Crisis, colusión y desconfianza, ubican organizaciones ante la violencia en la frontera

Existe una crisis humanitaria propiciada por los diferentes mecanismos de control que recaen sobre la población por parte de la delincuencia organizada, en donde se vulneran derechos básicos y servicios fundamentales para la subsistencia, fue la conclusión de diferentes organizaciones de la sociedad civil frente a los últimos hechos de violencia ocurridos en diferentes regiones de la entidad.

El Colectivo de Monitoreo – Frontera Sur, la Mesa de Coordinación Transfronteriza Migraciones y Género Guatemala – México (MTMG) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todos, Todas y Todes” (Red TDT) presentaron el informe “Asedio a la vida cotidiana, terror para el control del territorio y graves violaciones a los derechos humanos. Informe de organizaciones de la sociedad civil sobre la violencia en la región frontera de Chiapas”.

En dicho documento, se ubicaron múltiples violencias que impactan a la población, su integridad y formas de vida en los municipios de La Trinitaria, Frontera Comalapa, Chicomuselo, Siltepec, Honduras de la Sierra, Motozintla, Mazapa de Madero, El Porvenir, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Amatenango de la Frontera y Bella Vista.

El informe describe las estrategias de disputa entre grupos criminales para el control del territorio, de las actividades económicas, vida cotidiana e instituciones sociales, así como las acciones de terror que someten a la población y generan una zona silenciada en medio de una profunda omisión y aquiescencia de las autoridades de todos los niveles de gobierno.

Dicha violencia se refleja en la crisis de desplazamiento forzado interno que entre junio de 2021 a la fecha ha generado que más de 10 mil personas huyan de sus hogares para salvar su vida.

Los organismos señalan que la población tiene una percepción de colusión de las instituciones con grupos delincuenciales, lo que alimenta un ambiente de desconfianza e inseguridad que fragmenta el tejido social, aunado al reclutamiento forzado o extorsiones en favor de alguno de los bandos en disputa, así como la explotación sexual de mujeres tanto locales como migrantes y la vulnerabilidad a la que se enfrentan las infancias.

Ubicaron la frecuencia de corte de suministros como gasolina, gas, luz eléctrica o servicio de compañías telefónicas, lo que mantiene a la población incomunicada.

Por tanto, consideraron alarmante la realidad de un contexto de pocas oportunidades económicas y pobreza. Así como fenómenos como las ejecuciones, desapariciones, tortura, amenazas y desplazamiento forzado interno, los cuales mantienen a la población de la frontera del estado de Chiapas en una alerta permanente que se complejiza cada vez más.

Las redes de organizaciones de derechos humanos manifiestan que las acciones estatales son limitadas y hacen un llamado a las autoridades del Estado Mexicano a activar los medios para atender la violencia, crisis humanitaria y reconocer el conflicto armado que se vive en la región, con el fin de que se pongan en marcha mecanismos necesarios para restituir la paz en el territorio y entre la población.