Casi 7 de cada 10 migrantes correrían peligro si fueran devueltos a su país

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) publicó el Reporte de Monitoreo de Protección en México 2023 “El Impacto del Desplazamiento forzado en la movilidad humana”, un documento sobre las necesidades de protección de la población en movilidad en Chiapas y México.

En 2023, ACNUR y organizaciones de la sociedad civil realizaron 6,387 entrevistas que recogieron información de 15,000 personas de distintas nacionalidades en Tapachula, Suchiate, Tenosique, Villahermosa (región sur); Ciudad Acuña, Ciudad Juárez, Matamoros, Mexicali, Monterrey, Nogales, Piedras Negras, Reynosa, Saltillo y Tijuana (región norte) y Ciudad de México, Aguascalientes, Guadalajara, Querétaro, Celaya, León, Irapuato y San Luis Potosí (región centro).

Poco más de la mitad de las personas encuestadas (51%) señaló la violencia, la inseguridad y las amenazas como causas principales por las que han abandonado su país de origen. Más de la mitad de las mujeres mencionó haber sido víctima de violencia y amenazas directas como principal causa de huida.

Por nacionalidad, 71% de las personas haitianas señaló como causa de salida el temor por la situación general de violencia; 69% de las personas hondureñas refirió haber sido víctima de violencia, amenazas e intimidación y 51% de las personas venezolanas mencionó la violencia, inseguridad, amenazas e inseguridad como causas de salida. 67% de las personas colombianas, 64% de las ecuatorianas y 55% de las nicaragüenses refirieron la violencia, la inseguridad y las amenazas como principales causas de salida.

Este dato refuerza la posibilidad de que la mayoría de las personas que ingresan a México de manera irregular podrían tener necesidades de protección internacional, por tanto, se debe fortalecer los sistemas de asilo y procedimientos justos y eficientes, consideró ACNUR.

El Alto Comisionado desarrolló que el 66% de las personas encuestadas refirió que su vida, seguridad o libertad correría peligro si fuera devuelta a su país de origen, de las cuales 54% mencionó que enfrentaría amenazas directas.

Por este motivo es importante identificar las necesidades de protección internacional de las personas en movilidad para evitar que sean devueltas a su país. De lo contrario, se estaría violando el principio de no devolución, piedra angular del derecho internacional de las personas refugiadas, consideró.

Además, el 55% de las personas encuestadas viajaba en familias, 22% lo hacía en familias monoparentales.

Una tercera parte de las personas encuestadas tenía necesidades específicas de protección, al ser madres o cuidadoras solas, sobrevivientes de abusos, personas con condiciones médicas crónicas, mujeres embarazadas o lactantes, personas con discapacidad y adultas mayores.

El reporte da cuenta de los riesgos a los que están expuestas las personas para llegar a México y en su tránsito por el país.

Al llegar, una de cada tres familias necesita apoyo de alojamiento y una de cada diez está en riesgo de pernoctar en calle. Una de cada tres personas no tenía ningún documento expedido por autoridades mexicanas, lo que exacerba la vulnerabilidad a correr riesgos de protección como robos, extorsiones y amenazas o intimidación físicas.

De las personas encuestadas, 63% refirió que su país de destino era EEUU, 26% señaló que era México. 72% refirió haber solicitado cita para presentarse en EEUU con la aplicación CBP One.

Entre junio y diciembre se detectaron 139 casos (207 personas) de distintas nacionalidades deportadas a México desde EEUU.

Por tanto, el Alto Comisionado señaló el funcionamiento del monitoreo como un documento con la recopilación, verificación y análisis de información de manera sistemática y regular para identificar violaciones a derechos y riesgos de protección para las personas en movilidad e informar respuestas efectivas.