Desplazarse para salvar la vida: crisis histórica en Chiapas

*Redacción Carlos Almazán

El Centro de Derechos Humanos «Fray Bartolomé de Las Casas» ha sido testigo y documentador de este fenómeno durante más de treinta años. En sus informes, se destaca que si bien los desplazamientos forzados en Chiapas no son un hecho nuevo; su naturaleza ha evolucionado a lo largo del tiempo.

En la década de los setenta y ochenta, los desplazamientos eran motivados principalmente por razones religiosas y el conflicto armado interno. Para los años noventa con el levantamiento indígena zapatista; la situación se agravó considerablemente.

El Plan de Campaña Chiapas 94, diseñado para desmantelar la resistencia zapatista, es un ejemplo claro de cómo el Estado utilizó la violencia para controlar y desarticular a las comunidades indígenas, señala el Frayba.

Los militares y los grupos armados de corte paramilitar se convirtieron en los principales responsables del desplazamiento masivo en las regiones Altos y Norte de Chiapas. Estos desplazamientos no solo desarraigaron a las personas de sus hogares, sino que también rompieron el tejido social y cultural de las comunidades, afectando profundamente su cosmovisión, sus tradiciones y su identidad.

En la última década, el desplazamiento forzado en Chiapas ha tomado una nueva dimensión, impulsado por la violencia del crimen organizado. Según datos del Centro, de enero a diciembre de 2019, se registraron 28 episodios de desplazamiento interno masivo en México, siendo Chiapas y Guerrero los estados más afectados.

En Chiapas, municipios como Chalchihuitán, Chenalhó, Aldama, San Andrés Duraznal y Pantelhó, todos pertenecientes al pueblo maya-tsotsil, han sido escenario de violencia extrema, con grupos armados ilegales vinculados al crimen organizado que actúan con la complicidad o la aquiescencia del Estado.

El Frayba reflexionó las condiciones precarias en términos de salud, vivienda, trabajo, educación y seguridad, como una visión de ir más allá de ver al desplazamiento como la pérdida del hogar.

El trauma físico y psicológico es profundo, con efectos duraderos que afectan tanto a individuos como a comunidades enteras. Además, el desplazamiento implica un rompimiento del tejido social y cultural, ya que las comunidades pierden su conexión con la tierra, que es fundamental para su identidad y subsistencia.

El desplazamiento forzado en Chiapas también ha exacerbado la pobreza en la región, debido a que las comunidades desplazadas no pueden trabajar sus tierras, lo que afecta directamente su economía y su capacidad para generar alimentos. Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la agricultura representa hasta el 70% de los medios de vida en algunas comunidades rurales de Chiapas.

Para el Frayba, es crucial  se adopten medidas integrales que aborden no solo las causas del desplazamiento, sino también sus consecuencias. Esto incluye la implementación de políticas de seguridad que protejan a las comunidades de la violencia, el acceso a servicios básicos para las personas desplazadas, y el fortalecimiento de las capacidades comunitarias para resistir y superar los efectos del desplazamiento. Además, es esencial que se respeten y se promuevan los derechos culturales de las comunidades indígenas, garantizando que puedan mantener su identidad y su conexión con la tierra.