Caso Antonio González; 25 años de la estrategia paramilitar contra el EZLN

*El caso versa sobre la presunta responsabilidad internacional de México por la desaparición de González Méndez, el 18 de enero de 1999.

Redacción por Leonardo Montoya

En el marco de los 25 años de la desaparición forzada de Antonio González Méndez, quien perteneciera al pueblo  Cho’l, originario de la comunidad «El Calvario» e integrante de las bases civiles del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), su hija Magdalena González, exigió justicia por él.

González Méndez tenía 32 años en ese entonces, trabajaba como encargado de la tienda cooperativa “Arroyo Frío”, propiedad de su comunidad y cuyos integrantes eran considerados simpatizantes del EZLN.

El 18 de enero de 1999, alrededor de la medianoche, salió de su domicilio junto a Juan Regino López Leoporto, -a quien señalan de ser integrante de Desarrollo, Paz y Justicia, un grupo paramilitar que operaba en la zona norte de Chiapas- en dirección al río Sabanilla; donde éste último le vendería un arma de fuego y municiones.

Previo a su salida, le habría indicado a su esposa que regresaría cerca de la una de la mañana y que se mantuviera despierta para abrirle la puerta. Sin embargo, su esposa aún deja sin llave su puerta.

Se debate que la desaparición no habría sido un hecho aislado, sino que formaba parte de un contexto de operaciones llevadas a cabo por grupos armados paramilitares que operaban en Chiapas desde 1995, derivado de un plan estatal que buscaría romper la relación de apoyo entre la sociedad civil y el EZLN.

Ficha de búsqueda de Antonio González Méndez.

En el informe de fondo proporcionado por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) que, el 10 de agosto de 2000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió una petición presentada por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas A. C. (Frayba).

En dicha petición se alega la responsabilidad internacional de México por la presunta desaparición forzada de González Méndez y la posterior falta de investigación de los hechos en perjuicio de éste, su esposa Sonia López Juárez y sus cuatro hijos, Ana González López, Magdalena González López, Gerardo González López y Elma Talía González López.

La parte peticionaria alega que López pertenecía a uno de los principales grupos paramilitares activos en Chiapas desde 1995, y al que se le imputaba la autoría de múltiples crímenes en contra de individuos y comunidades simpatizantes del EZLN.

Indica que la aquiescencia, tolerancia y complicidad del Estado mexicano con Paz y Justicia se manifestaba en apoyo logístico, entrenamiento militar, actuaciones conjuntas, facilidades en el transporte de armas, detención de opositores y hasta ayuda económica directa.

Además, de la falta de adopción de medidas para prevenir y sancionar las violaciones de derechos humanos, a pesar de su conocimiento por parte del Estado.

En ese momento, López Leoporto tenía 17 años, por lo que fue puesto a disposición del Consejo de Menores Infractores del Estado de Chiapas, iniciando otro procedimiento en su contra como presunto responsable de la privación ilegal de libertad de González Méndez.

A la fecha, la familia y el Frayba siguen pendientes de la sentencia de la CoIDH. Cortesía: Frayba

El 26 de marzo de 1999, López Leoporto fue puesto en libertad en la forma de arraigo familiar tras el pago de una caución y el 10 de marzo de 2000, fue absuelto de manera definitiva.

Por otro lado, el 22 de enero de 2022, la CIDH presentó el caso González Méndez contra México, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) sobre su responsabilidad internacional frente a la falta de investigación, identificación de los responsables, juzgamiento y sanción de la desaparición forzada.

En junio de 2023, se celebró la audiencia del caso ante la Corte Interamericana, en donde se exigió al Estado que reconozca su responsabilidad plena y completa en la desaparición del base de apoyo zapatista a manos de un grupo que solo pudo operar en Chiapas gracias a la complicidad activa del Estado.

Ya que, Paz y Justicia fungía como uno de los brazos armados del Estado mexicano en su intento de reprimir a movimientos sociales de Chiapas, esto tras el alzamiento del movimiento zapatista.

A la fecha, la familia y el Frayba siguen pendientes de la sentencia de la CoIDH, con la esperanza de que sea una forma de obligar al Estado mexicano a asumir su responsabilidad histórica ante un crimen de Estado que tuvo repercusiones mucho más allá de la zona norte de Chiapas, donde radicaba el indígena ch’ol.

Además, la sentencia debe establecer elementos importantes de la verdad sobre este episodio de la historia, además de obligar al Estado a reparar de manera integral a la familia de González Méndez y a todas las víctimas de su política criminal.

Antonio González Méndez. Cortesía: Frayba