“Les tiraron Granada en la orilla del barrio para que la gente se ingresara con ellos, pero de igual manera no quiso la gente no quiso la gente este entrar con ellos”.

Algunos salen a pie, porque el transporte público es controlado por los cárteles de la droga; otros lograron conseguir vehículos donde cargar sus pertenencias. Dejaron casas, animales, algunos de sus negocios de toda la vida. Saben que no hay retorno, o al menos no ahora. Una vez que se van, sus casas son saqueadas y ocupadas. Lo que les importa ahora es sobrevivir.

Este 2024 se incrementó la violencia contra la población atrapada en la guerra entre cárteles de la droga y las embestidas del Ejército Mexicano que, acusan pobladores, es parcial a favor de uno de los grupos del crimen.

En los municipios de la zona sierra-fronteriza la única salida que han tenido es abandonar sus hogares.

 El 4 de enero lo hicieron habitantes de las comunidades Nueva Morelia, San Antonio Ocotal, 20 de Noviembre, Galicia, Piedra Labrada, Unión Buena Vista, Sabinal, Miguel Alemán, Barrio Regadío, Barrio Limonar, La Pinta, Las Flores, La Amargura, Ojo de Agua, Cinco de Mayo, Primero de Mayo, Plan de Ayala, San Antonio, Las Brisas, El Rosario, San Nicolás, entre otras de Chicomuselo.

“Es un éxodo tremendo”, lo califica un sacerdote de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, una de las pocas organizaciones que ha hecho pública la situación por la que están pasando sus feligreses.

Documentar el éxodo es prácticamente imposible. Chicomuselo es uno de los municipios donde desde hace más de dos años los carteles de Sinaloa (CDS) y Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantienen enfrentamientos por la posesión de las rutas de tráfico de droga, de personas, y ahora por la explotación ilegal de minas. Para llegar al lugar hay dos vías, una por la sierra de Motozintla, y otra por Frontera Comalapa; en todos estos lugares hay retenes de estos grupos y, en momento más álgidos, como el actual, enfrentamientos armados.

Todos salen en medio del silencio que genera el miedo; “les arrebataron hasta la palabra”, me dice una amiga que tiene familiares en la zona de la sierra-fronteriza. Me explica del trauma social que está generando la violencia en Chiapas, un proceso que ya ha sido documentado en países como Colombia y Chile, donde la población ha vivido en contextos de violencia armada y represión social, incluida la desaparición de personas, y donde las personas ni siquiera puede nombrar lo que le sucede, por temor a las represalias.

Juan es uno de los pocos que decidieron contar lo que está sucediendo. Pide que se difunda su testimonio, pero que su voz sea distorsionada. Escucho y pienso que su voz es parecida a la de miles de personas, que sería muy difícil identificarla. Pero tiene miedo, argumenta que muchas personas que conoce “ya están con los grupos (cárteles)”, sometidos también por el miedo y como estrategia de sobrevivencia.

En esta zona poco a poco también se va generando la desconfianza que paraliza y va obstaculizando el establecer vínculos de solidaridad y resistencia.

“Lo que llegó a suceder en el ejido Nueva Morelia  -un ejido céntrico de la zona sierra-, pues sucedió por las amenazas que llegaron a ser la en los primeros días que subieron esta estos lo de la delincuencia del MAIZ (brazo armado del CJNG). Llegaron al ejido San Antonio Ocotal amenazando, agarraron al comisariado y lo llevaron a la comisaría, pues forzadamente se lo llevaron y querían que todos los habitantes del ejido entraran con ellos, que se hicieran ya al lado del MAIZ, pero ellos no quisieron se corrieron los hombres”, explica.

“El Comisariado se quedó en su casa, por eso ahí lo alcanzaron a agarrar y se lo llevaron y lo condicionaron diciendo que levantara una lista de los que iban a entrar con ellos, y los que no iban a entrar”, detalla Juan.

Las listas de habitantes de la región se han convertido en un arma. Uno y otro cartel tienen esas listas que han obtenido mediante amenazas a autoridades ejidales y al personal de las pocas clínicas de campo donde tienen registrados los nacimientos. También han extraído las actas de bautizos de algunas iglesias.

Quienes se niegan a entregarlas son asesinados o desaparecidos. En la región ya hay más de una docena de autoridades ejidales desaparecidas.

“Un día, fue el sábado (30 de diciembre) que llegaron (hombres armados integrantes del CJNG). Y el día lunes (querían) que esa lista lo fuera dejar el comisariado, o lo iban a ir a traer ellos para poder identificar la gente que estaba con ellos. Y los que no estaban con ellos (con el Cártel) ya no los iban a dejar entrar al municipio. Si los miraban entrar al municipio claramente les dijeron que ya no iban a regresar, los iban a matar”.

