Ex bases de apoyo del EZLN, víctimas de paramilitares, se organizan para exigir justicia
- Por ser bases del apoyo del EZLN, entre 1995-2000 sufrieron desplazamientos, ejecuciones y desapariciones en municipios de la zona norte de Chiapas, principalmente en Tila.
Formaron el Colectivo en Memoria para la Búsqueda de la Justicia y la Verdad (COLEMBIJ), son indígenas de la etnia chol, originarios del municipio de Tila, ubicado en la zona norte de Chiapas.
“Cuando el levantamiento zapatista (1994), nosotros y nosotras apoyamos. La gente que no estaba de acuerdo con el movimiento zapatista nos veía como enemigos. Los presidentes municipales comenzaron a formar a los grupos paramilitares en ese tiempo, apoyados con el Ejército, la policía estatal y los ministerios públicos. Cuando denunciamos la desaparición (autoridades) no hacían su trabajo, al contrario nos metían a la cárcel. Los que estaban matando quedaban libres”, explicaron en el pronunciamiento que hicieron para informar sobre el nacimiento de su organización.
Mario Torres Torres tiene 52 años, es originario del ejido Miguel Alemán, una comunidad de Tila. Él explica que fueron base de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), reconocimiento que por primera vez hacen público, aunque organizaciones humanitarias identificaban que el motivo por el que fueron atacados tras el alzamiento del grupo insurgente en 1994, fue para detener el avance de esta organización.
En el Informe 26/13 que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió, por estos hechos, recoge el testimonio de habitantes de los municipios de Tila, así como de Tumbalá, Salto de Agua, Sabanilla y Palenque, quienes fueron blanco de ataques de quienes en su momento fueron reconocidos como integrantes del grupo Paz y Justicia, que habría sido formado por autoridades del Estado mexicano como grupo contrainsurgente.
Como consecuencia de estas acciones, entre 1995 y 2000, este grupo considerado paramilitar, provocó el desplazamiento de más de 3 mil 600 indígenas de la zona norte de Chiapas, y en la desaparición de personas como Minerva Guadalupe Pérez Torres y Mateo Arco Guzmán; la ejecución de Héctor Pérez Torres, Rogelio Jiménez López, Sebastián Pérez López, Domingo Vásquez Avendaño, Nicolás Mayo Gutiérrez y Miguel Gutiérrez, entre otros daños.
A casi 30 años de estos hechos, cuando aún en esa región se vive el impacto de quienes formaron parte del grupo Paz y Justicia y ahora de sus descendientes, las víctimas siguen pidiendo se haga justicia y esperan la recomendación de la CIDH al Estado mexicano, un proceso que llega a tardar décadas en emitirse.
Ahora, ante el temor de que “por la falta de justicia se prevé la repetición de desapariciones y ejecuciones”, formaron el colectivo COLEMBIJ. “Formamos una pequeña organización, en español es colectivo de memoria para la búsqueda de un camino a la justicia y verdad, en nuestra lengua Chol significa ´es un camino largo donde podemos caminar todos y todas, y es cansado para caminar, va a haber tropiezo de piedras, va a haber bloqueos´ todos ese es el significado”, explicaron Mario Torres y Miguel Gómez Montero.
Miguel es uno de los integrantes de siete familias que ya no pudieron regresar a su casa en Tila; ahora viven en un pequeño predio. “En la actualidad tenemos problemas de dónde construir una escuela, de dónde construir una iglesia, de dónde sepultar a los compañeros que van falleciendo; son pocas las parcelas”, explica.
Quienes forman el COLEMBIJ esperan que en breve la CIDH emita la resolución a su queja, para que el Estado mexicana realice la reparación integral de los daños causados por la política contrainsurgente, lo que incluye medidas para garantizar una vida digna a quienes no pudieron retornar, investigación y detención de quienes desaparecieron y ejecutaron a las bases de apoyo del EZLN en esa región de Chiapas, entre otras medidas.
“Al gobierno exigimos que no se repita, que asuma su responsabilidad de todos esos actos de los gobiernos que estuvieron en ese tiempo, que reconozca que sí hubo desplazamiento por ese conflicto, que no es conflicto religioso, no fue un conflicto por disputa de tierras, que fue un conflicto por cuestiones políticas donde participó el Ejército con paramiliares”, dijeron.
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