El «estado de guerra» de grupos criminales incrementa riesgo en partos y casos fatales, denuncian ONG´s

Foto: Isabel Mateos

El Comité Promotor de una Maternidad Segura y Voluntaria en Chiapas y  el Observatorio de Mortalidad Materna en México señalaron hoy que el “estado de guerra” que sufren una 300 mil personas en la región de la Sierra y la Frontera de Chiapas, ha incrementado el riesgo de los partos, “casos fatales”, ante la falta de libre tránsito y la falta de médicos y enfermeras en hospitales y clínicas de la región.

Tanto el Comité Promotor como el Observatorio hicieron un llamado urgente a las autoridades estatales y federales ante la emergencia provocada por el incremento de la violencia en el estado, pues actualmente, dijeron, amplias regiones de Chiapas enfrentan una grave situación de emergencia debido a la violencia. Y que, entre los grupos más afectados se encuentran las mujeres, en especial las gestantes.

En un pronunciamiento conjunto ambas organizaciones civiles señalaron que esta crisis ha sido provocada por el violento control que diversos grupos del crimen organizado han impuesto sobre los habitantes de varios municipios del estado. A través de amenazas y el uso de armas, estos grupos han privado a la población de su libertad.

Mencionaron que aproximadamente trescientas mil personas han sido rehenes de estos cárteles durante meses, viendo cómo su vida cotidiana y su tranquilidad han sido profundamente trastocadas.

“La pérdida de libertad que sufren los habitantes de estas regiones se manifiesta en la restricción de su movilidad y en la imposición forzada de acciones contrarias a su voluntad, lo que constituye una forma de esclavitud. Los jóvenes son las principales víctimas de esta situación, siendo cooptados o forzados a realizar actos degradantes e ilegales, que en muchos casos incluyen la comisión de actos violentos”, dijeron en la carta que firmaron ambas organizaciones.

Explicaron que estas situaciones tienen un efecto en la salud física y la integridad de las mujeres y niñas, al ser blanco de situaciones de abuso y violencia, inclusive lo mismos varones por el simple hecho de los mecanismos de desalojo y la persecución durante el desplazamiento.

“Con frecuencia, los habitantes de estas regiones son utilizados como escudos humanos o forzados a realizar acciones para desviar la atención o entorpecer los operativos de la policía, la Guardia Nacional o el Ejército, creando así la falsa impresión de que los grupos criminales cuentan con apoyo popular”, mencionaron.

Precisaron que el costo social y económico evidente del sometimiento ejercido por los cárteles que trafican con drogas, armas y migrantes es enorme.

Además del elevado número de asesinatos y desapariciones, “esta situación ha provocado el desplazamiento de miles de personas, llevando incluso a que algunos busquen refugio en Guatemala. El cobro de extorsiones, la destrucción de viviendas y el robo de tierras y pertenencias es masivo”.

Dijeron que todo ello ha generado una disrupción casi total de las actividades laborales, dañando gravemente las economías locales y exacerbando los niveles de pobreza y desigualdad. Estos impactos, sin duda, tendrán consecuencias transgeneracionales.

“Los servicios públicos están gravemente afectados. Un gran número de escuelas y centros de salud permanecen cerrados, ya que maestros, maestras y personal sanitario no pueden acudir a trabajar debido a la falta de condiciones de seguridad necesarias. Los servicios de salud están prácticamente paralizados por el verdadero estado de guerra que prevalece en estas regiones, situaciones que violan los derechos de las personas a la educación y a la salud”, indicaron estas organizaciones civiles.

Y añadieron que “las mujeres gestantes se han visto privadas de opciones para el seguimiento de su embarazo y la atención del parto. La ausencia de la mayoría de los médicos en la región ha incrementado la carga sobre las parteras tradicionales, quienes, además de enfrentar presiones, temor e inseguridad como el resto de la población, asumen mayores riesgos para su propia seguridad”.

Y a pesar de todo, las parteras continúan brindando atención a las mujeres embarazadas y a sus recién nacidos.

“La atención del parto y la canalización de emergencias obstétricas a un hospital son acciones indispensables e impostergables; sin embargo, en las regiones bajo el control del crimen organizado, estas tareas implican grandes riesgos para la seguridad y la vida. Nuestro comité ha recopilado información sobre casos fatales en los que mujeres, al presentar complicaciones obstétricas, no han podido ser referidas a un hospital o han tenido qué regresar a sus hogares porque se les impide el libre tránsito. También hemos documentado casos en los que familiares de parteras han sido desaparecidos”, indicaron en la carta enviada al gobierno de Rutilio Escandón Cadenas y al gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Peor que en Gaza

Añadieron en la carta que a diferencia de las condiciones impuestas por los grupos criminales en Chiapas, en situaciones de guerra existen instrumentos legales diseñados para garantizar que la población siga recibiendo atención médica y que la integridad del personal de salud sea respetada, incluso en circunstancias críticas.

“Aunque estos instrumentos son cada vez menos respetados a nivel global, como lo demuestran las agresiones a médicos y hospitales en Gaza por parte de Israel, siempre pueden ser invocados en un conflicto armado. Sin embargo, frente a las condiciones impuestas por los cárteles criminales, la población se encuentra indefensa”, explicaron.

Recordaron que es obligación del Estado hacer todo lo posible para brindar protección a las personas y garantizar el derecho a la salud.

“Sería aventurado y probablemente infructuoso hacer un llamado a los integrantes de los grupos criminales para que respeten la vida, la seguridad y el trabajo de las gestantes, las parteras y demás personal de salud.  Lo que sí podemos hacer es exhortar a los habitantes de las localidades afectadas por la violencia a que no decaigan en ánimo, no se resignen y, sin exponerse a mayores riesgos, resistan. Es crucial que no acepten esta situación como una «nueva normalidad» a la que simplemente deben adaptarse”, dice la carta.

Mencionaron que la clave para resistir sin arriesgarse es la solidaridad: promover y sostener el apoyo mutuo entre los miembros de la comunidad, especialmente con las mujeres gestantes y las parteras, quienes ahora más que nunca necesitan el respaldo de sus comunidades.

“En estos momentos difíciles, son los pequeños y grandes actos de solidaridad y resistencia los que pueden marcar la diferencia. Una de las dinámicas más perversas y destructivas que utilizan los grupos criminales al tomar el control de una comunidad es fomentar la división, las delaciones y el encono entre sus habitantes. Por ello, mantener la solidaridad es fundamental”, dijeron el Comité Promotor y el Observatorio.

“Las y los integrantes del Comité Promotor de una Maternidad Segura y Voluntaria en

Chiapas expresamos nuestra profunda preocupación por esta grave emergencia que afecta la vida y la tranquilidad de todos los habitantes del estado. Manifestamos nuestra solidaridad con todas las personas de las regiones afectadas, especialmente con las parteras tradicionales y el personal de salud, y, dentro de nuestras limitadas capacidades, ofrecemos todo el apoyo que esté a nuestro alcance”, dice el documento.

Sobre todo, hicieron un llamado a los gobiernos federal, estatal y municipales para que reconozcan públicamente el estado de excepción y la gravedad de la situación en varios municipios de Chiapas, y para que redoblen los esfuerzos necesarios para restituir la libertad y la seguridad de todos sus habitantes.

——————-fin—————