Organizaciones pidieron la intervención urgente del Estado mexicano para proteger del crimen organizado a población de Chiapas
Desplazados forzados que huyen de los cárteles. Foto: Cortesía
Exigen que no se les criminalice ya que están siendo víctimas de desplazamiento y reclutamiento forzado.
Más de 80 organizaciones de la sociedad civil cuestionaron “la acción poco efectiva del gobierno mexicano” para garantizar la vida y seguridad de miles de familias en Chiapas, quienes están siendo afectadas por la disputa de grupos del crimen organizado en este territorio.
Organizaciones con presencia en Chiapas, en México y organismos humanitarios internacionales, hicieron un pronunciamiento público en el que detallan que los municipios y ejidos aledaños de Frontera Comalapa, Chicomuselo, La Concordia, El Porvenir, Motozintla, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, Siltepec, Mazapa de Madero, Amatenango de la Frontera, Monte Cristo de Guerrero, Angel Albino Corzo (Jaltenango), La Grandeza, Niquivil, Pablo L. Sidar y Las Chicharras “son las zonas más afectadas y se encuentran incomunicados por los bloqueos carreteros realizados por los grupos del crimen organizado”.
Añaden que en estas regiones la población está en total desprotección y abandono de parte de las autoridades estatales y federales, además de ser obligada por los grupos criminales a participar en los bloqueos, utilizándolos como barricadas humanas por si viene el grupo rival o para impedir el paso de fuerzas federales.
“Ante esta situación, resultan de suma preocupación las afirmaciones de las autoridades federales, en cabeza del Presidente de la República, que minimizan la situación humanitaria y descargan la responsabilidad de los hechos en la población señalada de ser la base social de los grupos delincuenciales”.
Señalan que estas afirmaciones, además de no reconocer la situación que se vive en Chiapas, violan el principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario (DIH) y generan mayor riesgo para la población de ser identificada por uno u otro grupo como aliada de grupos contrarios, convirtiéndose en objetivo militar.
Las organizaciones hicieron un recuento de los enfrentamientos, bloqueos y riesgos para la población que se han vivido con mayor crudeza en mayo, agosto y septiembre del año pasado. En estos meses, ante los llamados de auxilio de la población, fuerzas federales y estatales llegaron a la zona, pero al retirarse escaló de nuevo la violencia.
“Si bien hubo un actuar militar en dicha coyuntura, no se observa un trabajo de investigación e inteligencia para desarticular los grupos criminales”, sostienen.
Refieren el caso del municipio de Chicomuselo, ubicado en la zona sierra-fronteriza. Ahí miles de familias han huido para escapar del reclutamiento forzado de niños, jóvenes y adultos.
El 13 de mayo de este año se confirmó la masacre de 11 personas en el ejido Nueva Morelia aparentemente por oponerse a la extracción minera. Posteriormente, 19 personas fueron asesinadas el 28 de junio en La Concordia, colindante con Chicomuselo.
“Desde el pasado 18 de julio la región permanece bajo el asedio de los grupos armados e incomunicada por bloqueos en distintos puntos, nadie entra y nadie sale por orden de los grupos criminales. A esto se suman cortes de luz y de telecomunicaciones en algunos municipios, la escasez de víveres y la suspensión del transporte y de servicios de salud y educación”.
Refieren que las organizaciones civiles y humanitarias han visto restringida la posibilidad de prestar cualquier tipo de actividad, por lo que las familias han tenido que desplazarse de manera forzada a Guatemala, para salvar su vida.
Las organizaciones señalaron que miles de familias en Chiapas están afectadas en
su vida, integridad, seguridad y libertad. Son objeto de reclutamiento forzado por parte de grupos del crimen organizado; estas condiciones hacen que padecen escasez de víveres y artículos de primera necesidad, que tengan restricciones de acceso a la salud y la educación, y que su vida colectiva y comunitaria está desarticulada.
“Exigimos al gobierno mexicano abstenerse de realizar señalamientos a la población que criminalizan y causan victimización secundaria en los términos del artículo 5 de la Ley General de Víctimas”, señalan.
Piden también la intervención de las autoridades para prevenir nuevos desplazamientos forzados y otros daños irreparables a la vida, y para activar mecanismos de búsqueda, localización e identificación de personas que puedan haber sido objeto de desaparición forzada en las confrontaciones entre los grupos armados.
A la Secretaría de Relaciones Exteriores le demandan establecer una mesa de coordinación binacional con el gobierno de Guatemala para brindar asistencia a las personas que se desplazaron al vecino país, así como coordinar acciones para el retorno de las personas en condiciones de seguridad, voluntariedad y dignidad cuando así lo decidan; y atender con mayor responsabilidad la situación de niñas, niños y adolescentes.
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