores en su comunidad, promotores de derechos humanos y autoridades morales que han buscado desde el diálogo, la ley y la no violencia, resolver los distintos conflictos que se le han presentado.

“Este procesamiento violatorio de los derechos humanos de Pedro y Diego es un ejemplo más de la violencia que sufre el pueblo de Panthelhó, en donde más de 200 humildes campesinos hombres y mujeres, en los últimos 20 años, han sido ultimados/as, según el testimonio de los pobladores del municipio”.

Detallan en la carta que dentro de los asesinatos cometidos está el del también catequista, promotor de derechos humanos y expresidente de la organización pacifista Las Abejas, Simón Pedro Pérez López, ocurrido el 5 de julio de 2021; el del Fiscal de Justicia indígena de Chiapas, el tseltal Gregorio Pérez Gómez, el 11 de octubre del mismo año, “quien empezaba ha darse a la tarea de investigar las diversas muertes en el municipio de Pantelhó”; y el homicidio del Padre Marcelo Pérez Pérez, que acompañaba el proceso de paz en esa región.

“El Padre Marcelo fue removido como párroco de Simojovel y enviado a la parroquia de de nuestra Señora de Guadalupe, en San Cristóbal de las Casas, debido a las denuncias reiteradas que realizó señalando la violencia desatada por el crimen organizado en la región. La fiscalía de Chiapas, le dictó una orden de formal prisión acusado, en el mismo expediente del crimen imputado a Don Pedro y a Don Diego. La orden de aprensión no se liberó, pero no se suprimió, y pese a los intentos realizados por proteger su vida por parte de organizaciones de la sociedad civil, fue asesinado a manos de un sicario, en San Cristóbal de Las Casas, el 20 de octubre de 2024”.

“Estos hechos son ejemplo de la violencia institucional y de la vulneración de derechos humanos que sufren personas indígenas en el estado de Chiapas. Sabemos que, lamentablemente, este caso -la detención y sentencia contra Pedro y Diego- no es una excepción y que existe un patrón de construcción de delitos falsos que condenan a personas, en su mayoría indígenas, pese a ser inocentes.”

Las organizaciones y personas firmantes exigieron al poder judicial que revise el caso de Pedro Cortés y Diego Mendoza, y pueda garantizarles un juicio con todas las garantías y derechos fundamentales al debido proceso.

También demandaron a los gobiernos federal y estatal las medidas necesarias para que el asesinato del Padre Marcelo no quede impune.

“No solo se está encarcelando a dos personas inocentes, sino también a quienes han dedicado su vida a construir la paz en el territorio de Chiapas frente al crimen organizado que sigue actuando”, refirieron.

Entre quienes firman están organizaciones de jesuitas, los centros de derechos indígenas de Chilón, Chiapas, de Loyola, León, México; el Centro de Documentación sobre Zapatismo -CEDOZ- Madrid, Estado Español, la Confederación General de los Trabajadores (CGT) del Estado español, la Misión de Bachajón, México, entre otros.