Nombre del zapatista desaparecido por paramilitares estará en una sala de Universidad de Chiapas, para honrar su memoria

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La Corte Interamericana también ordenó al Estado mexicano crear un registro único y  actualizado de personas desaparecidas, para determinar quiénes son víctimas de desaparición forzada.

Para que sea recordado él y su historia de lucha como parte de los indígenas que se sumaron al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) para lograr mejores condiciones de vida, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó a México que como parte de las medidas para reparar el daño ocasionado a Antonio González Méndez -desparecido en 1999 en manos del grupo paramilitar Paz y Justicia, financiados por el gobierno de este país-, que una sala de la Facultad  de Derecho de la Universidad  Autónoma de Chiapas (UNACH) lleve su nombre.

Antonio González Méndez, indígena ch´ol militante de las bases de apoyo del EZLN, era encargado de la tienda cooperativa “Arroyo Frío”, del municipio de Sabanilla, ubicado en la zona norte de Chiapas. De acuerdo al centro de derechos humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), su activismo le hizo blanco del Ejército mexicano y del grupo paramilitar conocido como Paz y Justicia, que fue articulado como parte de la política contrainsurgente del Estado mexicano.

Por este motivo, el 18 de enero de 1999 fue secuestrado y desaparecido. Había indicios de que esta acción fue cometida por el grupo Paz y Justicia; sin embargo, el gobierno mexicano no investigo su muerte ni hizo intentos por localizarlo.

Por ello, su familia interpuso una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, instancia que determinó la resposabilidad del Estado mexicano, lo que llevó a la Corte Interamericana a emitir, el pasado 12 de diciembre, una sentencia que tienen varios ordenamientos.

El primero es continuar las investigaciones  en  curso sobre  la desaparición  forzada, así  como las  acciones de búsqueda de Antonio González; brindar tratamiento médico, psicológico y/o psiquiátrico a Zonia López Juárez, Ana González López, Magdalena González López, Elma Talía González López y  Gerardo  González  López. Cabe señalar que cuando fue llevado por la fuerza, se encontraban con él se encontraban sus hijos -tres niñas y un niño- además de su esposa. La situación les llevo a padecer una afectación a su integridad psíquica y moral, así como a sus proyectos de vida.

El Estado mexicano también debe publicar el  resumen  oficial  de  la sentencia elaborado por la Corte, en el Diario Oficial y en un medio de comunicación de amplia  circulación  nacional;   publicar la  Sentencia  en  un  sitios  web  oficiales  del Gobierno Federal y del  Gobierno del  estado de Chiapas; difundir el comunicado  de prensa  oficial de  la sentencia,  a  través  de al  menos una  emisora radial  de  amplia cobertura,  en  español y  en lengua  ch’ol.

Otorgar becas de estudio para las hijas e hijo de González Méndez; implementar un programa permanente de formación sobre la debida investigación y juzgamiento  de presuntos  hechos  de desaparición  forzada de  personas, dirigido  a agentes  del  estado  de Chiapas.

La sentencia también contempla medidas que alcanzan los casos de otras personas víctimas de desaparición forzada, situación que se ha incrementado en Chiapas, porque se ordenó crear un registro único y actualizado de personas desaparecidas, que  permita  la generación de datos  estadísticos,  así  como  determinar  claramente  en  qué  casos  se  trata  de desapariciones forzadas.

El Estado mexicano deberá indemnizar económicamente a la familia de Antonio González Méndez por los daños materiales e inmateriales, así como por el reintegro de los gastos que hicieron en su búsqueda. Finalmente, la Corte Interamericana pidió denominar una  sala de  la Facultad  de Derecho de  la  Universidad  Autónoma de Chiapas (UNACH) con  el nombre de Antonio, a fin de honrar su memoria y recodar el agravio, buscando con ello que no se vuelva a repetir una acción semejante.

El Centro Frayba considera que la sentencia “abre una grieta en el muro de complicidad e impunidad construido por perpetradores, actores políticos, militares y paramilitares, quienes, gobierno tras gobierno, han sostenido pactos para encubrir sus crímenes de Estado. La lucha de Antonio, junto con la valentía de Zonia, Elma y Magdalena es una luz y una esperanza para todas las víctimas y sobrevivientes de esa barbarie, inspirando la búsqueda por la verdad y memoria, haciendo énfasis en acciones de justicia que lleven a una reparación integral y en consecuencia a una justicia completa, cabal, al Lekil Chapanel (justicia verdadera)”.

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