La Lacandona “es un polvorín”, advierten desplazados por crimen organizado

La Selva Lacandona ocupa formalmente 1.8 millones de hectáreas. Foto: Ángeles Mariscal

• Explicaron que integrantes de la comunidad lacandona ya forman parte de los grupos del crimen organizado.

Líderes indígenas y sus familias, cumplieron un año desplazados, luego que integrantes del crimen organizado los amenazara de muerte por denunciar el uso de pistas de aterrizaje y terrenos para el tráfico de droga.

Ahora, desde el exilio, reiteran que “la violencia se ha vuelto cotidiana en la selva Lacandona”, que varias comunidades de la selva están sometidas por grupos del crimen organizado y, a su ver, “la situación en nuestro estado fronterizo es un polvorín a punto de estallar, nuestra situación es solo la punta del iceberg”.

Algunos  de los desplazados son ex-autoridades comunales de la comunidad Lacanja Cansayab, cuando grupos del crimen organizado intensificaron su presencia en la selva Lacandona, a lo que se opusieron.

Ello provocó que sufrieran amenazas y atentados hasta que, el 13 de septiembre de 2023, quedaron acorralados en el interior de la comunidad, por lo que organizaciones humanitarias intervinieron para que autoridades del gobierno federal los sacara del lugar en helicóptero.

Desde entonces viven en situación de desplazamiento forzado, provisionalmente están viviendo, ellos y sus familias, en la comunidad Nueva Palestina, también en la Lacandona, según explicaron en un comunicado donde hacen un nuevo llamado a las autoridades para que intervengan.

Sobre su situación de desplazamiento y por las amenazas y atentados en su contra, levantaron denuncias penales en la Fiscalía de Chiapas; sin embargo, denuncian que el gobierno de Chiapas descartó considerarlos víctimas de desplazamiento forzado y únicamente declaró que son personas “en estado de vulnerabilidad”.

“La única respuesta y propuesta del gobierno es que nos quedemos en nuestras casas y territorios, que no nos desplacemos, pero eso conlleva el aceptar trabajar para los grupos de delincuencia, sobrevivir extorsionados, pagarles su impuesto como derecho de piso y participar de sus actividades ilícitas funcionando como base social de estos grupos de delincuentes como sus policías y en sus movilizaciones”, explicaron.

Denunciaron en la carta que hicieron pública, que integrantes de la comunidad lacandona ya forman parte de los grupos del crimen organizado, “hermanos lacandones desgraciadamente se han aliado con los criminales, exponiendo nuestros derechos como pueblo originario ancestral, colocando nuestros territorios al servicio de estas organizaciones y controlando a todas las familias”, y quienes se oponen son amenazados y en algunos casos, desaparecidos, dijeron.

Sobre su situación, expusieron que en una asamblea que se celebró en Lacanja Cansayab apenas en mayo pasado, “autoridades en compañía con integrantes del crimen organizado informaron a la asamblea que iban a tomar posesión de nuestras parcelas, casas y propiedades; despojándonos absolutamente de todo nuestro patrimonio comunitario y privado”.

“Nosotros vemos que no hay posibilidad de un retorno a nuestra comunidad de Lacanja Chansayab ya que la delincuencia organizada está operando las 24 horas del día, operan como policías en la comunidad, involucrando a todos sus habitantes que extorsionada o involuntariamente se han quedado para participar con ellos (…) hemos observando la participación de la policía estatal en las maniobras del crimen organizado y es por eso que tememos por nuestra seguridad y consideramos que no hay condiciones propicias para garantizar nuestra integridad.”.

Los líderes lacandones señalaron que su situación de desplazamiento forzado y las amenazas en su contra los ha colocado, a ellos y sus familias, “en situación de pobreza y marginalidad, además de que estamos en serio riesgo para nuestra integridad física sin acceso a la salud ni educación”.

“Pero no nos resignamos a esta situación y queremos recuperar nuestros bienes y que nos paguen los daños y pérdidas causadas por el desplazamiento que sufrimos desde hace tiempo”.

Señalaron que si el gobierno en sus tres niveles, federal, estatal, municipal son incapaces de hacer valer sus derechos y detener a los agresores de las comunidades, les exigen que “asuman su responsabilidad de indemnizarnos económicamente por el valor de esos patrimonios de los que hemos sido expropiados de manera ilegal e ilegítima por parte del crimen organizado”.