Exigimos justicia para las víctimas de la persecución militar en Villa Comaltitlán, Chiapas

Fallecieron al menos 6 personas y otras 10 están heridas como resultado del incidente causado por la persecución militar en el ejido Saltillito, en la costa de Chiapas.

Reiteramos nuestra denuncia sobre las políticas migratorias, la militarización y la omisión del Estado mexicano, que continúan causando la muerte de personas migrantes y con necesidades de protección internacional.

2 de octubre de 2024 Villa Comaltitlán, Chiapas, México

La noche de ayer martes 1 de octubre de 2024, una camioneta de redilas que transportaba a 33 personas migrantes y con necesidades de protección internacional no se detuvo en un retén militar y un convoy inició una persecución, durante la cual elementos militares dispararon al vehículo, causando que la camioneta se accidentara a la altura del ejido Saltillito del municipio de Villa Comaltitlán. Este hecho dejó, hasta ahora, un saldo de 6 personas fallecidas y 10 más lesionadas, entre ellas niños y niñas.

Tras varias horas de sucedido el accidente, no hay suficiente claridad de los hechos que causaron estas muertes. La información que se conoce es que murieron 4 hombres adultos, una niña y una joven, y se reportan por lo menos diez personas lesionadas en el hospital. Las personas son de Nepal, India, Arabia Saudita, Egipto, Pakistán y Cuba. Algunas imágenes difundidas en redes sociales sugieren que las personas fallecieron por impactos de bala.

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), ha emitido esta tarde un Comunicado, en el cual refiere una relación de los hechos ocurridos, centrada en la versión de los propios elementos militares. Si bien se reconoce la gravedad de los hechos y la probable responsabilidad de los agentes implicados, refrendamos que este tipo de investigaciones deben ser centradas en el testimonio directo de las víctimas, en condiciones dignas, de total imparcialidad y garantías de seguridad; así mismo, debe reconocerse la responsabilidad de la cadena de mando correspondiente, y la responsabilidad institucional y política de los factores y condiciones que favorecen este tipo de hechos.

Desde el Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur, reiteramos, una vez más, que estos hechos no son ni accidentales ni aislados, son consecuencia de las políticas migratorias restrictivas que el Estado mexicano sigue implementando. Especialmente son consecuencia directa de ordenar el despliegue militar para la contención de los flujos migratorios bajo una lógica de persecución y no de protección hacia las personas en movilidad, violentando y deshumanizando a las personas, poniendo en riesgo su integridad física, emocional y su vida.

Esta estrategia de contención, centrada en la seguridad nacional, exacerba el carácter securitista y de persecución, por encima de un enfoque de seguridad humana. En el marco del reciente traslado oficial de la Guardia Nacional a la SEDENA, reiteramos, como hemos señalado en múltiples ocasiones, los riesgos ampliados que implican para la vida y los derechos humanos de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, como son las personas migrantes, refugiadas y con necesidades de protección internacional.

Las políticas migratorias mexicanas generan un contexto de violencia, precariedad y riesgo para miles de personas, causando graves violaciones de derechos humanos. Les orillan a tomar vías riesgosas, clandestinas y cada vez más costosas, cayendo en redes de trata y tráfico. En Chiapas continúa el avance de los grupos criminales, poniendo en riesgo a las personas migrantes y con necesidades de protección internacional que transitan por el territorio, donde son expuestas al abuso, la extorsión y la muerte. El Estado mexicano ha sido omiso ante la situación de violencia en la región; así como en sus obligaciones de investigación y sanción de violaciones a derechos humanos y delitos que diversos agentes públicos han cometido, tanto por omisión como en colusión con dichos grupos criminales.

Hace un año, el 1 de octubre de 2023, se registró otro accidente en Pijijiapan, donde murieron 10 personas migrantes que eran transportadas en un camión. En 2021 se denunció otro accidente similar en Tuxtla Gutiérrez, donde murieron 55 personas que viajaban en un camión de carga. El 31 de octubre de 2021, falleció una persona cubana y otras dos personas fueron lesionadas, tras los disparos de elementos de la GN contra un vehículo particular donde iban 13 personas migrantes.

Estos hechos evidencian la omisión del Estado para garantizar los derechos humanos y la vida de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional. Además, constata que la política migratoria en México ha sido llevada desde enfoques y estrategias equivocadas, generando mayores factores de violencia y de desprotección, cuyas lamentables consecuencias viven personas y familias migrantes.

EXIGIMOS:

• Al Estado mexicano, implementar las leyes y normas mexicanas que garanticen políticas migratorias protectoras de derechos humanos y eliminar acciones de omisión, discrecionalidad, uso excesivo de la fuerza y corrupción.
• Se realice una investigación pronta, exhaustiva e imparcial sobre las causas y responsabilidades de lo ocurrido.
• Se brinde atención médica adecuada e integral a las personas lesionadas, así como apoyo psicosocial y jurídico a las víctimas y sus familia.
• El respeto al derecho a la identidad y a la dignidad de las personas fallecidas y que se facilite su identificación y entrega a sus familiares, así como el traslado y sepultura de sus restos, en coordinación con las representaciones consulares correspondientes.
• Se repare el daño integralmente a las víctimas y sus familiares, incluyendo medidas de restitución, satisfacción y garantías de no repetición, incluyendo su regularización migratoria.
• Garantizar los derechos de las 17 personas que fueron puestas a disposición del INM por parte de la SEDENA, en su calidad de víctimas de delito grave y violaciones a derechos humanos, la cual debe prevalecer por encima de su situación migratoria.

Nuestra solidaridad con las víctimas y sus familias.

Exigimos al Estado mexicano que estos hechos no se queden en la impunidad ni se repitan.

¡Basta de la violencia en contra de las personas en contextos de movilidad!

FIRMAMOS:

Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur

American Friends Service Committee (AFSC) – Oficina para América Latina y el Caribe, Apostólicas del Corazón de Jesús, Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova AC., Centro de Derechos las Víctimas la Violencia Minerva Bello, Coalition for Humane Immigrant Rights (CHIRLA), Espacios para la Defensa y el Florecimiento Comunitario (ESPADAC), Formación y Capacitación (FOCA), Iniciativas para Desarrollo Humano A.C. (IDEHU), Kaltsilaltik, La 72 Hogar Refugio para Personas Migrantes, Médicos del Mundo – Francia (MdM), Mujeres, Organización y Territorio (MOOTS), Programa Asuntos Migratorios – UIA, Red Jesuita con Migrantes – Centroamérica y Norteamérica, Servicio Jesuita Refugiados – México (JRS Mx), Tzome Ixuk, Mujeres Organizadas, Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA, Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes.