Registro de 16 personas desaparecidas en Chihuahua es eliminado del nuevo censo de búsqueda

Registro de 16 personas desaparecidas en Chihuahua es eliminado del nuevo censo de búsqueda
Foto: La Verdad

*Esta nota fue realizada por La Verdad, parte de la alianza de medios de la Red de Periodistas de a Pie. Aquí puedes leer la original.

“Si hay personas que no están ahí, pues eso nos dice que no es confiable la base de datos que tenemos”: Silvia Méndez, directora del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte

POR VERÓNICA MARTÍNEZ / LA VERDAD

Ciudad Juárez– A Darío Alexis Nava Nava su familia lo busca desde el 9 de enero del 2020, tenía 17 años cuando desapareció. A Manuel Alberto Leyva lo vieron por última vez el 2 de junio del 2021.

Ellos son dos de los 16 casos de personas desaparecidas en Ciudad Juárez y otras regiones del estado de Chihuahua que hasta ahora se ubican como excluidos del censo de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada.

Otros 12 casos aparecen catalogados como “se busca reportante” y tres como “se requieren datos de identidad”.

La información de otros cuatro casos ha sido reservada por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y el reportante.

“Si hay personas que no están ahí (en el nuevo censo), pues eso nos dice que no es confiable la base de datos que tenemos”, dijo Silvia Méndez, directora del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (CDHPN), cuestionada sobre las fallas del recién censo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, del que se excluye a varios casos que su organización acompaña en la búsqueda.

^{Familiares de personas desaparecidas reunidas en la Catedral de Ciudad Juárez, durante una misa especial para víctimas de feminicidio y desaparición forzada. 03 de febrero 2024. Fotografía: Verónica Martínez / La Verdad}

Otro caso desaparecido del nuevo censo es el de Esmeralda Castillo Rincón a quién su papá, José Luis Castillo, y su mamá, Martha Alicia Rincón, buscan desde 2009.

“Nosotros hemos estado revisando las listas y en efecto aparece Esmeralda Castillo, pero no aparece Esmeralda Castillo Rincón, cuando cuestionamos porque se había borrado a Esmeralda, nos dijeron que porque había una persona que durante la pandemia se vacunó bajo el nombre de Esmeralda Castillo Rincón”, mencionó José Luis.

En la base de datos del censo de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada aparece un caso en el estado de Chihuahua bajo el nombre de Esmeralda Castillo con información reservada y bajo la categoría “con indicios”. No le queda claro a José Luis lo que esta categoría significa, si se trata del caso de su hija y si pudiera haber avances.

“Cuando me dicen que ya está ubicada pero no está localizada entonces para mi sigue desaparecida. No la pueden borrar del censo. Eso nos conlleva a tener un enfrentamiento con las autoridades, de no aparecer y no estar en las listas no las buscan”, dijo.

El caso de Esmeralda tampoco aparece en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) de la Secretaría de Gobernación.

Además de Castillo Rincón, no aparece también el registro de otras 15 personas desaparecidas, entre hombres y mujeres.

Desde que se dio a conocer la realización de este censo, activistas y miembros de colectivos de familias señalaron haber desconfiado de este nuevo padrón preocupados de que se manipularan las cifras de casos de personas desaparecidas en México.

El programa de búsqueda para generar el más reciente padrón de personas desaparecidas consistió de visitas a hogares de familiares y búsquedas vía telefónica preguntando si ya se había localizado a la persona que buscaban. Muchos consideraron este método revictimizante.

En el caso de Esmeralda, su papá considera que no encontrar su nombre en el nuevo padrón de personas desaparecidas ha sido como una segunda desaparición de su hija.

“Hay familiares que tienen hombres y mujeres que no aparecen en el nuevo censo. Entonces es sumamente doloroso porque las familias dicen que los están desapareciendo aún desaparecidos”, dijo Alejandro Durán, integrante del colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia.

