Nadie impide las balaceras, por eso huyen; denuncian iglesias

 Foto: Ángeles Mariscal

Iglesias por la paz (IPP), movimiento ecuménico e interreligioso, se pronunció y elevó sus plegarias en estos momentos de incertidumbre frente a la ola de violencia y extorsiones que se vive en Chiapas provocados por grupos del crimen organizado.

En especial, con los municipios de: Chicomuselo, Siltepec, El Porvenir, Bella Vista, Bejucal de Ocampo, Mazapa de Madero y Amatenango de la Frontera.

El movimiento consideró el sufrimiento en su propio cuerpo de las consecuencias de las muertes, dolor, desplazamientos, destrucción y pérdida del hogar, cierre de templos, además del aumento incalculable del costo de la vida y la disolución de la paz.

Además, se solidarizaron con la Asociación de Pastores Evangélicos de Tapachula que denuncian el cierre de más de 100 templos en la región Sierra del estado.

El movimiento se sumó al clamor del obispo de San Cristóbal de las Casas, Rodrigo Martínez quien hace un llamado al gobierno municipal encabezado por Mariano Díaz Ochoa, para que atiendan la inseguridad que ha ido en incremento en el municipio, y para que haya justicia, paz y estabilidad social en todo el estado de Chiapas.

Por tanto, la organización religiosa demandó cumplan las responsabilidades constitucionales de las autoridades correspondientes para solucionar de raíz la violencia e inseguridad que sufren las comunidades, ya que miles de personas han tenido que abandonar sus hogares.

Hacemos un llamado a los poderes estatales y federales para que las fuerzas armadas garanticen los derechos humanos de la población ya que ante la inseguridad en la región la omisión del Estado mexicano ha provocado desplazamientos forzados, muertes y temor en los chiapanecos, externó.

Iglesias por la Paz reiteró que la omisión del Estado mexicano es lo que permea.

Nadie impide las balaceras, las amenazas, las extorsiones, el hostigamiento permanente ni la muerte por parte del crimen organizado. Por eso huyen. Por tanto es una exigencia de las comunidades afectadas hacia las autoridades, que garanticen las condiciones de seguridad para que los habitantes de muchas de las regiones de Chiapas puedan vivir en paz, finalizaron.