No hay condiciones para un retorno seguro y la crisis humanitaria sigue, dicen desplazados de Tila

Tila, el desplazamiento masivo

Miles de desplazados de Tila señalaron el domingo que no hay aún condiciones para un retorno seguro y que la crisis humanitaria aúnno está resuelta.

Y que, “en tanto no existen actualmente condiciones para un retorno seguro de las personas desplazadas de Tila a sus hogares, es una obligación del Gobierno de México y del Gobierno de Chiapas brindar garantías evaluables para su futuro retorno”, se apunta en un informe emitido por un organismo no gubernamental que encuestó a 873 cabezas de familiar que representan a más de 6 mil 800 desplazados.

La organización de la sociedad civil sin fines de lucro “Foro para el Desarrollo Sustentable A.C.”, que tiene más de 20 años acompañando a comunidades indígenas y campesinas víctimas del desplazamiento forzado, elaboró una herramienta para evaluar los riesgos y necesidades de las familias que tuvieron que huir por la violencia en Tila dejando atrás su patrimonio.

Dijo que raíz de los trágicos acontecimientos sucedidos en Tila, Chiapas que ocasionaron el desplazamiento forzado interno (DFI) de este pueblo Ch’ol el pasado 7 de junio del 2024 luego de varios días de terror por los enfrentamientos armados y ataques contra la población civil, las personas desplazadas solicitaron ayuda urgente a través de redes sociales y medios de comunicación.,

Pueblo fantasma

Dijo la Ong que esta encuesta fue puesta a disposición de las personas desplazadas de Tila para que sean las propias víctimas del desplazamiento quienes respondan de manera voluntaria y anónima las preguntas para conocer la magnitud del desplazamiento masivo recientemente ocurrido.

Se realizó con el propósito de que las personas desplazadas de Tila, que ya se están organizando, puedan reportar sin intermediarios la situación de crisis humanitaria que padecen para que las autoridades intervengan conforme a lo establecido en la Constitución Política Mexicana, así como en la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas, facilitando el trabajo de otras organizaciones civiles y de cooperación internacional que tienen experiencia y medios para brindar ayuda humanitaria.

La encuesta se hizo para conocer los riesgos y necesidades de la población de Tila víctima de desplazamiento forzado interno. Se hizo con corte del día domingo 16 de junio del 2024 a las 11:37 horas. Se aplicaron 873 registros realizados por cabezas de familia que la respondieron.

La custodia de la GN

En estos registros se contabilizaron 6,865 personas en condición de desplazamiento forzado.

“Es preocupante la fragmentación que sufren las familias desplazadas, pues desde el momento de la huida (07/06/2024) hasta la fecha 1,439 personas desplazadas han tenido que separarse de sus familiares también desplazados.

Se calcula que con estas respuestas se ha logrado una cobertura cercana a la mitad de las personas desplazadas de Tila, pues las propias víctimas estiman que el número total de población desplazada supera las 12,000 personas”, dijo el organismo.

Indicó que “el grado de vulnerabilidad de las personas desplazadas demanda una atención integral URGENTE por parte de las autoridades, considerando que los grupos más vulnerables en este momento son las mujeres, infantes menores de 6 años, niñas y niños de 6 a 11 años, adolescentes de 12 a 17 años, así como personas enfermas y discapacitadas”.

Y que, el lugar de refugio para las familias desplazadas fue principalmente Yajalón, Chiapas (60%), pero la diáspora llegó hasta otros estados como Tabasco (2%), Campeche, Quintana Roo, inclusive Nuevo León.

Gobierno se niega a firmar acuerdo con desplazados para retorno seguro
Foto: Ángeles Mariscal

Explicaron que las necesidades más urgentes en los albergues y campamentos donde se encuentran las personas desplazadas tienen que ver con la provisión de alimentos, agua potable, servicios de salud, alojamiento seguro, ropa personal y de cama, atención psicológica, lugares para preparar alimentos, así como la protección de sus bienes, cultivos y animales que tuvieron que abandonar en Tila, mantener un trabajo productivo e ingresos, acceso a la información sobre la atención del problema que causó el desplazamiento, reposición de documentos personales, asesoría legal y orientación sobre apoyos y ayuda humanitaria.

Señala el informe que las personas desplazadas son hablantes de la lengua Ch’ol (64%) y mayoritariamente salieron huyendo del Poblado de Tila, aunque también se tienen registros del desplazamiento en otras localidades del Municipio de Tila que son Misijá, Unión Juárez, Nueva Generación Chulum Chico y Usipá.

“La situación sigue siendo tensa en la zona de conflicto, las personas desplazadas se

sienten amenazadas y tienen temores fundados de que su vida corre peligro en caso de que las autoridades los obliguen a regresar a Tila en estas condiciones”, dice el documento.

Gobierno se niega a firmar acuerdo con desplazados para retorno seguro
Foto: Ángeles Mariscal

Se señala que durante las agresiones que sufrieron los pobladores de Tila desde la noche del martes 4 de junio de 2024 la población civil de Tila fue víctima de diversos delitos, por esta razón es necesario que se realicen las investigaciones correspondientes para el deslinde de responsabilidades y la presentación de los culpables ante las autoridades ministeriales, brindando en todo momento protección a las víctimas, reparación de los daños y garantías de no repetición.