“Si no se investiga teniendo los datos, no estando en este padrón pues menos. Lo otro es que no era necesario volver a ver lo del padrón, era necesario profundizar en la investigación de esos números”, agregó.

La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, dio a conocer en diciembre del 2023 que como resultado del cruce de datos y la realización del censo casa por casa 34 mil 524 personas habían sido consideradas localizadas o ubicadas. Esta es una reducción del 31 por ciento de los 110 mil 964 casos que se tenían registrados hasta agosto del 2023.

Actualmente el RNPDNO de la Secretaría de Gobernación reporta 114 mil 803 personas desaparecidas y no localizadas hasta el 12 de febrero de este año. En el estado de Chihuahua se consideran a 3 mil 657 personas bajo esta condición.

“Lo importante del censo no es que aparezca o no aparezca Esmeralda. Lo que pasa es que hay miles de personas que han sido borradas del censo y con eso bajan las cifras de desapariciones”, dijo José Luis sobre el caso de su hija.

“Lo grave es que al desaparecer del censo ya no hay autoridades que las están buscando o investigando que pasó con ellas”, afirmó.

CONFUSIÓN EN LA CATEGORIZACIÓN

Silvia Méndez, directora del CDHPN, mencionó que desde la Comisión Nacional de Búsqueda les contactaron pidiendo el listado de casos de personas desaparecidas que ellos acompañan. Aun así, 13 de 28 casos que acompañan no aparecen en el censo y ocho son catalogados como “se busca reportante”.

Para Méndez, y otros activistas contra la desaparición forzada, existe una confusión y desconocimiento de cómo se llegaron a catalogar los casos en el nuevo padrón y denuncian la ilegalidad de esta terminología ya que no está en la Ley General de Víctimas.

“Yo pregunto por qué clasificar de esta manera. La clasificación no es clara ni nos deja convencidos de lo que se está buscando”, dijo Méndez. “Nosotros como equipo hemos batallado para entender esta metodología que están utilizando para determinar el número de personas desaparecidas”.

Más que nada, estas categorías ponen en duda quienes están desaparecidos, dijo Méndez agregando que ya ha llegado a ser una “trampa” utilizada por las fiscalías al categorizar personas como no localizadas en vez de desaparecidas.

“Estas personas pueden ser aquellas que se fueron por su propia voluntad y no sabemos dónde están, pero para nosotros no. Esta es una persona desaparecida. Son personas que la autoridad tiene el deber de buscarlas y encontrarlas. Es como quitar cierta responsabilidad que el Estado tiene”, dijo.

Las categorías utilizadas en el censo son las siguientes:

•    Se requiere información de identidad

•    Se busca reportante

•    Con indicios

•    Denuncia confirmada

En la plataforma del censo se especifica que se incluyen a aquellas personas que han sido ubicadas, pero se requiere más información para una localización, quienes han sido confirmadas como desaparecidas y se les está dando seguimiento a una investigación y aquellos en los que no se cuenta con los datos de la persona que realizó el reporte o se tratan de denuncias anónimas por lo que no se les puede confirmar como localizada o desaparecida.

El Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer (CEDIMAC) acompaña a siete casos de mujeres desaparecidas en Ciudad Juárez. Dos de estos casos no aparecen en el censo más reciente y una de ellas tampoco aparece en el RNPDNO, asegura Ivonne Mendoza, directora del centro.

Sólo uno de los casos acompañados por CEDIMAC lleva la categoría de denuncia confirmada mientras los cuatro casos restantes son categorizados como se busca reportante.

La categorización de los casos no es clara y no brinda información sobre la gran mayoría de los casos dejando a familiares en la incertidumbre de si las autoridades buscan a sus familiares, dijo Mendoza. Han contactado a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas para aclarar estas dudas y cuestionar la omisión de los dos casos.

“Todas estas preguntas lo que confirma es que no se tomó en cuenta a los colectivos de familias ni a las organizaciones que les acompañamos para estar en el mismo canal y saber de que se trata, porque se puso cada categoría, que sentido tiene”, dijo. “Nos queda en duda si cada categoría sirve para dar certeza o sencillamente es algo que se maneja para tener un impacto en el número de desapariciones”.

