Servicio Jesuita denuncia acoso y perfilamiento racial por parte de la Policía Estatal de Chiapas

Policía Estatal
Foto: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Chiapas.

El Colectivo de Monitoreo Frontera Sur, organización integradora de diferentes colectivos de derechos humanos en pro de las personas en movilidad humana, denunció nuevos actos de hostigamiento, intimidación y perfilamiento racial hacia personas defensoras de derechos humanos por elementos de la Policía Estatal Preventiva de Tuzantán al realizar una verificación migratoria arbitraria e ilegal a personas colaboradoras del Servicio Jesuita a Refugiados – México.

El día miércoles 24 de abril, aproximadamente a las 10:10am, compañeras del Servicio Jesuita a Refugiados México (JRS MX) fueron hostigados por elementos de la Policía Estatal Preventiva en el tramo de la carretera federal Tapachula – Huixtla.

En un retén de la Policía Estatal Preventiva, a la altura de Xochiltepec, les solicitaron documentos de la camioneta, argumentando que realizaban recuperación de vehículos robados. Sin embargo, posteriormente les pidieron bajar del vehículo y solicitaron a un integrante del equipo, de nacionalidad haitiana, que presentara los documentos que acreditan su estancia regular en México. La Policía Estatal Preventiva no está facultada para realizar verificaciones migratorias, narró el Colectivo.

Luego, al indicarles que no están autorizados para solicitar documentos migratorios, los oficiales argumentaron que revisan carros particulares que llevan personas migrantes e insistieron en solicitar información, aduciendo temas de posible tráfico de personas y falsificación de documentos.

Demandaron conocer la dirección de su oficina, a dónde se dirigían y sobre su labor. Posteriormente, los oficiales llamaron a sus coordinadores para corroborar que lo que se había informado fuese verdad; permitieron que el vehículo del JRS avanzara solo hasta que corroboraron la información.

Estos hechos constituyen hostigamiento e intimidación a la labor de defensa de derechos humanos. Desde que les marcaron el alto, las/os compañeras/os se acreditaron como colaboradores de una organización de la sociedad civil, e incluso mostraron sus identificaciones institucionales, añadió.

Cabe señalar, el Servicio Jesuita abrió su oficina en Tapachula en 2017, como una respuesta a las condiciones de violencia y violaciones a derechos humanos que enfrentan las personas en movilidad en la frontera sur. Desde entonces, realiza labores de monitoreo en espacios de detención , espacios públicos o con mayor presencia de personas en movilidad que se encuentran en condiciones de alta vulnerabilidad, brindando acompañamiento legal y psicosocial a personas migrantes y con necesidades de protección internacional.

Por tanto, el Colectivo denunció la sistemática y persistente criminalización de personas defensoras de derechos humanos, así como el perfilamiento racial que ejercen las autoridades en Tapachula, especialmente la Policía Estatal.

Antecedentes

Sin olvidar, el incidente ocurrido en febrero de este año, cuando elementos de Policía Estatal de Tapachula realizaron una verificación arbitraria a colaboradores del JRS.

En 2022, cuatro personas colaboradoras de organizaciones de la sociedad civil, entre ellas un integrante del Colectivo de Monitoreo, fueron detenidas arbitrariamente por elementos de esta misma corporación, quienes ejercieron intimidación y abuso de poder, violando los principios de legalidad, proporcionalidad y respeto a los derechos humanos, situación que se mantiene impune.

La detención arbitraria fue resultado de la práctica de perfilamiento racial. Además, al presentarse como personas defensoras de derechos humanos, también fueron víctimas de hostigamiento

La criminalización sistemática y el perfilamiento racial como práctica cotidiana de autoridades migratorias y policiales vulnera a las personas migrantes y con necesidades de protección internacional que acompañamos, así como a nosotras/os como personas defensoras de derechos humanos, finalizaron.

Por tanto, exigieron a la policía estatal el cese inmediato de cualquier tipo de revisión y/o verificación migratoria, pues no cuenta con facultades para ello. Impulsar procesos de capacitación y sensibilización sobre sus obligaciones como servidores públicos, en materia de igualdad y no discriminación.

A la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, el seguimiento a la queja interpuesta por la detención arbitraria en marzo de 2022.

Y por último a las autoridades, el cese inmediato al perfilamiento racial de las personas que habitan y transitan por la frontera sur de México. Cese inmediato a la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos. Y el cese inmediato a la criminalización de las personas migrantes y con necesidades de protección internacional.