Pueblo creyente cuestiona eficacia de las mesas de seguridad, «tienen mucha información, pero no actúan»

Pueblo creyente de Simojovel

La Parroquia de San Antonio de Padua en Simojovel adscrita a la Diócesis de San Cristóbal de las Casas denunciaron situaciones de violencia y desorden social que viven, por lo que pese a tocar las puertas de diferentes autoridades siguen sin encontrar respuesta.

Hoy Simojovel vive momentos críticos y ante todos estos acontecimientos vemos la complicidad de las autoridades que no hacen nada para frenar tanta inseguridad en el pueblo, externaron.

En este contexto, el Pueblo creyente contextualizó su denuncia, ya que el silencio los haría cómplices de las injusticias.

Hoy, a la luz de la Palabra de Dios el Pueblo Creyente de esta Parroquia de San Antonio de Padua, compartimos nuestra preocupación por todos los acontecimientos que se están viviendo frecuentemente tanto a nivel nacional, estatal y municipal. Y condenamos enérgicamente todas estas injusticias, comunicaron.

Entre los acontecimientos se encuentra: desplazamientos de familias a causa de la violencia generada por los cárteles en los municipios de la frontera de nuestro Estado. De nuestra Diócesis hay dos municipios: Frontera Comalapa y Chicomuselo.

Así como el avance de la violencia causada por los cárteles hacia otros municipios como Comitán de Domínguez, Maravilla Tenejapa, el Parral, Berriozábal, Ocozocoautla, entre otros municipios.

Específicamente en su región, se han documentado intimidaciones, amenazas a familias y comerciantes, venta al por menor de drogas y, lo más preocupante, el uso de los niños para la venta de droga dentro de las escuelas.

Los feminicidios son una constante, uno de ellos fue el de una señora encontrada a un costado de la carretera en el tramo Simojovel – el Bosque, muy cerca de la capilla de San Antonio. Otro hecho ocurrió en el mes de noviembre pasado en el barrio “La Esperanza”; donde existen varias cantinas.

En el municipio continúan los disparos de armas de fuego dentro del pueblo. Y el aumento de cantinas que no solo venden alcohol también drogas y prostitución de niñas entre 14 y 16 años en diferentes barrios.

Por todo lo anterior, el pueblo creyente denunció la falta de compromiso de las autoridades estatales y federales para promover acciones encaminadas a la contención de la violencia y garantizar la seguridad social de las familias de los pueblos.

Denunciaron que de nada sirven las mesas de seguridad realizadas a nivel estatal y regional, ya que no han llevado a las autoridades a actuar ante la inseguridad que viven: “tienen mucha información de la situación de violencia social pero no actúan”.

Visibilizaron el nulo compromiso de las autoridades municipales ante el desorden social que vive su pueblo. Así como el abandono de las autoridades aunado a la complicidad con cantineros y traficantes.

Condenaron enérgicamente los asesinatos y la violencia ejercida contra las mujeres en nuestro pueblo. Y exigieron a las autoridades la protección de las mujeres y a los niños ante la violencia por causa de género y la utilización de los menores en el comercio de drogas en las escuelas.