Mendoza también comparte que inicialmente los siete casos que CEDIMAC acompaña aparecían en el registro, pero fue tras una revisión en el mes de febrero que se dieron cuenta que dos casos habían sido borrados.

La activista Judith Galarza también notó inconsistencias similares en el registro compartiendo que inicialmente el nombre de Alicia De los Ríos Merino, desaparecida durante el periodo de la Guerra Sucia, no figuraba. Su nombre ya aparece, pero solo después de que su hija, que comparte el mismo nombre, contactara a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

UN DESPLIEGUE DE RECURSOS Y REVICTIMIZANTE

Alejandro Durán, del colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia, ha buscado a su hermano César Gonzalo Durán Calderón desaparecido desde el 2011. Mientras su nombre sí aparece en el censo, la información no especifica la fecha de los hechos en que desapareció.

Representando al colectivo, Durán dijo que el proceso del censo fue revictimizante especialmente porque muchas de las madres buscadoras y otros familiares se han hecho visibles denunciando la falta de responsabilidad del Estado en hacer las debidas diligencias para encontrar a las víctimas de desaparición.

“Han ido a las casas a preguntar si ya encontraron a sus hijos y es sumamente doloroso porque las madres preguntan quiénes son y les dicen que son del gobierno”, compartió. “¿Entonces el gobierno me pregunta si ya encontraron a mi hijo? Eso significa que no lo están buscando”.

Otro factor que puede influenciar la categoría “se busca reportante”, en la que se asegura no haber logrado contactar a la persona que puso el reporte de desaparición, es que muchas de las personas que buscan a sus desaparecidos ya fallecieron. Esto preocupa al colectivo pues temen que sin la corroboración miles de casos podrían ser descartados bajando aún más las cifras, dijo Durán.

Rosa María Hernández Díaz ha denunciado por más de 12 años la desaparición de su hija Diana Rocío Ramírez Hernández, pero asegura que no la buscaron para confirmar la información sobre su hija en el censo de personas desaparecidas.

El nombre de Diana aparece en el listado bajo la categoría de “se busca reportante”. Hernández Díaz menciona que ella se enteró de este nuevo censo a través de una compañera del colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia.

“Que salga su nombre no es suficiente. Es un avance que salga como para todas las que estamos buscando, pero hace falta más movimiento y que las autoridades hagan su trabajo y colaboraciones a nivel nacional. Sabemos que muchas de nuestras hijas no están en Ciudad Juárez”, dijo.

La familia llevaba ya dos años sin alguna actualización sobre la investigación de la desaparición de Diana. Fue hasta diciembre del 2023 que le informaron que empezaban a retomar los casos y que habría un nuevo grupo de titulares en el Ministerio Público colaborando en estas indagatorias.

“Lo que más miedo me da es que me digan que ella ya no está. Yo mantengo la esperanza”.

Muchos de los colectivos y organizaciones que acompañan a familias con desaparecidos hacen el trabajo de interponer denuncias, tanto en las comisiones locales como nacionales, y han aportado toda la información posible, menciona Méndez del CDHPN. En ese sentido considera que no fue más que un despliegue de recursos.

“Corroborar los datos sí beneficia, pero yo creo que aquí el problema que se ha suscitado es que no arroja datos claros esta metodología que ha utilizado el gobierno federal”, afirmó.

Para Durán, estos recursos debieron concentrarse en profundizar en las investigaciones de personas desaparecidas y asegura que siendo parte del colectivo hay familiares que han buscado a sus desaparecidos por más de 10 años y otros que se suman a las búsquedas hace pocos meses.

“A lo largo de todos los años no han cesado las desapariciones y todos los gobiernos tienen una deuda con las familias”, dijo Durán. “Si la familia deja de proveer información porque ya no tienen más se cierra la carpeta, se archiva o simplemente no hay seguimiento. La gran deuda con las familias está en la investigación”.