El poblador detalla que “en el mismo día volvieron a llegar al ejido 20 de Noviembre. Los amenazaron, casi no participó la mayoría (sólo) una parte (de la población del lugar), pero esa parte dijeron claro que ellos no querían nada, y que hicieran favor de regresar (…). Ahí les tiraron unas granadas afuera del ejido y dispararon para que la gente tuviera miedo, tuviera temor y dijera que se iban a entrar con ellos, pero la gente no, no quiso entrar.”

Relata que “la misma desesperación de la gente (por) el miedo y todo, tuvieron que irse, dejando sus casas, sus familias, porque los amenazaban de muerte. Entonces de repente se da este enfrentamiento (entre el CJNG y el CDS). Entonces la gente emigró, se fue, desalojó sus casas, dejaron abandonadas sus casas porque los amenazaron a muerte”.

De ese enfrentamiento, pobladores que permanecen en el municipio dieron testimonio de que más de 20 personas murieron. Entre los cuerpos que vieron y que fueron dejados bajo el domo de una de las comunidades, antes de enterrarlos en una fosa clandestina, explican que dos de ellos eran jóvenes de la zona.

Explicaron que sus familias los reconocieron, pero no se atrevieron a reclamar sus cuerpos por temor a que los acusaran de ser parte de uno de los cárteles.

Una semana después, el día 15 de enero, en la región ubicada al norte de la cabecera municipal de Chicomuselo, casi colindante con la presa La Angostura (que es utilizada en la ruta del tráfico), se suscitó un nuevo enfrentamiento entre los dos cárteles. Fue alrededor de las 9 de la noche.

Al amanecer del día 16, destacamentos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional llegaron a la comunidad Nueva América. La población de la zona identificó que detrás de los uniformados iban integrantes de la organización MAIZ, considerado uno de los brazos armados del CJNG. Por ello, trataron de impedirles el paso.

Uno de los pobladores les dijo que ellos no querían violencia, que ellos no estaban con ningún grupo. La respuesta de los militares fue acusarlos de “cobardes”, de tener miedo “a dos o tres que están armados”, de amenazarlos, lanzarles gases lacrimógenos, y entrar por la fuerza. De ello da cuenta el video que grabaron los pobladores.

“Hoy martes 16 de enero como a las 11 o 10 de la mañana llegaron del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional a querer entrar a la fuerza al ejido de Nueva América (…) el ejército aventó piedras, aventaron piedras mucho gas lacrimógeno. Llevaban barretas desbarataron las líneas de los señores campesinos y  la gente pues ya no aguantó. Nada más queríamos el diálogo, incluso se dialogó, pero no no quisieron entender y dijeron que iban a pasar queríamos o no, y pasaron”.

Los pobladores que aún permanecían en la zona, huyeron. Algunos cargaron a los enfermos, a las y los ancianos. Desde meses antes la población más joven, la que está siendo amenazada con ser reclutada a la fuerza, había abandonado sus hogares.

“Se huyeron los niños, la gente enferma la sacaron en carretillas. Se huyeron para las montañas, para la presa. Pero el otro problema es que ahí están estancados, nadie los pasa, los lancheros se corrieron. Entonces es un caos aquí en la orilla de la presa. Está muy feo, quedaron cerradas las casas, todo quedó cerrado, abandonado. Abandonando sus animales, sus animalitos de corral, ganado, caballos, sus autos. Ya no lo pudieron pasar para cualquier lado”, explica uno de los testimonios.

En un comunicado posterior que redactaron con ayuda de organizaciones humanitarias, explican que este 16 de enero a las poblaciones desplazadas se sumaron habitantes de Nueva América, Corona del Rosal, Benito Juárez, de Chicomuselo; también de Chejel y Puerto Rico del municipio de Socoltenango; y Nuevo Resplandor del municipio de la Concordia.

“Se encuentran huyendo por ingreso de las fuerzas armadas, Ejército y Guardia Nacional quienes se están violentando contra la sociedad civil que resguarda la vida de sus comunidades”.

La población ahora ya no solo trata de escapar de los cárteles de la droga, sino de las fuerzas de seguridad del estado que los criminalizan y agreden.

“La gente de estos ejidos que evitaban el paso al ejército y Guardia Nacional, pidieron el diálogo con las fuerzas armadas para explicarles porque habían cercado, pero estos se resisten a dialogar y se violentaron contra ellos. La población señala que por qué no resguardan los lugares donde se encuentran los grupos criminales y liberan las carreteras que mantienen bloqueadas desde hace más de dos años. Pero sí entran a las comunidades donde la gente está organizada para cuidar sus ejidos”.