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“Gobierno de la Cuarta Transformación no pudo, no puede parar la vorágine de la violencia” en Chiapas, señala.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) dio a conocer que fechas recientes sus integrantes fueron objeto de amenazas de muerte y el allanamiento una casa.

Estas acciones, denunciaron en un comunicado, su suman a lo os comentarios hostiles, la difamación y el desprestigio hacia su trabajo; además de actos de extorsión, intimidación, vigilancia y agresiones verbales.

“Varios de ellos vienen de actores vinculados a los gobiernos municipal, estatal y federal”, exploicaron en un comunicado difundido este día.

El centro humanitario más importante de Chiapas, detalló que estas agresiones y actos de intimidación se dan en el marco del incremento de la violencia y violaciones de los derechos humanos en Chiapas, agudizadas desde el año 2021.

También hizo referencia a que, derivado de su trabajo de denuncia sobre esta violencia, de Palacio Nacional y directamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador “hemos registrado cuatro ataques, agresiones y deslegitimación de nuestro trabajo. Lo que ha desatado una serie de actos en cascada de agresiones digitales a nuestras cuentas institucionales”.

Esta situación se incrementó en los meses de julio, agosto y septiembre. Se trata de “constante vigilancia, intimidación, hostigamiento y amenazas tanto de agentes no estatales vinculados a los gobiernos, autoridades estatales, federales y del Ejército mexicano”.

El Frayba señala que los pronunciamientos públicos estigmatizantes por parte de altos funcionarios son resultado del trabajo del centro humanitario en relación a los señalamientos de las violaciones a derechos humanos que cometen tantos institituciones del Estado como otros actores, mismos que no se investigan, no hay castigo y prevalece la impunidad.

Las agresiones que afectan al Frayba se dan a pesar de que cuenta con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “el Estado mexicano no ha garantizado la protección de las personas defensoras de derechos humanos que integran el Frayba. Las omisiones del Estado, al no realizar una investigación seria y exhaustiva encaminada al conocimiento de la verdad sobre los hechos y las fuentes de riesgo dado a conocer, afecta el trabajo diario”, dijeron.

Reiteran que a pesar de que hay un efecto amedrentador para ejercer la defensa de los derechos que se reclaman de manera justa ante la autoridad que violenta, “reafirmamos nuestro compromiso de seguir caminando al lado del pueblo organizado que defiende sus derechos humanos”, sostuvieron.

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