“La situación actual no es nada fácil para las familias desplazadas de Tila, la crisis humanitaria no está resuelta y no hay condiciones para un retorno seguro. Es urgente que las autoridades del Gobierno de México y de Chiapas abran un diálogo con las víctimas para establecer las acciones a seguir hasta lograr condiciones para un retorno seguro y definitivo que permita alcanzar soluciones duraderas a este grave problema del desplazamiento forzado interno. Es urgente también que organismos de cooperación internacional y organizaciones de la sociedad civil aporten toda la ayuda posible a las personas desplazadas”, dice el informe difundido el domingo.

Se dice que el 41 por cientode las personas desplazadas desconocen cuáles son las autoridades encargadas de la ayuda humanitaria, la seguridad de los desplazados y la protección de sus bienes, mientras que 82% de las personas desplazadas consideran que hasta la fecha no hay estrategias y acciones de gobierno para atender este desplazamiento masivo.

La magnitud del problema y la indefinición de la respuesta gubernamental siguen exponiendo a la población a un mayor riesgo, por ello es urgente tomar acciones afirmativas que salvaguarden la vida e integridad de las personas desplazadas, su patrimonio y su cultura como pueblos originarios.

La asistencia humanitaria ha sido brindada en buena parte por la gente de las comunidades donde encontraron refugio las personas desplazadas, por sus familiares, amigos y conocidos, con la participación de la sociedad civil, las iglesias y templos de culto, mientras que 5% de las personas se mantienen en el desplazamiento con sus propios medios y recursos.

Por esta razón, sugiere el organismo no gubernamental, implementar una estrategia de trabajo productivo y empleo temporal para las personas desplazadas en las localidades donde se encuentran refugiadas. En cuanto al apoyo gubernamental que se ha brindado a la población desplazada, destaca el esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Yajalón.

Reseña que las personas desplazadas quienes tuvieron que huir de Tila dejaron casas, bienes inmuebles, negocios, locales comerciales, vehículos automotores, maquinaria y equipo, computadoras, enseres domésticos, muebles, ropa, documentación personal, es decir, todas sus pertenencias.

Por ello, resulta imprescindible que las autoridades competentes junto con las personas desplazadas levanten un inventario de todos los bienes, activos, propiedades y demás pertenencias que tuvieron que abandonar

las víctimas a causa de la violencia.

De igual manera, los activos productivos del campo también tuvieron que ser abandonados, dejando desatendidos animales y cultivos. Por ello, resulta

imprescindible que las autoridades de la Secretaría de Agricultura realicen junto a las

personas desplazadas un inventario de los terrenos de uso agropecuario, solares,

traspatios, los activos productivos, plantaciones, viveros, cultivos, plántulas y semillas, así como el número de semovientes, cabezas de ganado menor, animales de granja, aves de corral, colmenas, peces y demás especies de crianza, así como del equipo,

maquinaria, herramientas e insumos, para reponer las pérdidas que han sufrido y restituir los medios de vida, ingresos y empleos de las personas desplazadas.

“Un tema doloroso para las personas desplazadas fue tener que dejar abandonadas a su suerte a las mascotas y animales de compañía que no pudieron ser evacuadas de Tila”, indica el informe.

El organismo Foro para el Desarrollo Sustentable A.C.”, señala que es una obligación del Estado Mexicano brindarles protección a las personas desplazadas respetando sus derechos humanos, económicos, culturales, sociales y colectivos como pueblos originarios, para lo cual deberá destinarse el personal competente y los recursos presupuestales necesarios para atender integralmente las necesidades de la población desplazada para aliviar esta crisis humanitaria.

“En tanto no existen actualmente condiciones para un retorno seguro de las personas desplazadas de Tila a sus hogares, es una obligación del Gobierno de México y del Gobierno de Chiapas brindar garantías evaluables para su futuro retorno. Para lo cual resulta imprescindible que las autoridades federales y estatales reconozcan y respeten las formas de representación colectiva las personas desplazadas de Tila para formalizar espacios de diálogo tomando en cuenta sus opiniones y propuestas para solucionar integralmente las causas que ocasionaron el desplazamiento forzado masivo, organizando mesas de trabajo para tratar los temas que son prioritarios para las personas desplazadas para alcanzar soluciones duraderas a este grave problema del desplazamiento forzado interno”, dice el informe.

“De igual manera, resulta ineludible la necesidad de conducir procesos jurídicos para restituir y compensar los daños y afectaciones que han sufrido las personas desplazadas de conformidad con lo establecido en el Derecho Internacional, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanan. Particularmente se invocan los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos de las Naciones Unidas, los Estándares Internacionales del Derecho Humanitario reconocidos por el Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno en el Estado de Chiapas aprobada en el año 2012”, añade.

Asimismo, precisa que será el Gobierno de México quien deberá desarrollar e implementar estrategias pertinentes para la prevención de futuros episodios de desplazamiento forzado interno en territorio nacional, para lo cual resulta impostergable la promulgación y reglamentación de la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno, aprobada el 29 de septiembre de 2020 por unanimidad en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, pero que se mantiene congelada hasta la fecha en el Senado de la República Mexicana.

“Mientras tanto, las organizaciones de la sociedad civil seguiremos acompañando a las víctimas del desplazamiento forzado que así lo soliciten, por lo cual hacemos un llamado para pedir la intervención de los organismos multilaterales y organizaciones de cooperación internacional que puedan aportar su experiencia y orientación técnica que contribuya a fortalecer las capacidades autogestivas de las personas desplazadas”, concluye.

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