Exigen un fallo coherente al caso del Fraude sobre el Gualcarque

El COPINH denuncia exclusión ilegal del caso Fraude sobre el Gualcarque, el origen del asesinato de Berta Cáceres. Imagen: COPINH

Otros Mundos A.C, organización ambientalista con sede en San Cristóbal de las Casas, se sumó a la exigencia del Consejo Cívico de Organizaciones Populares en Indígenas de Honduras (COPINH) para que se emita un fallo coherente en el caso del Fraude sobre el Gualcarque.

El Consejo informó la convocatoria de audiencia de fallo del Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada y Corrupción para el viernes 3 de mayo.

En marzo del 2023, concluyó la fase del juicio que expuso una red de corrupción que afectó a la comunidad Lenca de Río Blanco y resultaron en el asesinato de la activista compañera Berta Cáceres.

Durante el proceso, se presentaron decenas de medios de prueba, entre testimonios, documentos y pericias que demostraron la responsabilidad penal de los seis imputados en delitos graves como fraude, violación de deberes de los funcionarios, falsificación de documentos y usurpación de funciones, consideró la organización hondureña.

La evidencia, expresó el COPINH, reveló como una red criminal entre funcionarios del Estado operaba en favor de la empresa DESA, lo que genera una violación a los derechos de la comunidad Lenca de Río Blanco. Dichos actos de corrupción ocurridos entre 2009 y 2012, condujeron a la concesión del Río Gualcarque a la empresa DESA, en fraude al Estado de Honduras y a la comunidad Lenca de Río Blanco.

Este caso presenta una oportunidad para avanzar en la lucha contra la corrupción en Honduras y sentar precedentes judiciales sobre la lucha anticorrupción y por los derechos humanos en el país. No solo se trata de la afectación de los derechos a la tierra y al agua de la comunidad indígena Lenca de Río Blanco, sino también de la estrecha relación entre la denuncia pública de la corrupción y el asesinato en 2016 de nuestra compañera Berta Cáceres, puntualizaron.

Otros Mundos se sumó a la demanda del Consejo para que el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional en Criminalidad Organizada y Corrupción, integrado por Karla María Arita, Nilser Jasmin Ramirez Carvajal y Fernando Gabriel Morazán, cumpla con su deber y emita un fallo coherente con las pruebas y que sancione enérgicamente los actos de Roberto David Castillo Mejía, Roberto Martínez Lozano, Carolina Castillo Argueta, Raúl Pineda Pineda, Luis Espinoza Mejía y José Carbajal Flores en el otorgamiento ilegal de la concesión sobre el Río Gualcarque.

Es momento de que la justicia hondureña cumpla con su deber de garantizar una justicia integral y así avanzar hacia la construcción de una sociedad basada en el respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas y los derechos humanos, finalizaron.